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São Paulo, una revuelta por la libertad, más que por el transporte

Desinformémonos

A demonstrator waves a Brazilian flag by a burning a car in downtown Rio de Janeiro

Texto publicado en Desinfomémonos

El anuncio de un incremento en las tarifas de los autobuses urbanos en la ciudad de São Paulo, fue el origen de las protestas masivas más grandes y reprimidas de los años recientes en la ciudad más grande de Brasil.

Convocadas en un primer momento por el Movimiento Pase Libre (MPL), las miles de personas que ocuparon las calles y las distintas terminales de pasajeros (cuatro veces en una misma semana), vieron crecer la adhesión al movimiento, junto con la represión policiaca.

El Movimiento Pase Libre fue acusado por las autoridades y por los grandes medios de promover el desorden y el vandalismo. Pero ellos dicen que el movimiento ya es mucho más grande de lo que pueden controlar. “Está fuera del control. Hay una revuelta popular que existiría aunque no estuviéramos ahí. Cuando se decretó el aumento, también se decretó la revuelta popular. La situación es muy grave y así lo va a seguir siendo mientras la policía reprima”, dice el estudiante Caio Martins.

Para el MPL, la violencia ya era esperada, aunque no en estas proporciones. Luiza Mandetta defiende que la reacción del alcalde Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), evidencia la verdadera cara del partido de Lula. “No fue una sorpresa la actitud de Haddad, que muestra mucho de lo que es el PT hoy: un partido que se dice de izquierda, que fue formado por el trabajo de base junto a movimientos sociales y que hoy los criminaliza abiertamente. Haddad defendió la acción de la policía, bajo la justificativa que obstruir las vías públicas pone las personas en riesgo y que, por lo tanto, la represión policiaca estaba autorizada”, declaró Mandetta.

Fernando Haddad llegó al poder después de una campaña que puso a los jóvenes en primer plano. A través de su eslogan “existe amor en SP”, prometió una transformación en la relación entre gobierno y ciudadanos. Con relación al tema de los transportes, una de sus primeras medidas fue crear una tarjeta mensual con la intención de reducir el costo para los usuarios del transporte público. Sin embargo, los militantes acusan que esta solución está muy lejos de lo que la ciudad necesita. “Haddad no puede huir de su responsabilidad y esconderse detrás del boleto mensual. Esta propuesta beneficiará a pocos usuarios y aumentará en más de 50 por ciento el subsidio del Estado, algo que podría ser revertido en la disminución de la tarifa”, critica Rafael Siqueira, del MPL.

El problema del transporte, defienden los activistas, es algo que ya no puede ser ignorado. “El transporte hoy es el tercero mayor gasto de la familia brasileña, lo que significa que la población ya no tiene derecho a transitar”, denuncia Rafael Siqueira. El PT ya lo sabe hace mucho tiempo, ya que el primero proyecto de extinción de las tarifas de transporte público vino de un gobierno petista. Fue Lucio Gregori, secretario de transportes de la gestión de la alcalde Luiza Erundina, en 1990, quien lo propuso.

Hoy, 23 años después de la primera propuesta, la tarifa libre es tratada como “anarquía”. Para el sociólogo Wagner Iglecias, profesor de gestión de políticas públicas de la Universidad de São Paulo, los discursos mediáticos y el de la clase media conservadora son los responsables de que se analice sin profundidad la cuestión. Según Iglecias, “el discurso mediático siempre se preocupa con los impactos en el tráfico, sobre todo con los coches. Es como si el espacio público fuera solamente lugar de la locomoción ordenada entre dos espacios privados: de la casa para el trabajo y del trabajo para la casa. Pero ¿quién dijo que el espacio común no puede ser el lugar de discusión de los temas y problemas que son comunes a todos?”, indaga Wagner.

Para Iglecias, más que el problema específico, las manifestaciones de la última semana muestran una fuerza joven. “Está equivocado quien piensa que lo que vemos aquí o en Turquía, esté motivado solamente por 20 centavos más en la tarifa del transporte o por algunos árboles menos en una plaza. Los jóvenes descubrieron la libertad y la horizontalidad en el internet, y ahora también las quieren probar en la política”, afirmó el profesor.

Las movilizaciones Los manifestantes defienden que el transporte público es un derecho de todos, ya que representa la capacidad de libre locomoción garantizada por la Constitución federal. Para ellos, la tarifa propuesta de 3 reales con 20 centavos (cerca de 19 pesos mexicanos) es una violencia contra la mayor parte de la población. “La gente tiene que buscar otras fuentes de ingresos o hasta comer menos veces al día para poder seguir pagando su boleto. En 2010, 37 millones de brasileños no tuvieron condiciones de pagar la tarifa y por esto estuvieron impedidos de acceder a educación, trabajo, salud, cultura y diversión. Cada vez que sube la tarifa, este número también se incrementa”, declaró la militante del MPL, Luiza Mandetta, en entrevista con Desinformémonos.

Durante la tercera manifestación contra el aumento de la tarifa, el martes 11 de junio, la policía militar detuvo a 13 personas. Los profesores, obreros, estudiantes y hasta periodistas (que reportaban la protesta), fueron acusados de daño al patrimonio público y formación de pandilla. Los jóvenes, de edades de entre 19 y 27 años, siguen presos, ya que la fianza establecida por la policía fue de 20 mil reales (cerca de 120 mil pesos mexicanos). Pase Libre hace un acopio para obtener el monto necesario para sacarlos.

