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Por los caminos de sur

Por José Aureliano Buendía

Calificado por los asistentes como un día histórico, el 31 de enero se realizó la primera asamblea comunitaria del Tribunal Popular en El Mesón, Municipio de Ayutla de los Libres. En ella se presentarían a 54 detenidos por los grupos de autodefensa que desde el 6 de enero irrumpieron en las regiones de la costa chica y centro del estado de Guerrero. Algunos apacibles, otros desconcertados; los detenidos se presentaron ante la mirada de los 69 representantes comunitarios quienes, junto al resto de los asistentes, sumaban más de mil personas en torno a la asamblea. La edad de los resguardados oscila entre los 16 y 50 años de edad, entre ellos tres menores y cuatro son mujeres. Salvo un par de personas del Distrito Federal y el Estado de México, todos son originarios del estado.

Los delitos imputados, en su gran mayoría, tienen que ver con el secuestro, extorsión o pertenencia a bandas locales del crimen organizado. Algunos fueron señalados como halcones y colaboradores del líder de la plaza de Ayutla, El Cholo, cuyo padre, madre, dos hermanos y su pareja sentimental están detenidos. Entre los presentados se encontraban: José Miguel Rebolledo, por consumo de drogas y tener cuatro plantas de mariguana en su casa; David Guerrero, de 39 años, acusado de secuestro y por descuartizar a sus víctimas. Hay quienes son señalados por asesinato, violación o robo. Destaca la detención de Rafael y Agustín Vargas Jijón, Osiel Vargas Chávez y Armando Vargas Carrillo, acusados por el secuestro del comisario Eusebio Alberto García, quien minutos antes dio testimonio de los hechos perpetrados en su contra.

Entre los asistentes se encontraban policías comunitarios y comisarios mandatados por la asamblea de sus comunidades; comisariados comunales y ejidales; delegados municipales; directores de escuelas; estudiantes de la Universidad de los Pueblos del del Sur (UNISUR); y representantes parroquiales. Así como familiares de los resguardados y las víctimas. Al final se pudo ver al senador Sofío Ramírez quien fue tratado como uno más de los asistentes.

Por los caminos del sur

A lo largo de la carretera federal 95, desde Chilpancingo y principalmente en el tramo que va de Tierra Caliente hacia Ayutla, pueden verse los retenes que militares y federales mantienen desde el día 22 de Enero, fecha en la que el operativo “Guerrero Seguro” comienza a reforzar la zona. Sin embargo, las camionetas repletas de hombres armados con rifles forman ya parte del paisaje en la costa chica desde los primeros días del año.

A bordo de una camioneta de redilas, viajamos desde Tecoanapa hasta la comunidad de El Mesón, acompañados por una decena de hombres armados y encapuchados, quienes en un principio se habían negado a llevarnos con ellos por estar ‘en servicio’. A los pocos minutos regresaron al lugar donde desayunábamos para rectificar e invitarnos a subir.

El silencio se rompió cuando vimos pasar a un convoy militar frente a nosotros, entonces uno de los hombres nos dijo: “Esos son marinos. Llegaron cuando ya estaba todo tranquilo. Antes, a diario habían muertos y nadie hacia nada, por eso nos levantamos”. Otro de ellos replicó: “nosotros andamos aquí arriesgando la vida, nomás pa’ que las familias duerman tranquilas. Sin recibir un peso a cambio”.

Previamente, un hombre mayor que viajaba a nuestro lado en una camioneta del transporte público desde la comunidad de Las Mesas -quien al parecer iba a trabajar al campo- nos contaba que hacía meses “la cosa era ya insoportable, los secuestros y asesinatos se habían vuelto parte de la vida diaria”. Decía que él no confiaba en que los militares fueran a terminar el problema, porque siempre se ponían del lado de los criminales. Y en Guerrero, desde hace mucho, saben que los militares sólo generan más violencia, pero que ahora con los policías comunitarios las cosas iban a ser diferentes, porque eran gentes que la comunidad elegía.

“La causa y el motivo son la delincuencia organizada que atraviesa a nuestro territorio comunitario. Hoy en día nace la comunitaria en nuestra región, ojalá que quede definitivamente en nuestro territorio para que saquen a toda esa chingadera que hacen aquellos señores”. Comenta Carmelo García Narciso, presentado como el Comandante Regional de la Policía Comunitaria.

