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MICHOACÁN: TIERRA CALIENTE POR LA LUCHA DE LAS MASAS

Por José María Carmona

Boletín Digital ES27

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Después de la aprobación de la reforma educativa los normalistas de los ocho planteles existentes en Michoacán se movilizaron en contra de la eliminación de las plazas automáticas y el examen de oposición como requisito para ingresar al magisterio, durante tres meses los normalistas se han movilizado para demandar el respeto de una minuta con el gobierno priísta primeramente de Fausto Vallejo y ahora de Jesús Reyna García.

Durante estas jornadas de lucha los jóvenes normalistas han utilizado los más variados métodos desde las marchas, plantones, tomas de carreteras así como de autobuses y transportes de carga como medida de presión para obligar al gobierno del estado de Michoacán y al de Enrique Peña Nieto para que se respeten sus derechos conquistados.

Conjuntamente con las movilizaciones del magisterio democrático de Michoacán de la sección XVIII, han puesto al gobierno estatal en crisis política; las acciones de los normalistas han sobrepasado todos los limites según los organismos patronales que demandan todo el peso de la ley ante dichas acciones pero el gobierno estatal se encuentra incapaz de someter al movimiento a la represión, o llevar a cabo una detención masiva.

Lo anterior constituye una gran debilidad del gobierno ante las movilizaciones que no las pudo parar ni evitar, los funcionarios gubernamentales han sido muy cuidadosos de calificar al movimiento de los normalistas.

El punto más agudo del conflicto fue cuando los normalistas retuvieron a 6 policías  y más de 60 unidades de transporte de pasajeros foráneos y de carga con el apoyo de la comunidad de Turícuaro municipio de Nahuatzen, que posteriormente fueron liberados a cambio de una negociación.

 El otro factor de la crisis del gobierno priísta de Fausto Vallejo y Jesús Reyna fue el surgimiento de las policías comunitarias en Terra Caliente particularmente en los municipios de Apatzingán, Coalcomán, Tepalcatepec y Buena Vista que surgieron a partir de la inseguridad generada por el crimen organizado y que los carteles de los Caballeros Templarios y Nueva Generación se disputan el territorio de esta región de Michoacán.

Prácticamente las guardias comunitarias tomaron el control de esta parte de la Tierra Caliente, no permitiendo el acceso de las personas ajenas a las comunidades ni la libre circulación de transportistas de víveres, porque el crimen organizado había prohibido la cosecha de la producción y en parte de la producción limonera y de mango.

El surgimiento de las policías comunitarias no es un fenómeno nuevo porque en la región purépecha existen principalmente en Cheran y Nahuatzen, el hecho más relevante es que la población se organiza y se arma para defender su territorio, sus recursos naturales y su cultura, bajo una organización democrática lo que es incompatible e inaceptable para el estado burgués o capitalista.

Ante la incapacidad del gobierno priísta y sus cuerpos policiacos de controlar y someter  a estos movimientos como lo demandan la burguesía michoacana y la jerarquía de la iglesia católica, el gobierno estatal tuvo que recurrir al apoyo del gobierno de Enrique Peño Nieto para instaurar el mando único policial y con ello la militarización de Michoacán, tuvo lugar una reunión del gabinete de seguridad del gobierno peñista y de hecho le cedió el control del gobierno estatal en materia de seguridad a Peña Nieto.

Así de esta manera la burguesía michoacana, así como el PRD y el PAN y sus diputados locales, federales y senadores apuntalan al gobierno interino de Jesús Reyna para tratar de cerrar lo más rápido posible la crisis política producto de la movilización y sus métodos de lucha de los normalistas, las policías comunitarias que tienen un apoyo social y el movimiento democrático del magisterio; además en este tiempo se han movilizado otros sector de los trabajadores entre los cuales están los despedidos de la Auditoria Superior de Michoacán así como los movimientos de huelga del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana los cuales obtuvieron triunfos significativos así como el pago al 100 por ciento de los salarios caídos.

Mientras que la jerarquía de la Iglesia Católica ha lanzado una campaña por la “pacificación”, las movilizaciones continúan y de acuerdo al gobierno de Michoacán el año pasado se registraron más de mil 400 y en lo que va del año son más de 400.