Pedro Nogueira, periodista de la página Aprendiz, fue uno de los detenidos por la policía mientras realizaba su trabajo. Nogueira, de 27 años, quiso impedir que los policías golpearan a una mujer. “Aun comprobando que trabajaba cubriendo el evento, y sin ninguna prueba de la absurda acusación en su contra, Pedro sigue encarcelado. Todavía con las marcas de tortura y con la solidaridad de distintas entidades, está en la Segunda Delegación de Policía, con otras personas, incluso con otro periodista, Raphael, que está gravemente herido. Reporteros de los grandes periódicos detenidos en la manifestación fueron liberados en media hora, ¿por qué la diferencia?”, indaga Júlio Delmato, amigo del periodista preso.

En la manifestación del jueves 13 de junio, 68 personas fueron detenidas antes del inicio de la marcha. La justificación: los detenidos portaban megáfonos y botellas de vinagre – que serían usadas para cancelar los efectos del lacrimógeno. Periodistas de tres distintos medios una vez más estuvieron entre los que se llevaron los policías.

La marcha salió del centro de la ciudad y la policía militar buscó impedir que la multitud, estimada en 30 mil personas, llegara a la avenida Paulista, destino final de la manifestación. Para esto, los encorralaron y los separaron en grupos más pequeños, utilizando para esto bombas de gas lacrimógeno y balas de goma.

La estudiante de comunicación Thais Bernard cuenta como la manifestación pasó de un acto pacífico a “una guerra de un sólo ejército”: “Todos estábamos organizados y pacíficos hasta que el grupo de choque de la policía disparó bombas de gas lacrimógeno sin justificación alguna contra los que caminaban. Corrí y me sentí dominada por la impotencia. Muchos manifestantes perdieron el control, ya que fuimos cobardemente encorralados e impedidos de caminar por nuestro derecho a transitar”, narró Thais.

Publicado el 17 de junio de 2013

Comunicado contra la represión del 10 de junio

Pronunciamiento

dtenciones 10jun

Aunque los presos políticos ya fueron liberados, luego de cuantiosas sumas puestas como fianzas a siete de ellos. El gobierno de Miguel Ángel Mancera da muestra de su vocación violenta y provocadora – cual policía- hacia los movimientos sociales y sobre todo con los jóvenes, que para él no son más que vándalos. Es necesario hacer frente a la criminalización que en DF se ha desatado desde del gobierno perredista, quien no pierde ocasión para dar muestra de que en la  Cd. de México se gobierna para las elites.  

Este 10 de junio miles de personas salimos a manifestarnos para exigir justicia a 42 años de la masacre conocida como “el halconazo” y como lo hiciera el gobierno PRI en aquel año de 1971  hoy el GDF del PRD encabezado por Miguel Ángel Mancera respondió con una dura represión.

A la altura de Avenida Juárez la movilización comenzó a sufrir el hostigamiento y la provocación de la policía que desplegó a un número desproporcionado de efectivos que sin justificación agredieron a los manifestantes. El operativo intentó dividir a los contingentes durante su trayecto final hacia el zócalo, generando un ambiente de confrontación.

Luego del mitin y mientras que los contingentes se retiraban pacíficamente del zócalo comenzaron las detenciones arbitrarias, al mismo tiempo la policía intento ingresar al platón de los maestros de la CNTE.  La policía persiguió  por distintas calles cercanas a la plancha del zócalo  a los manifestantes para detenerles. Las detenciones se caracterizaron por la violencia con que se efectuaron, en violación flagrante a los derechos humanos, varios de los detenidos sufrieron lesiones graves.

Las organizaciones abajo firmantes denunciamos que las detenciones del día de hoy son parte de una política represiva del GDF en acuerdo con el Gobierno Federal en contra de la juventud y aquellos sectores de la sociedad que se movilizan. Esta se expresa en la implementación del Protocolo para el Control de Multitudes dirigido por la Secretaría de Seguridad Pública del DF y la aplicación del artículo 362 del Código Penal del DF.

De la misma forma exigimos enérgicamente la liberación inmediata e incondicional de todos los compañeros detenidos violenta y arbitrariamente. Exigimos también la cancelación del Protocolo para el Control de Multitudes y la derogación del artículo 362 del Código Penal del DF, así como el castigo a los responsables de los abusos y lesiones que han sufrido los compañeros.

¡Libertad a los presos políticos del 10 de Junio!

¡Cancelación inmediata del Protocolo para el Control de Multitudes y derogación del artículo 362 del CPDF!

CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA REPRESIÓN

¡Protestar es un derecho, reprimir es un delito!

Liga de Trabajadores por el Socialismo
Juventud Anticapitalista Socialista y Revolucionaria
Agrupación de mujeres Pan y Rosas
Comité Yo Soy 132 de Posgrado
Coordinadora 1 DMX
Colectivo de Acad
Comité Estudiantil Metropolitano
Movimiento de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior
Juventud Revolucionaria Anticapitalista
Comité Jurídico y De Derechos Humanos 132
Liga de Abogados 1 DMX
Partido Revolucionario de los Trabajadores
Asamblea 132 Neza
Promotora Estudiantil Zaragoza-FES Zaragoza
Juventud Comunista Revolucionaria
Acampada Revolución
Cubículo Buenaventura Durruti 114 BIS, FFyL UNAM
Unión de la Juventud Revolucionaria de México
Bloque Rojo
Liga Socialista Revolucionaria, Cd. Juárez

San Sebastián Bachajón, despojo y violencia del Estado mexicano

Por José Aureliano Buendía

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Ante la arbitrariedad y la violencia ejercida por el gobierno mexicano, representantes del ejido indígena de San Sebastián Bachajón -ubicado en el centro de la selva, en la región zapatista de San José en Rebeldía- acudieron el lunes 28 de mayo a la ciudad de México para exigir la restitución del territorio comunitario, que hace dos años les fue arrebatado durante la gestión de Juan Sabines Guerrero en el estado de Chiapas.