Con la detención de un miembro de la banda “Los pelones”, el día 16 de Noviembre se desatan las amenazas en contra de los Policías Comunitarios, a quienes incluso ofrecen dinero para liberar al detenido. Acto seguido, es secuestrado el comandante de la comunidad de Bocachauen para realizar un intercambio. “Me llamaron la delincuencia y me anunciaron que estaban al 10 por 1: me agarras uno, te agarro 10. Ellos quisieron medir la fuerza”, explica quien al micrófono hace uso de la palabra. “Fue con la presión de la comunidad que sueltan al comandante de Bocachahuen; sin embargo, a los pocos días es secuestrado otro policía comunitario de Plan de Gatica. El único movimiento de la policía estatal fue por teléfono, por lo que se anuncia que si seguían los secuestros iba a haber limpieza total al municipio de Ayutla y parte de la costa chica.”

El día 5 de enero es levantado el comisario de Rancho Nuevo, por lo cual  se desata un operativo que moviliza a más de mil hombres de la zona, en la región de Ayutla y Tecoanapa. El movimiento civil de autodefensa es encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

“Esto no es llamarada de petate, los comunitarios llegamos pa’ quedarnos, pa’ protegernos. Porque sólo el pueblo es el que va a salvar al pueblo, el pueblo va a poner orden.”

Para terminar, se pide al gobierno que no se preocupe sólo por los detenidos, sino también por las víctimas, aquellos que quedaron huérfanos y las viudas.

El papel del Estado

Ante la conmoción ocasionada por la explosión en Pemex el día 1 de febrero, el Tribunal Popular fue sólo noticia de interiores en los diarios nacionales. Asimismo, el gobernador Ángel Aguirre no perdió ocasión para presentar con bombos y platillos a la ‘Comisión Para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas’, a la que fue asignado Jaime Martínez Veloz como representante del gobierno federal. Esta designación, realizada directamente por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, muestra la preocupación de Peña Nieto ante el arribo de este nuevo proceso de autodefensaque surge como respuesta al vacío que el Estado mexicano muestra ante la violencia heredada del sexenio de Felipe Calderón.

Bastante se ha mencionado sobre una propuesta del ejecutivo estatal para integrar a los policías comunitarios como auxiliares del sistema de seguridad del estado, al dotarlos de recursos y salario. Lo anterior excluye la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); la cual opera en la región de la Montaña y costa chica de Guerrero desde hace 17 años, mientras construye un proceso de aceptación entre las comunidades.

Previo a la presentación de los detenidos, Mario Campos, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Tlapa, señala cómo el proceso de impartición de justicia comunitaria no es algo improvisado, no es llamarada de petate: “es resultado de un largo proceso, de muchos años. El pueblo tomó conciencia de que los problemas que lo aquejaban no podían prolongarse de manera indefinida. Este proceso se remonta a 1992, ’93, cuando hay asambleas comunitarias en la región de la costa-montaña. El 14 y 15 de octubre del ’95 nace la policía comunitaria”.

“Hablo de esto porque éste es el antecedente. Pasaron los años y muchos hermanos nuestros de Ayutla hicieron presencia en algunas asambleas de aquella zona. Y últimamente fue la UPOEG, los que construyeron un proceso de organización con presencia en 41 municipios del estado.

…..

Tenemos que ser honestos, las instancias oficiales no han funcionado. El vigor, la fortaleza de la policía comunitaria y de los pueblos, no está en armas sofisticadas, no está en alto presupuesto económico. La fortaleza de los pueblos está en la organización, en su cultura de servicio. Ya vimos cómo en el sexenio anterior, a pesar de tantos muertos, de tanto recurso invertido, no se reestableció el Estado de derecho, no se reestableció el orden. Es lamentable que todavía en nuestros tiempos, el nuevo gobierno federal esté apostando a continuar esta misma estrategia, tiene que considerar nuevas alternativas; los pueblos ya están presentando la suya.”