Michoacán es uno de los estados más endeudados, con una alta tasa de migración y su economía hoy se encuentra en crisis, producto de la corrupción-Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy-de los gobiernos perredistas y ahora priístas, pero ante todo la movilización de los normalistas, el surgimiento de las guardias comunitarias y las acciones del magisterio democrático han puesto en crisis al gobierno interino de Jesús Reyna quien ha entregado el control militar al gobierno de Peña Nieto.

Ante esta situación nosotros los socialistas llamamos a la más amplia solidaridad con los normalistas, el apoyo a las policías comunitarias y la lucha del magisterio michoacano en contra de la reforma educativa, la militarización de Michoacán y al mismo tiempo llamamos a la conformación de un frente estatal para combatir a los gobiernos priístas y sus políticas de hambre y de miseria tanto de Jesús Reyna como de Enrique Peña Nieto.

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Contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social

Alto a la campaña de difamación, amenaza y desprestigio contra activistas de la comunidad universitaria.

Boletín Digital ES27

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Contra el espionaje político y la criminalización de la protesta social.

Alto a la campaña de difamación, amenaza y desprestigio contra activistas de la comunidad universitaria.

 

 En días pasados circuló por las redes sociales y por correo electrónico un mensaje difamatorio y amenazante en contra de algunos activistas pertenecientes a la comunidad universitaria. En éste se señala con nombre y apellido a varios estudiantes y académicos como participantes en diversas acciones de protesta social, además se les incrimina como policías políticos pagados por la Secretaría de Gobernación e infiltrados en el movimiento estudiantil. Irónicamente, el autor del documento se jacta de haber obtenido la información a partir de un “trabajo policiaco” de “inteligencia”.

Este documento, que lleva por título “los dos baluartes de gobernación (sic)”, se inscribe claramente en el marco de una masiva campaña mediática de criminalización de activistas sociales a nivel nacional, propiciada por noticieros televisivos y radiofónicos, diarios de muy amplia circulación como Milenio, La Razón y El Universal, y páginas de internet como Reporte Índigo. Por otro lado, se ha suscitado un encadenamiento de difamaciones y señalamientos —que ha proliferado en las redes sociales— cuyo objetivo es sembrar discordias al interior del movimiento estudiantil, acostumbrado a utilizar los medios electrónicos como espacio de propaganda y organización. El escarnio público y la calumnia son los métodos de los que se sirve el estado y sus secuaces para atacar a los movimientos sociales que lo denuncian y combaten.

El mensaje en cuestión tiene la clara intención de provocar desencuentros y fisuras al interior del movimiento estudiantil y de amedrentar a las organizaciones e individuos que difama. Es necesario señalar que esas organizaciones pertenecen a una larga tradición de organización al interior de la Universidad que abarca a un sinnúmero de colectivos y agrupaciones históricas que realizan un comprometido activismo político guiado, entre otras cosas, por la consigna de la absoluta independencia respecto al estado y sus partidos. Por otro lado, en las masivas asambleas estudiantiles que lograron frenar la inicial intención de José Narro de meter a la policía a CU para solucionar el reciente conflicto suscitado por la toma de la rectoría, la mayoría de los compañeros señalados en el mensaje respetaron los métodos y las posiciones políticas de quienes habían efectuado esta acción.

Aunque esta posición no genera consenso al interior del movimiento estudiantil y fue duramente criticada, consideramos que ello no justifica que se les espíe y calumnie tal como está ocurriendo.

Las diferencias que claramente existen al interior del movimiento estudiantil, que son políticas y estratégicas y están íntimamente ligadas a los métodos de las distintas organizaciones, no serán la puerta de entrada para una política de desconfianza, construida por un espionaje político posiblemente propiciado por la burocracia universitaria. En ese sentido, el movimiento estudiantil cerrará filas y no permitirá que ninguno de sus miembros sea calumniado ni amenazado.

La criminalización pública y el desprestigio al interior de los movimientos sociales son pasos previos al linchamiento físico: la cárcel, la violación, la desaparición y el asesinato. Prueba de lo anterior es el caso de nuestro compañero Carlos Sinuhé Cuevas, muerto a balazos en octubre de 2011 luego de ser víctima de una campaña de difamación (similar a la que hoy se inicia contra quienes son señalados en el texto) y de haber recibido varias amenazas de muerte. No permitiremos que la brutalidad del estado vuelva a hacer presa en nosotros.