En conferencia de prensa señalaron la responsabilidad de Enrique Peña Nieto, Manuel Velazco Coello y Leonardo Guirao Aguilar como impulsores de una política de despojo y violencia ejercida contra aquellos que se oponen a los proyectos eco-turísticos del corredor Palenque – Aguas Azules.

Juan Vázquez Guzmán, un crimen de estado.

Empantanados en una red de corrupción y abuso, el gobierno mexicano opera toda su maquinaria en contra de los pobladores adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona en Bachajón, para arrebatarles parte del territorio e impulsar un mega-proyecto turístico en la región de Aguas Azules.

Después del asesinato del activista Juan Vázquez Guzmán el pasado 25 de abril, los indígenas tzeltales han denunciado reiteradamente que éste representa un crimen de estado. Pues a la fecha no hay ningún avance en las investigaciones que permitan dar con los autores materiales del crimen, por el contrario, el hostigamiento y la persecución son una constante en esta región del estado.

Ricardo Lagunés Gasca, representante jurídico de los ejidatarios señala:

“Sobre Juan Vázquez Guzmán, no hay detenidos. El responsable es el gobierno, el gobierno lo mando matar. Desde los tres niveles de gobierno había interés de que el compañero no siguiera haciendo su trabajo. Hay una averiguación previa en curso, pero no hay detenidos. El autor material escapo, fue algo planeado. Fueron personas que conocen el lugar, que tenían su ruta de escape bien definida. Seis disparos, uno en la parte del pecho tres en el abdomen y dos más en ambos brazos, en la puerta de su casa lo mataron”

La causa del asesinato de Juan Vázquez González, es su trabajo en la defensa del territorio comunitario, que alrededor de 2000 ejidatarios de San Sebastián Bachajón adherentes a la Otra Campaña, han emprendido desde el año 2008 en demanda al legítimo uso y disfrute de su territorio, fecha en que se estableció una caseta de cobro en el territorio de San Sebastián.

Turismo sustentable, el engaño del desarrollo

Ante la derrama económica que arroja el turismo en la región, empresas cómo Norton Consulting INC y EDSA Construcción se han visto beneficiadas con el desarrollo turístico que FONATUR tiene para la región, con el cual se pretende transformar a la Reserva de la Biosfera de Aguas Azules en un complejo de eco-turístico. La gran falacia de “desarrollo” que impulso el perredista Juan Sabines y que el actual gobernador Manuel Velazco Coello (Partido Verde Ecologista) mantiene como una estrategia para el despojo y desplazamiento de las comunidades indígenas en Chiapas.

Desde hace 20 años, las cascadas de Agua Azul –territorios indígenas– son presa de la especulación financiera de los grandes consorcios hoteleros internacionales.

El desarrollo en Agua Azul piensa incluir campos de golf y hoteles para turismo de elite, hoteles tipo Boutique, donde se piensa atraer al turismo internacional o a todos aquellos que estén dispuestos a pagar entre 4 mil y 10 mil pesos la noche, -Carlos Slim podría llegar a alojarse ahí. Comentan los ejidatarios entre sonrisas, en un ánimo que dicen, es de lucha.

Durante los primeros días de febrero del 2011 mediante un operativo paramilitar, encabezado por Juan Álvaro y Miguel Ruiz Hernández dirigentes del PRI y del Verde Ecologista en la región, fue desalojada la caseta de Agua Azul. Días después fueron detenidos 177 indígenas, a diez de los cuales les fijaron cargos por delitos que no cometieron, tales como privación ilegal de la libertad, lesiones, homicidio calificado y daños a las vías de comunicación y a la paz. Como lo señaló el Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas, el Movimiento Independiente de Mujeres, Brigada Feminista y diversas organizaciones civiles[i] durante una carava realizada en febrero de 2011

Con esta acción de violencia les fue arrebatada una franja de 2,250 metros cuadrados, que curiosamente abarca la caseta de Agua Azul. Ante esta arbitrariedad, los ejidatarios presentaron los planos que dan cuenta del ejido en un decreto presidencial emitido en 1980. Pues de manera alevosa, la CONANP (Comisión Nacional del Áreas Naturales Protegidas), borró –literalmente- del mapa la franja que es parte del ejido de San Sebastián.

Dicha franja que la CONANP declaro como área natural protegida, también es una zona estratégica para el corredor Palenque-San Cristóbal.

“La caseta no está dentro del arena natural protegida Cascada de Agua Azul. Lo que hizo la CONANP fue alterar el plano, para que la caseta quedara dentro del área natural protegida. Ante esto, el Estado dice que el territorio es área federal “ comenta Ricardo Lagunes.

La amenaza paramilitar

Los ejidatarios también señalaron que actualmente se está construyendo un aeropuerto internacional en Palenque –a cargo de la empresa GMD Infraestructura- para reducir el recorrido hacia las Cascadas de Aguas Azules. La autopista San Cristóbal- Palenque es un proyecto que está en suspenso pero que seguramente se echará a andar, ahora los trazos están cambiando constantemente debido a que el gobierno tiene que calcular que territorios presentaran menos resistencia.

Agua Azul era un rancho, donde había incluso un helipuerto. Después del levantamiento zapatista -en 1994- las comunidades tomaron la tierra, pero ésta quedó como propiedad privada. Los indígenas tzeltales que están en Agua Azul vienen de San Sebastián, indígenas de Bachajón tomaron esa tierra y se mantienen ahí. Sin embargo no tienen títulos de propiedad, el gobierno los mantiene de esta manera, porque así, son más dóciles para ceder a los proyectos.