Por su parte, Raúl Plasencia, ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha cesado de descalificar el proceso de autodefensa, pues señala constantemente su preocupación por que esta experiencia rebase a las instituciones y al mismo Estado. Además de descalificar al tribunal popular por considerar que está “fuera de la ley”, acusa que intentarán “hacer justicia por su propia mano”[i].**

Es necesario que alguien le explique al señor Plascencia que, desde hace mucho, en las regiones de costa chica y la Montaña de Guerrero, en la meseta p’urhépecha y en los altos de Chiapas, así como en gran parte del país, el Estado mexicano ha quedado completamente rebasado. En las regiones señaladas existen sistemas de justicia comunitarios que han logrado hacer frente a la descomposición social propiciada por el mismo Estado mexicano.

Las voces del agravio

Una vez presentados los detenidos, y ya pasado el medio día, el sol castigaba a todos aquellos que le hacían frente en la cancha de basquetbol, sede de la asamblea en la comunidad nu’saavi. Pocos fueron los comunicadores que se quedaron después de cubrir el momento estelar, con el ansia de escuchar la asamblea hasta el final.

Continuó la intervención de una mujer, quien narró la falta de atención por parte de las instituciones de justicia en el estado, lo que la hacía “poner toda la confianza en la policía comunitaria”. Después de ella fue Bruno Plácido Valerio, fundador de la CRAC y actual dirigente de la UPOEG, quien defendió el proceso de impartición de justicia por parte de las comunidades, haciendo hincapié en que el movimiento no se encuentra fuera de la legalidad, pues lo sustenta en el artículo 39 de la constitución”.

Sin embargo, fue la intervención al micrófono de un chico de 12 años lo que haría estremecer a todos los presentes:

“Yo soy un niño de 12 años que ha visto cómo torturan a la gente”. Cubierto del rostro y con voz apenas audible gracias a los altavoces, el niño nos cuenta cómo se ha escapado de la casa de su abuela para ir a Chilpancingo donde: “me sacan por la carretera, hasta una casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó a un compa, no sé qué le debería”

“Como quien dice, me están entrenando para ser un pinche sicario”

Su abuela lo fue a entregar a los policías comunitarios para tratar de alejarlo de un camino que, en México, no todos los niños han sido tan afortunados en librar.

“Apenas que me fui a Chilpancingo, vi cómo mataron gente. Asaltaron un taxi que iba lleno de pasajeros y a todos los mataron. Yo vi como los bajaron y los llevaron casi a la entrada de Chilpancingo, en una casita por el monte. Les empezaron a quitar los dedos de sus manos con un cuchillo largo. Todo lo hicieron pedazos. La cabeza se la quitaron, la echaron en una caja y la envolvieron como regalo.”

Al niño le ofrecieron que llevara la caja “para ganarse una feria”, también le ofrecieron iniciarse en la venta de droga en Chilpancingo.

Momento histórico

Una vez concluida formalmente la primera sesión del Tribunal Popular, se decidió mediante votación, hacer un receso y reanudar una segunda sesión del tribunal el próximo 22 de febrero, en la comunidad de Buenavista. En ella serán presentadas las pruebas que permitan tomar una determinación sobre los detenidos.

Desde los primeros días del levantamiento en Ayutla y Tecoanapa, miembros de la CRAC-PC se han deslindando de estar al frente del movimiento de autodefensa señalado. Desde entonces, se han hecho continuos señalamientos en contra de la UPOEG por parte de miembros de esa organización. Ante este hecho, confiamos en que sea la sabiduría de las comunidades y la madurez de los actores políticos que se han puesto al frente de estos procesos de autodefensa lo que permita superar las diferencias y superar el momento histórico que en el país ha dejado más de 120 mil muertos[ii], más de 13 mil desaparecidos[iii] y 1.6 millones de desplazados[iv]. Es en ese contexto en el que corresponde a los comunicadores independientes seguir de cerca un proceso que, además de ser histórico, podría marcar la pauta en el incierto futuro de nuestro país.