Las organizaciones e individuos que suscribimos este documento condenamos rotundamente el espionaje político al interior de la universidad y el método utilizado por el estado para golpear a la disidencia social. El amedrentamiento y la amenaza son métodos poco dignos de estos gobiernos que se presumen democráticos y respetuosos del estado de derecho. Nos preocupa profundamente la posibilidad de que la burocracia universitaria haya coadyuvado a la recaudación de datos o haya participado de alguna manera en esta campaña de persecución política y criminalización de sus propios estudiantes y académicos. Exigimos el absoluto respeto de los derechos fundamentales de los aludidos y hacemos responsables al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera y a la Rectoría de la UNAM de lo que pueda pasarles en relación con sus actividades políticas.

Ciudad Universitaria, a 27 de mayo de 2013


Cubículo Buenaventura Durruti 114-bis, Facultad de Filosofía y Letras

Profesora Isabel Varela, CCH Naucalpan

Profesor Facundo Jiménez, CCH Naucalpan

Profesor Alfredo Velarde, Facultad de Economía UNAM

Grupo Acción Revolucionaria

Rosas Rojas – GAR

Brigada Multidisciplinarka de Apoyo a las Comunidades de México-Juventud Revolucionaria

Movimiento Estudiantil Revolucionario Internacionalista (MERI)

Comité Estudiantil Metropolitano

Colectivo Ratio

Éber Josué Carreón Hutzil, Consejero Universitario Alumno Suplente de la FFyL

Grecia Monroy Sánchez,  Estudiante de Letras Hispánicas / Consejera Técnica de Letras

Denisse Gotlib Gutiérrez,  Estudiante de Letras Hispánicas / Consejera Técnica Suplente de Letras

Daniel Cordero Grau, Facultad de Ciencias

Luz María Montoya Pérez

Miguel Ángel García, Asamblea Universitaria Académica (AUA), UNAM

Colectivo Los Solidarios, Escuela Nacional Preparatoria 5

Tejiendo Organización Revolucionaria (Galería Autónoma, CU)

Movimiento Cultural Revolución Arte (MCRA, Chapingo)

Comité de Lucha UACM

Colectivo de Académicos y Egresados del IPN

 #YoSoy132 IPN

#YoSoy132 Juárez

Partido Obrero Socialista

Grupo Socialista Obrero GSO

Liga Socialista Revolucionaria

Liga Estudiantil Democrática (LED), Puebla

Coordinadora 1° de diciembre

Juventud Libertaria

Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE

Colectivo Acción Inteligente de Desempleados, Estudiantes y Trabajadores

Coalición de Trabajadores Administrativos y Académicos del STUNAM

Sindicato Nacional de Trabajadores de Uniroyal

Trabajadoras de Taquilla del STC-Metro-Acción Obrera

Frente de Trabajadores de la Energía-Federación Sindical Mundial

Mesa coordinadora de corresponsalias de Red Latina sin fronteras

Organización Zapatista ” Educación para la Liberación de Nuestros Pueblos”

Cooperativa Cráter Invertido

Pueblos, Barrios y Colonias en Defensa de Atzcapotzalco

Centro Cultural San Francisco Solano

Eduardo Garduño y Juan Machín (Cultura Joven AC)

Comunidades Campesinas y Urbanas Solidarias con Alternativas A.C. (COMCAUSA A.C)

Colectivo Azcapotzalco Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

Sector Nacional Obrero y de Trabajadores de la Ciudad, el Campo, el Mar y el Aire

 Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona

La Sexta Huasteca Totonacapan

Colectivo Independencia Adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, Xalapa, Veracruz

Movimiento de Unidad y Resistencia Ciudadana, Poza Rica, Veracruz

Declaración de la Selva Lacandona, Xalapa, Veracruz.

Colectivo Sexta Declaración, Poza Rica, Veracruz

Dorados de Villa, Puebla y Veracruz

Comunidad Autónoma Ollin Alexis Benhumea Hernández, Cuetzalan Puebla

Comunidad Autónoma Ernesto Guevara de Serna, Ayotoxco Puebla

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Oaxaca

Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta Hidalgo

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El Partido Obrero Socialista realiza una importante campaña Campaña por Orlando Barrantes

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Después de trece años de lucha de lucha judicial, cuando parecía que había derrotado al Estado y su legalidad burguesa, Orlando Barrantes, importante dirigente nacional de Costa Rica y militante revolucionario del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), organización hermana, será sometido a un nuevo proceso judicial.