Ricardo nos señala que hay grupos de Agua Azul que han ido a confrontar a otras comunidades, no solo a los compañeros de San Sebastián Bachajón, también a comunidades con base de apoyo zapatista. Han ido más de dos veces a agredir por la vía armada a las comunidades con el fin de amenazarlos y desplazarlos de los lugares donde están pensados los proyectos.

En reiteradas ocasiones, las comunidades han denunciado la amenaza de grupos paramilitares vinculados a los partidos PRI, PRD y PVEM. Entre los que se encuentran la Unión Campesina Indígena y Forestal (UCIAF) liderados por Manuel Vázquez Ruiz así como la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), ambas de corte paramilitar y que ya han agredido a los ejidatarios de San Sebastián Bachajón.

A unos días del asesinato de Juan Vázquez Guzmán, Jorge Luis Llaven Abarca, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado de Chiapas, anuncio la capacitación que el Ministerio de Defensa de Israel en México brindará a la policía local[ii]. Los crímenes de lesa humanidad cometidos en contra del pueblo palestino, por parte del Estado Militar de Israel[iii] parecen ser parte del modelo de seguridad que el gobernador -de telenovela- Manuel Velazco Coello tiene pensado para el estado de Chiapas.

No nos vamos a callar como quiere el mal gobierno

Además de la rueda de prensa realizada en el local de UNÍOS –organización adherente a la otra campaña- el objetivo de los representantes de la comunidad de San Sebastián Bachajón fue entregar un nuevo escrito a Juan Silva Meza, ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal, solicitando se actúe con imparcialidad en la resolución al amparo prestado por los ejidatarios en 2011. La agenda también incluía una visita a la oficina del Alto Comisionado de la ONU, para denunciar el cumulo de irregularidades que el gobierno mexicano ha cometido en su contra.

La lucha de la comunidad de San Sebastián Bachajón por el respeto a su territorio, de igual manera tiene como objetivo la libertad inmediata de Antonio Estrada Estrada (preso en CERSS 17 de Playas de Catazajá, Chiapas), Miguel Vázquez Deara (preso en CERSS 16 de Ocosingo, Chiapas) y Miguel Demeza Jiménez (preso en CERSS 14 El Amate). Quienes fueron detenidos en el año de 2010 – 2011 y torturados para declararse culpables de delitos que no cometieron y que suman uno más de los agravios que el Estado mexicano comente en contra de las comunidades indígenas.

Convocada por el Movimiento por Justicia del Barrio (Nueva York), Grupo de Solidaridad con Chiapas de Dorset, Comité de Palabra Verdadera de Calcuta, India y el Comité de la Palabra Verdadera de Alisal. Se prepara ya una semana de acción mundial llamada: ¡Juan Vázquez Guzmán Vive, la Lucha de Bachajón sigue!

Del 25 de Junio al 2 de Julio, los ejidatarios de San Sebastián Bachajón nos invitan a sumarnos a la lucha por el respeto a los territorios indígenas, ser parte de su digna rabia.

Su palabra: “No vamos a permitir que siga el despojo de nuestras tierras y el abuso en contra de nuestro pueblo, a pesar del asesinato cobarde de nuestro compañero Juan Vázquez Guzmán seguiremos luchando y defendiendo con fuerza y organización, no nos vamos a callar como quiere el mal gobierno. Juan Vázquez Guzmán vive, la lucha de Bachajón sigue! “

[i] Chiapas: Caravana de mujeres a San Sebastián Bachajón. http://sipaz.wordpress.com/2011/02/22/chiapas-caravana-de-mujeres-a-san-sebastian-bachajon/

[ii] Ministerio de Defensa de Israel capacitará a policías en Chiapas. Milenio 29 de Mayo de 2013 http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/bc01560894ebeaca05b7a5f0de164960

[iii] “La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución en la que se denuncian las “continuas y graves” violaciones de los derechos fundamentales en los territorios ocupados palestinos y se demanda a Israel que respete los principios humanitarios del derecho internacional.” Comisión de Derechos Humanos condena a Israel por violación de derechos fundamentales, Centro de Noticias de la ONU, 24 de Marzo de 2004. http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=2066#.UaceKdjleSo

Posicionamiento de la campaña Acción Migrante frente a la detención de 20 migrantes en San José Huehuetoca

Acción Migrante

Enrique Ordoñez

Tomado de AccionMigrante

A través de este medio, expresamos nuestra preocupación ante el operativo realizado por el Instituto Nacional de Migración (INM) el día de hoy –17 de junio de 2013– en San José Huehuetoca, Estado de México.

Durante el operativo fueron retirados a la fuerza 2 migrantes dentro del comedor, también persiguieron a migrantes que se encontraban en las vías ferroviarias afuera del comedor; uno de ellos fue agredido al levantarlo por su cabello, ambos fueron golpeados con toletes y los subieron a las patrullas de la policía municipal, cuando menos a 20 personas se les privó de su libertad.

A todos las personas migrantes que fueron detenidas durante la redada, los llevaron al palacio municipal de Huehuetoca, detrás del inmueble estaban estacionados los camiones del INM para trasladarlos a la Estación Migratoria.

El allanamiento perpetrado por agentes del INM, en colaboración con la policía federal y municipal al comedor San José Huehuetoca y el uso de la fuerza contra integrantes del mismo, es una violación a sus derechos humanos, a las convenciones internacionales y a la ley de migración que en su artículo 76 señala:

“El Instituto no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares en donde se encuentren migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas, que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes”.

Exigimos que se aclare la situación de salud de las personas detenidas y manifestamos nuestro rechazo a este tipo de acciones que atentan contra la dignidad y la libertad.
A través de hechos como éste –aunados a la falta de atención frente a los recientes asesinatos de migrantes y a las agresiones a defensores de derechos humanos perpetradas por la delincuencia organizada, se hace evidente la tragedia humanitaria por la que nuestro país atraviesa, y de la cual el Estado de México sólo ha respondido con violencia, mientras cientos de miles de personas requieren albergue, atención y asilo con urgencia, y para lo cual no encuentran la atención del Estado.