**Para conocer más acerca de las concepciones de seguridad comunitaria e impartición de justicia desde el sentir popular en varias zonas de Guerrero es fundamental revisar el siguiente sitio: http://www.policiacomunitaria.org/ Esta es la propuesta de la Policía Comunitaria sin embargo las otras expresiones de seguridad popular se acercan o comparten estas concepciones. De igual forma proponemos consultar los materiales que hemos desarrolldo acerca de estos temas:

https://vimeo.com/56888029

http://www.agenciasubversiones.org/?tag=crac-pc

[i] Plascencia alerta de autodefensa ciudadana. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/07/plascencia-alerta-autodefensa-ciudadana

[ii] “México, espiral de la barbarie”. Editorial íntegro de Le Monde. Revista Proceso 23 de Agosto de 2012

[iii] Más de 13 mil desaparecidos por la guerra en México. Revista Contralínea 20 de mayo de 2012.

[iv] Desplazados 1.6 millones de mexicanos por guerra contra el crimen organizado. Revista Proceso 28 de Noviembre de 2012

El Agua en Wirikuta – Impacto de la minería en las aguas subterráneas

Este video se ha realizado para socializar la información obtenida en la mesa técnica ambiental del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa, de los estudios que se llevan a cabo por parte de un grupo excelentísimo de investigadores en matarias como: hidrología, geología, ecología, geografía, ingeniería química y minería con el objetivo de demostrar que los proyectos mineros en Wirikuta (la sierra y el bajío) no son posibles su ejecución en la medida que los acuíferos no soportan una actividad minera y pone en riesgo un recurso fundamental, como es el AGUA, en este ecosistema único en el mundo.

Comunicado sobre la toma de la dirección general de CCH-UNAM

A la comunidad universitaria.
A la opinión publica.

En los últimos meses las autoridades han implementado una ofensiva que atenta contra los principios fundamentales de los CCH´s, mediante la propuesta de reforma a los planes y programas de estudio conocida como “Los 12 puntos”.

En respuesta a esto, los estudiantes de los cinco planteles nos hemos organizado para frenar dicha reforma y fomentar la participación activa de la comunidad universitaria en las modificaciones a sus planes de estudio.

Ante esto las autoridades han reaccionado de una manera arbitraria contra los estudiantes organizados:

Obstaculizan la organización estudiantil mediante el sabotaje en las asambleas, por parte del personal de confianza.

Se niegan al dialogo publico con la comunidad.

Existe una coalición entre directivos y grupos porriles, generando confrontación y polarización en la comunidad universitaria, para propiciar un ambiente hostil entre trabajadores, académicos y estudiantes.

Las situaciones mas alarmantes se han presentado en el plantel Naucalpan en el cual las autoridades han utilizado la violencia para reprimir y criminalizar a la organización estudiantil, creando provocaciones hacia los estudiantes, causando conflictos en los cuales, desgraciadamente, los trabajadores han quedado afectados, como fue el caso del viernes 1º de febrero. Sin embargo han tenido el cinismo de culpar a los estudiantes de sus actos de provocación y posteriormente levantaron seis actas de expulsión en contra de algunos de nuestros compañeros. Esto culminó en que el día martes cinco de febrero se suscitaran ataques porriles, al mismo tiempo que directivos y profesores golpearon brutalmente a estudiantes y por si fuera poco, se permitió la entrada de la policía estatal al plantel, violando la autonomía de la universidad.

El día seis de febrero, a trece años de la entrada de la PFP para romper la huelga de 1999, estudiantes de los cinco planteles de CCH, y otros miembros de la comunidad universitaria nos manifestamos en una marcha del parque de la bombilla a la dirección general de los CCH’s en Ciudad Universitaria; los ejes fundamentales de esta marcha fueron:

La violación a la autonomía universitaria.

El rechazo a la propuesta de reforma de los 12 puntos.

Liberación de los presos políticos y cancelación de las sanciones académicas de estudiantes del CCH-Naucalpan.

En repudio a esos hechos tomamos las instalaciones de dirección general de CCH’s.

Hacemos el llamado a la unidad y a la mas amplia solidaridad de la comunidad universitaria, estudiantes, académicos y trabajadores. Los convocamos a asistir a la asamblea el día de hoy jueves 7 de febrero a las 15:00 hrs, en la Dirección General de CCH’s.

NO A LA REFORMA DE LOS 12 PUNTOS
ESTUDIANTES UNIDOS JAMÁS SERÁN VENCIDOS.

Asamblea de CCH’s, facultades y universitarios organizados.

¡Exoneración completa e imediata a los detenido el 1º de Diciembre en Guadalajara!