El pasado 20 de marzo los jueces del Tribunal Penal II Circuito Judicial de la Zona Atlántica de Costa Rica, al no poder comprobar la participación “directa” de Orlando en el delito de “secuestro extorsivo” fincado por el gobierno, tuvieron que emitir por unanimidad una resolución absolutoria por hechos sucedidos en el año 2000. Este juicio es el quinto o sexto por el que es procesado.

Entre organizaciones sindicales y sociales y entre muchos compañeros que han acompañado desde un inicio la batalla emprendida por Orlando, fue motivo de alegría y entusiasmo esta resolución judicial, pero muy pronto recibieron un nuevo revés al enterarse que el ex secretario general del Consejo Nacional de Trabajadores (CONATRAB), sería sometido a un nuevo juicio. Lo que pasa es que en esta pequeña región del mundo la legalidad burguesa es tan inequitativa e injusta que aun cuando ya quedo demostrada tu inocencia el Estado pueda ampararse ante la resolución y comenzar un nuevo juicio desde cero. Esta ha sido la terrible historia de los juicios a los que ha sido sometido Orlando.

Hoy nuevamente debe encarar la acusación de “secuestro extorsivo” demandada por la burguesía trasnacional y el Estado burgués costarricense, quienes no le perdonan el hecho de que se haya atrevido a organizar a trabajadores y que enfrente sus planes de saqueo y destrucción.

El punto de inicio de esta  batalla político-judicial se sitúa el 12 de diciembre del año 2000. En esa fecha Orlando era un destacado dirigente nacional; era secretario general del CONATRAB  y del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC), principalmente la primera estaba integrada por miles de trabajadores en 17 ciudades del país. Dicho día encabezaba una poderosa movilización de trabajadores de distintos sectores, destacaban los afectados por el nemagón, un insecticida que se utiliza en el cultivo del plátano. Los trabajadores demandaban que el gobierno cumpliera con una serie de acuerdos que habían resultado de las negociaciones con el movimiento y de los cuales se desentendía. Al calor de esta movilización se dio un enfrentamiento con las fuerzas policiales que derivó en la captura y retención -por parte de los movilizados- de cuatro policías.

Es importante destacar de igual manera que esta lucha se dio en el contexto de una importante oleada de movilizaciones en contra del gobierno, que inicio en contra de los planes de privatización del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la lucha contra el combo, como se conoció esta jornada, y que tuvo uno de sus puntos más altos en la acción encabezada por nuestros compañeros el 12 de diciembre del 2000.

El empresariado nacional e internacional por medio de su instrumento político y de su legalidad tomó la decisión de enfrentar esta ola de movilizaciones y lo hizo por la vía de enjuiciar al principal dirigente de esta jornada de lucha. Pero no solo eso, quisieron que este juicio se convirtiera en un escarmiento o una lección para todos aquellos que se atrevieran a pelear contra el gobierno. El poder le apostó a la criminalización de la protesta social y a vacunar al movimiento de masas contra nuevas rebeliones.

Han pasado trece años y el gobierno sigue emperrado en castigar a nuestro compañero y en que esto sirva de lección al movimiento de trabajadores. Trece años que han significado un enorme desgaste físico, social, familiar y fundamentalmente económico para Orlando, quien en su mayor parte ha tenido que cargar con el peso económico de este ya muy largo litigio.

Hoy se inicia un nuevo juicio y estamos empeñados en apoyar incondicionalmente a nuestro compañero Orlando Barrantes. Le pedimos a usted, amable lector, y a usted, que es activista o luchador social, que conoce o ha sufrido los mecanismo de represión desde el poder, que nos apoye en esta campaña económica en apoyo a nuestro compañero Orlando.

La solidaridad internacional siempre ha sido básica entre los trabajadores en lucha. A nivel internacional ya hemos recibido una respuesta positiva por parte de compañeros en República Dominicana, Estados Unidos y en Francia, para poner en marcha una campaña a nivel internacional.

Para cualquiera aporte ponemos  a su disposición la siguiente cuenta:

BANAMEX

No. de cuenta 336167,

Sucursal 125

A nombre de Ángel Cuauhtémoc Ruiz

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