Acción Migrante ha hecho evidencia del hartazgo de la sociedad mexicana frente a la actual política migratoria y lo sucedido el día de hoy, es motivo para expresar nuestra indignación y urgir al gobierno a cumplir con las 7 demandas por los Derechos de las y los migrantes.

Asimismo, mientras se siga manteniendo una política migratoria con enfoque en seguridad nacional y no derechos humanos, se seguirá criminalizando la internación indocumentada de personas en nuestro territorio así como la labor humanística que realizan defensor@s de DDHH.

Asamblea Popular de Familias Migrantes • Casa del Migrante Saltillo • Casa de Migrante Casa Nicolás•
Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes, (COAMI)• Eje sobre Migración y Desplazamiento Forzado del
Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, (TPP), Estancia del Migrante González y Martínez,
AC • Fundación para la Democracia• Nosotras somos tu voz• Posgrado para la Defensa y Promoción de los
Derechos Humanos de la UACM • Secretaría, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en
Movimiento (TICPM) • SubVerciones Agencia Autónoma de Comunicación • Salud Integral para la Mujer A.C.,
(SIPAM) • Vía Clandestina• Vía

CAMPAÑA NACIONAL E INTERNACIONAL TODOS POR PATISHTAN

Comité por la Libertad de Alberto Patishtan

patish

México, junio de 2013.

AL PUEBLO DE MÉXICO:

A OTROS PUEBLOS DEL MUNDO:

Condenado a 60 años de cárcel, Alberto Patishtan Gómez, maestro tzotzil bilingüe, padre de Gabriela y Héctor, ha resistido tras las rejas desde el 19 de junio del año 2000. Desde ese entonces se le acusa por homicidio, delito prefabricado que forma parte de una venganza política del entonces Presidente Municipal de la comunidad de El Bosque, Manuel Gómez Ruiz, quien fuera denunciado y desconocido por los abusos e impunidad que cometió contra el pueblo.

Después de 13 años transcurridos desde su encarcelamiento injusto y procesos judiciales amañados, Alberto Patishtan está en un momento decisivo para conseguir su libertad.

Una vez que su defensa legal intento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajera el caso, el pasado 6 de marzo tres de cinco ministros que podían optar por dar justicia al maestro tzotzil decidieron no atenderlo. El caso regresó al Tribunal Federal Colegiado en Chiapas, donde se tomará la decisión de dictar libertad o ratificar la condena de 60 años que se le quiere imponer.

Tal decisión está por darse en estos días de junio, por lo que estamos ante LA ÚLTIMA OPORTUNIDAD de obtener su libertad mediante las instancias jurídicas de nuestro país.

HACEMOS UN LLAMADO URGENTE A todas y todos los esfuerzos de lucha, a los organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, a las organizaciones sociales, sindicales, a los defensor@s de derechos humanos, a los maestros, estudiantes, campesinos, indigenas, amas de casa, medios honestos y alternativos de comunicación, periodistas, artistas, religiosos e intelectuales congruentes con la justicia para sumarnos a la Campaña Nacional e Internacional Todos Por Patishtan y al Comité por la Libertad de Alberto Patishtan.

Sumemos esfuerzos, abracemos las distintas acciones programadas y otras que sean necesarias para abrir el camino de la libertad de Alberto Patishtan.

Arranquemos a nuestro digno maestro del presidio y devolvámoslo a las aulas donde le esperan su pueblo y sus alumnos.

Hagamos que Héctor, de 16 años, y Gabriela, de 22, vuelvan a abrazar a su padre después de estos 13 años de cárcel. Luchemos para que su recién nacida nieta cuente también con el arrullo y ejemplo de su valeroso abuelo.

¡TODOS POR PATISHTAN!

¡PRESOS POLÍTICOS, LIBERTAD!

Comité por la Libertad de Alberto Patishtan

Serapaz, FPDT-Atenco, Sindicato Mexicano de Electricistas, #Masde131, Movimiento de Aspirantes a la Educación Superior, Tejiendo Resistencias, Jóvenes en Resistencia Alternativa,Movimiento de Liberación Nacional (MLN), Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA-MLN), Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-MLN), Consejo Coordinador Obrero Popular (COCOPO), Movimiento del Poder Popular de la Montaña (MLN-Guerrero), MLN Michoacán, Nación Tenek, Nación Xi-Iuy, MLN Morelos, El Pregón, Jóvenes ante la Emergencia Nacional, Organización Obrero Campesina Emiliano Zapata (OOCEZ), Ediciones del Poder Popular, Consejo Indígena Campesino de Liberación Nacional (CIC-LN).

FALTAS TÚ…

Consulta: http://albertopatishtan.blogspot.mx

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México: ¿atrasado o a la moda?

Por Francisco J. Cantamutto

MexicoModa

Mientras que varios países de la región buscan alternativas en las políticas públicas económicas, el PRI con Peña Nieto ensayan en el país del norte una vuelta a las recetas tradicionales de los organismos internacionales. Un análisis de algunos de sus rasgos.

La asunción en 2012 de Enrique Peña Nieto, por el PRI, como presidente de los Estados Unidos Mexicanos representa la vuelta al poder del partido que gobernó el país durante siete décadas, tras el intervalo de dos sexenios consecutivos de gobiernos del Partido de Acción Nacional (2000-2006 y 2006-2012). Sin detrimento de otros elementos que caracterizan el cambio, nos interesa señalar algunos rasgos del programa económico del nuevo presidente.