Coordinadora 1 de Diciembre

Compañeros y compañeras:
El pasado 1 de diciembre de 2012, colectivos, movimientos sociales, ONG’s e individuos, en sentido pacífico y en ejercicio de su derecho al libre tránsito, a la libre expresión y a la manifestación, marcharon en repudio a la imposición del ex candidato priísta, Enrique Peña Nieto. En el punto final de la manifestación, ésta fue reprimida brutal e injustificadamente por las fuerzas policíales del municipio de Guadalajara, capital del Estado de Jalisco. México. Si bien es cierto que las instalaciones de la empresa Televisa Guadalajara fueron dañadas,  ninguno de los hoy procesados es culpable de dicho acto. El gobierno municipal de Guadalajara, el PRI local y la televisora, han reiterado sus intenciones de llevar presos a miembros de los colectivos sin contar con prueba alguna de los cargos que se les imputan.

Actualmente se les han fabricado nuevas acusaciones que podría llevarlo a la cárcel. Desde Guadajalara, Jalisco. Colectivos, individuos y medios libres promovemos esta acción sencilla para comenzar a hacer presión y evitar la consumación de esta injusticia y de esta clara y descarada violación a los derechos humanos.

http://www.avaaz.org/es/petition/Ayuda_a_exonerar_a_los_detenidos_del_1D_en_Guadalajara/
 
Coordinadora 1° de Diciembre
REPRIMIR ES UN DELITO
PROTESTAR ES UN DERECHO
POR LA UNIDAD DE TODAS LAS LUCHAS
Contacto:
coordinadora.1dmx@gmail.com
 Twitter: @Coordinadora1DM
FB Coordinadora IDmx
FB Coordinadora General 1 Diciembre

Ahora el gobierno debe hacer aprobar la ley reglamentaria

Éste texto es tomado de la revista Pluma #21

Peña Nieto ya consiguió que su proyecto educativo esté inserto en la Constitución, luego de que fue aprobado por las Cámaras federales y más de 20 congresos estatales. Pero ahora le viene lo más difícil, que es lograr la aprobación de la ley reglamentaria de la educación, sin la cual los cambios constitucionales no pueden tener mayor aplicación. El Congreso de la Unión tiene seis meses para hacerlo. Y los maestros democráticos tienen ese plazo para impedir este ordenamiento o que se apruebe licuando sus aristas más filosas y neoliberales.

A diferencia de la iniciativa de cambio constitucional que pudo tener un lenguaje en clave que disimuló u ocultó sus propósitos, la ley reglamentaria de Peña Nieto (que pronto será hecha pública) por necesidad será perfectamente clara, lo que podría revelarle a cientos de miles de maestros que su destino profesional y laboral está en peli­gro. Los maestros democráticos de la CNTE tenemos la obligación de ofrecer una alternativa de lucha que entre otros puntos exija:

La derogación de la ley recientemente aprobada y, con ella, del INEE.

La obligación del gobierno federal de financiar completa­mente la educación. La defensa de la plena gratuidad de la edu­cación.

La protección de los derechos laborales de los profesores.

La negativa a que el eje de la educación sean exámenes uni­versales.

La recuperación de una educación científica, socialista y crítica.

La prioridad de contar con una economía que liquide el hambre, la pobreza y que dé empleo a todos los mexicanos.

La estatización sin pago de las cadenas televisivas y de los radios y la decisión pública de sus contenidos informativos, cul­turales y recreativos.

La adopción de una política similar a la del pueblo chino para atender a los niños cuyos padres han debido emigrar en busca de empleo.

La democratización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la expulsión y cárcel para sus líderes corruptos y cómplices del gobierno.

Un Instituto Nacional de Evaluación autoritario y vertical

Por Mario Martínez Cruz

Oaxaca, Oax.- Cuando era candidato Peña Nieto, le preguntaron sobre su proyecto educativo. Contestó, por escrito, que le pagaría más a los buenos maestros.  Y nada más. Pero, ¿qué se propone hacer con aquellos maestros que no sean considerados competentes? La respuesta la dio Peña Nieto ya como presidente, en su ley educativa, ya aprobada por las Cámaras y más de veinte sumisos congresos estatales. Los docentes que sean reprobados por el nuevo Instituto Nacional de Evaluación de la Educación serán despedidos.

La evaluación socialista es distinta a la evaluación neoliberal

A nuestro entender, es correcto que toda actividad humana sea evaluada o balanceada. El balance sirve para detectar los aciertos y errores de una persona o grupo de personas, de sus acciones y proyectos. La evaluación es algo que hacemos todos los días, muchas veces inconcientemente. Si un jugador de futbol no se está desempeñando bien, vemos correcto que se le sustituya por otro. Si tenemos una enfermedad grave, buscamos a un médico que tenga fama de competente, es decir, a uno que ha sido evaluado favorablemente por la sociedad.

Para nosotros, que somos socialistas y que nos basamos en un conjunto de teorías, el balance o evaluación es parte del método científico, que sirve para detectar el grado de corrección y error de nuestras actividades, análisis y proyectos.

Muy diferente es la “evaluación” a los maestros que ha quedado recién impresa en la Constitución mexicana. Ésta es una evaluación neoliberal, vertical y autoritaria.

El INEE servirá para controlar los contenidos educativos

Con la ley recién aprobada se crea el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación –INEE-que estará dirigido por un Consejo nombrado por el presidente. Este instituto será el organismo que calificará a los escolares y a los profesores mediante pruebas y exámenes. Será también el vehículo a través del cual el presidente del país controlará los contenidos educativos. En efecto, lo que el Instituto pregunte en las pruebas será lo deberá ser enseñado por los docentes.  Si para un maestro es importante enseñar valores éticos, cómo razonar para solucionar los problemas que la vida presenta, ciertos pasajes de la historia nacional o la sensibilidad para apreciar un poema, pero para el Instituto ello es irrelevante, entonces la práctica educativa deberá orientarse hacia lo que les será preguntado a los estudiantes. La nueva educación promueve que los maestros enseñen para el examen, lo cual empobrece la enseñanza.

Los escolares ya no aprenderán a expresarse, a estudiar y a desarrollar el sentido crítico porque lo que ahora vale es cómo contestar pruebas de opción múltiple.

 

El INEE servirá para despedir profesores

Si leemos la nueva ley educativa, en sus catorce páginas jamás aparecen palabras clave para la formación de las personas como son cooperación,  crítica, dignidad, solidaridad, fraternidad, libertad e igualdad. Las palabras que más aparecen y se repiten en la ley Peña Nieto son evaluación y permanencia. Con este último vocablo se anuncia que aquellos docentes cuyos alumnos  no aprueben las evaluaciones no podrán permanecer como tales, es decir, serán despedidos. Así dice la nueva ley:

“Quien ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado imparte tendrá garantizada su permanencia en el servicio en los términos que establezca la ley.  Para ello, se deberá atender a las obligaciones inherentes de la función que realiza, que derivan de los fines de la educación que la Constitución establece. En este sentido, habrá que construir criterios, mecanismos e instrumentos de evaluación que permitan una valoración integral del desempeño docente y consideren la complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función tiene lugar. Una evaluación sólida y confiable para el magisterio también servirá para el otorgamiento de estímulos y  reconocimientos a los maestros.”

 Traducimos la perorata oficial: los profesores que sean positivamente evaluados, recibirán recompensas, mientras que los que no, serán despachados. Es el trato que se da a los caballos: zanahoria para el que obedezca o garrote para el arisco.

  La evaluación socialista

Decíamos que la evaluación o balance es parte del método marxista. Pero el balance para los socialistas es un instrumento de corrección y no de castigo. Los maestros deben ser evaluados por sus colegas y supervisores competentes, con protocolos de observación sistemáticos, con criterios bien desarrollados y basados en la investigación para examinar la enseñanza, incluyendo entrevistas, observación en clase, revisión de los planes de clase y muestras de los trabajos de los estudiantes.

Con la evaluación socialista aquellos maestros o maestros que fallen en tal o cual punto no serían despedidos sino se les darían cursos para que desarrollen habilidades o adquieran conocimientos. La enseñanza es una ciencia y un arte que requiere de una continua actualización y de la ayuda de los pares. El ser evaluado por debajo de lo necesario no debe ser nunca razón para desechar la experiencia de una persona ni para dejarla desempleada.