Peña Nieto ha mostrado un gran dinamismo en lo que va de su gestión de gobierno. Incluso antes de asumir, se han sucedido debates por nuevas leyes y proyectos. Los lineamientos de acción del gobierno no dejan de llamar la atención: se trata de un programa que por momentos parece tomado del escenario latinoamericano de fines de los ochenta. Sin discutir aquí el carácter general del gobierno, en lo que respecta a su plan económico, todo parece señalarlo como un modelo claramente neoliberal.

Mercado laboral

El primer gran paso en este proyecto inició su veloz debate inmediatamente después de elegido el nuevo presidente. Se trató del proyecto de reforma laboral, aprobado en septiembre de 2012, y cuya principal iniciativa está centrada en flexibilizar el empleo formal, atando mejoras salariales a compromisos de productividad e impulsando el ingreso del capital privado a la previsión social y la seguridad social. El argumento fue que, a través de la flexibilización, las empresas invertirían y crearían más empleo. Aprobar la reforma requirió de un conjunto muy amplio de negociaciones y acuerdos, tanto con los viejos y fuertes sindicatos mexicanos, como con los demás partidos con representación nacional (en lo que se conoció como el Pacto por México). Como en anteriores oportunidades, el peso de estos compromisos dificultó que la reforma fuera todo lo flexibilizadora que las cámaras empresariales demandaban, pero representó un paso más en esta dirección. Por ello, la Confederación Patronal de México (COPARMEX) no tuvo demoras en enfatizar su apoyo al proyecto.

No deja de llamar la atención la prioridad dada a esta reforma, considerando el nivel de precarización laboral existente en México. Según datos de CEPAL, cerca del 63% de los trabajadores están ocupados en el sector informal, sin acceso a los beneficios de seguridad y previsión social, ni estabilidad laboral alguna. Se trata, en gran medida, de trabajadores autoempleados en sectores de muy baja productividad: básicamente, vendedores en la vía pública. El desempleo en México no es alto debido a la gran cantidad de trabajadores volcados a este tipo de ocupación. La reforma laboral no afecta de modo directo a esta mayoría de trabajadores, sino que afecta ante todo a los ocupados en el sector formal.

Dos de los principales sectores de empleo dentro del mercado formal son las finanzas y la industria, a través de la maquila. Estos sectores han tenido un gran impulso desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto a Estados Unidos y Canadá. Tratar de flexibilizar y abaratar más la fuerza de trabajo a través de la reforma es, al menos, extraño. El salario real mínimo ha caído sistemáticamente desde 1980. Más de la mitad de los mexicanos gana entre uno y tres salarios mínimos, es decir, aún ocupados, están condenados a la pobreza.

El continuo deterioro de los salarios ha sido de alguna forma reconocido por el presidente en estos días, al prometer un aumento de los créditos al consumo para paliar la situación. Hablando de una nueva reforma financiera, adujo que popularizar el crédito permitiría a muchos salir de la informalidad invirtiendo en sus propios negocios. Si la reforma laboral no formaliza empleo flexibilizado, la reforma financiera deberá incentivar el “emprendedorismo”. Actualmente los trabajadores informales acceden a crédito para el consumo a tasas muy elevadas.

Privatización y ajuste fiscal

Una tercera reforma en camino es la apertura de Petróleos Mexicanos al capital privado, siguiendo el modelo de Petrobras, según se afirma. Aduciendo una fuerte ineficiencia de la conducción estatal, se apuesta a mejorar los rendimientos a partir de una reestructuración de la empresa en función de estándares de calidad privados. Además de implicar un negocio gigantesco en una petrolera de larga trayectoria (creada bajo la misma impronta que YPF), la pérdida de control de la empresa representaría una gran dificultad para el Estado mexicano, que depende en un gran porcentaje de los ingresos petroleros, pues tiene una muy baja imposición fiscal. De perder control de la empresa, estos ingresos se mermarían, poniendo en jaque las finanzas mexicanas. Para compensarlo, el gobierno ya ha anunciado, por un lado, recortes en el Estado (se habló de reducir el número de representantes en el Congreso), y por otro lado, de incrementar la imposición por impuesto al valor agregado a los alimentos y los remedios. El impacto de esto último claramente recae sobre la población con menos recursos.

Como señalamos al comienzo, la mayor parte de estas orientaciones de política económica parecen tomadas del escenario latinoamericano de fines de los ochenta y principios de los noventa. Debemos recordar que esas políticas mostraron su fracaso en los sucesivos estallidos sociales a lo largo del continente.

Sin embargo, no debe creerse que la política económica de México está atrasada en su orientación. Más bien, por momentos parece muy a la moda: si observamos con detenimiento, no es difícil ver el parecido con las políticas impulsadas en toda Europa ante la crisis. Ajuste fiscal, promoción de las finanzas, flexibilización laboral, oportunidades de negocio al capital. En este sentido, el nuevo gobierno de México parece haber elegido por modelo económico el mandato de los organismos multilaterales de crédito, desmereciendo las pruebas de su fracaso en los países de la región.

Autodefensa ciudadana en Michoacán, primera parte: “un movimiento rápido y simultáneo contra el crimen organizado”

Por Subversiones AAC

Este reportaje fue realizado por Subversiones AAC

El siguiente video muestra la entrevista realizada a uno de los Consejeros Generales del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Pese al cerco policiaco y militar, la Agencia SubVersiones logró adentrarse en esta región conocida como Tierra Caliente y escuchar de primera mano varios testimonios acerca de la situación de violencia e inseguridad que se vive en esa zona. Fuimos testigos de la organización comunitaria que ha logrado frenar los ataques de la organización llamada Caballeros Templarios y de la ineptitud de los cuerpos federales y militares. Lo que testificamos es a varias poblaciones procurando su seguridad y la reconstrucción del tejido social que la guerra entre distintas organizaciones del crímen organizado había fracturado. Ponemos a disposición del público en general el siguiente video como un adelanto del reportaje completo que circulará en los siguientes días. Pedimos se vea y/o escuche esta entrevista con atención.
Nuestra labor informativa en Michoacán nos ha llevado a investigar distintos aspectos y aristas de los procesos sociales que consideramos pertinente difundir en otras latitudes de México. Creemos importante aportar elementos de análisis para desentrañar las complejidades de una sitiación nacional que se mira preocupante.

Autodefensa ciudadana en Michoacán, primera parte: “un movimiento rápido y simultáneo contra el crimen organizado” from SubVersiones on Vimeo.

Juchitán: La Batalla en la barricada del 26 de marzo

Por Francisco Guerra

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Artículo fue publicado en Pluma22

Hay lugares en México en los que empieza a oler a revolución. Allí están los policías comunitarios con sus pañoletas y viejos rifles. Los estudiantes normalistas de Tiripetío retienen durante días 60 vehículos y a funcionarios del gobierno porque no encontraron otra manera de defender sus derechos. En Juchitán existe una barricada para impedir el paso de los camiones de la empresa española a las tierras comunales. En este lugar el 26 de marzo de este año el gobierno del perredista Gabino Cué envió a cientos de policías a destruir tal barricada, lo que significó apalear y herir sin misericordia a los lugareños –muchos de ellos mujeres- que se encontraban en ella.

El profesor zapoteca y socialista Francisco Guerra Santiago nos entregó el siguiente relato de la batalla que se suscitó luego de que las fuerzas represivas del gobierno llegasen a servir a los empresarios extranjeros.


Aquella mañana del  26 de marzo se preveía un día de intenso calor. Desde temprano en la barricada de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), establecida en la Séptima Sección (Juchitán se divide en nueve secciones), sobre la carretera que conduce a Playa Vicente, se discutía en zapoteco sobre la urgencia de que una numerosa brigada de compañeros saliera a cerrar una brecha alterna que habían abierto las empresas eólicas para evadir la barricada y así introducir su maquinaria. Con esta artimaña las empresas pretendían continuar con la construcción del Parque Eólico Bii yosxo (Viento fuerte). Se tomó la decisión de que una brigada fuera a cerrar tal brecha.

 

Las mujeres juchitecas

Tras la salida de la brigada sólo quedaron en la barricada una veintena de mujeres, junto con algunos ancianos. Poco después del mediodía más de 20 camionetas de la Policía Estatal Preventiva ingresaron a la Séptima Sección con más de 200 elementos. Iban armados con toletes, escudos y gas lacrimógeno con la finalidad de desalojar la barricada que bloqueaba el paso de camiones a la carretera a Playa Vicente.

Cuando las compañeras mujeres que estaban en la barricada vieron el operativo de desalojo, una de ellas logró escabullirse para solicitar el apoyo de la población. Mientras tanto, las demás mujeres enfrentaron a los policías que viéndose superiores en número y armamento las golpearon con saña. Estas combativas abuelas, madres e hijas resistieron la agresión.

 

Se desata la fuerza e ira populares

En algunas casas los vecinos tienen altavoces para vender comida. Ahora uno de estos aparatos sirvió para solicitar la ayuda popular. Cientos de personas salieron de sus casas con palos y piedras a enfrentar a los policías. Por todos los callejones aparecieron hombres, mujeres y niños.

Al mismo tiempo que todo esto acontecía, la brigada que había partido en la mañana regresaba. Ya con toda esta fuerza miles de piedras surcaron los aires e hicieron blanco en los policías, mientras los palos hacían añicos sus escudos y rebotaban en sus cuerpos. La multitud crecía. Fue entonces que los policías, llenos de pánico, se desprendieron de sus toletes, cascos, chalecos antibalas y lo que quedaba de sus escudos, con tal de lograr escapar. A tropel cruzaron los terrenos de cultivo. Como pudieron avanzaron más de 10 kilómetros en dirección hacia el oriente, arrastrando a los caídos, y en algunos casos los abandonaron entre los matorrales, de donde más tarde fueron recogidos por rescatistas de la Cruz Roja y de Protección Ciudadana.

Carlos Sánchez López, coordinador de Radio Totopo, fue uno de los protagonistas de este violento enfrentamiento. En entrevista con el profesor Miguel Linares dice que, de parte del pueblo, “tenemos heridos de gravedad, a los que más de un mes después seguimos cuidando. Pero salimos victoriosos contra las policías del gobernador Gabino Cué. El gobierno aceptó su derrota aunque dijo que fue una acción “mal planeada”, No fue eso sino la respuesta del pueblo cuando tiene la razón. Por eso las fuerzas represivas fueron derrotadas rotundamente.”

AMERICA LATINA: ¿CRECIMIENTO ECONOMICO A FAVOR DE QUIEN?

Por Hugo cedeño. NUPORI

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Santo Domingo, Republica Dominicana.

Los últimos informes del Fondo Monetario y el Banco Mundial, embellecen el desarrollo económico de América Latina y el Caribe. Elogian “su crecimiento robusto” e instan a sus respectivos gobiernos a “aprovechar el momento para hacer reformas”
Es incuestionable, que coyunturalmente, la crisis económica y social por la que atraviesan los países imperialistas, ha sido un alivio para la mayoría de los gobiernos del continente.
Muchos capitales sin oficio en Europa y estados Unidos son invertidos en la región con la finalidad de lograr mayores tasas de ganancia.
Los datos arrojados por los analistas señalan que parte de las inversiones tienden hacia turismo, comunicación e inmobiliarias.
Otros capitales se dirigen a empresas ya instaladas, asociados a capitales nativos o Estatal, mediante el sistema Joint Ventures.
Por ejemplo, en Republica Dominicana se ha realizado la venta de la mayoría de las acciones de empresas locales que habían tenido una trayectoria de éxitos. Algunas de estas, incluso, con amplio mercado en el exterior, tales como la licorera Brugal & Compañía, Helados Bon, la Cervecería Nacional Dominicana, Embotelladora Dominicana, que pasó al control del grupo cervecero brasileño Ambev, adquiriendo el 51% de sus acciones, la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom), fue vendida en un 100 por ciento a la firma global Advent International.
Todo indica que muy pocos recursos se dirigen hacia nuevos sectores productivos para favorecer la ampliación del mercado interno.
Son inversiones que frente a cualquier eventualidad política se retiran a buscar nuevas y mejores oportunidades de inversión. De ahí su nombre de “capitales golondrinos”.
Por otro lado, en promedio, las empresas transnacionales repatrían a sus casas matrices una proporción de sus utilidades ligeramente superior (55%) a la que reinvierten en los países de la región donde fueron generadas (45%). Muy pocas de esas ganancias es reinvertida en el país en que se generan.
Muchas de estas compañías extranjeras elevan el costo de producción mediante gastos superfluos, altos salarios y privilegios de sus ejecutivos, sobre todo los extranjeros.
Otras reciben subvenciones gubernamentales amparadas en que la actividad económica no le genera buenos ingresos y si el gobierno decide rescindir el contrato tiene que pagar todo el dinero que supuestamente deja de ganar la empresa por los años faltantes para finalizar el acuerdo.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que las inversiones que llegan al continente en nada modifican la cruda realidad que padecen los trabajadores y amplios sectores de las masas.
Lo cierto es que a pesar del publicitado “crecimiento económico” las desigualdades sociales empeoran y la pobreza crece como una bola de nieve cuesta abajo.
Nos explotan y saquean:
La entrega de los recursos naturales a los monopolios es una política que ha generado grandes ganancias a las multinacionales, ingresos fiscales a los gobiernos y mucho dinero a los funcionarios corruptos.
Sin tomar en cuenta que las mega-minería destruyen el sistema ecológico, la agricultura y ganadería, cultura y estilo de vida de comunidades aborígenes, los gobiernos firman contratos onerosos que atentan contra la soberanía e independencias nacionales.
La participación del sector minero es tal, que por ejemplo, en Chile representa el 15% de la economía, en Bolivia el 10% o más, lo mismo que para México, Colombia y Venezuela. Si esta tendencia sigue, dentro de 10 años será del 12.5% para toda la región.
En países como Haití, las empresas mineras como la canadiense Majescor, Newmnt, Eurasian Mineral, exploten el 15% del su territorio, (3, 885 KM2).
Para facilitárselo el Fondo de Reconstrucción de Haití, que controla Bill Clinton, prioriza las inversiones en comunicación terrestre, puertos y aéreo puertos, que sirvan para el transporte de las toneladas de oro, plata y otros minerales.
Lo mismo hace la mayoría de los gobiernos del continente para facilitar el transporte de los minerales que extraen los monopolios mineros, además de brindarles seguridad asignándoles militares y policías para custodiar sus instalaciones.
En fin, a pesar de que el FMI, el Banco Mundial y los distintos gobiernos del continente hacen hasta lo imposible para publicitar el “crecimiento económico” en la región, lo cierto es que no pueden ocultar los siguientes datos:
128 millones de personas viven en villa-miserias.
El 41% vive en la pobreza y el 20% por debajo de la misma.
De los 15 países del mundo con mayor desigualdad social 10 son de América latina y el Caribe.
Las mujeres y la población indígena y afro descendientes son los grupos más afectados. Tienen que vivir con 1$ por día, en promedio
Las mujeres de la región reciben un menor salario que los hombres por igual trabajo, tienen mayor presencia en la economía informal y acarrean con una doble carga laboral.
Seis de cada 10 jóvenes sólo consiguen trabajo en condiciones de informalidad. En la región hay 22 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, en gran parte debido al desaliento que genera un mercado laboral con escasas oportunidades.
De acuerdo con datos del Estudio Mundial de Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños, se muestra que Latinoamérica tiene una tasa de homicidios representativa, entre adolescentes de 15 a 17 años, un promedio de 22.3 homicidios (37.7 niños y 6.5 niñas) por cada 100 mil habitantes.
De los 130 millones de familias que viven en las ciudades de Latinoamérica, 5 millones están obligados a compartir vivienda con otra familia, 3 millones residen en viviendas irreparables y otros 34 millones habitan en inmuebles que carecen de título de propiedad, agua potable, saneamiento, pisos adecuados o espacio suficiente.
Además, la gran mayoría de estas viviendas están situadas en barrios que carecen de facilidades urbanas básicas como transporte público, parques y hospitales.
El 21% de las viviendas urbanas latinoamericanas no tienen la infraestructura básica necesaria (destaca la carencia de saneamiento, un 15%, y la carencia de agua potable, un 9%).
Por otro lado, el 12% de las viviendas latinoamericanas están construidas con materiales deficientes (un 6% de la vivienda urbana latinoamericana tiene el suelo de tierra).
El 40 por ciento de los matriculados en escuelas de la región alcanza solamente nueve años de escolarización, lo que se considera internacionalmente como una situación de “indigencia educativa
En América Latina y el Caribe la inequidad en salud afecta principalmente a los grupos más vulnerables: personas en situación de pobreza, mujeres (que son generalmente las responsables de la salud en las familias), niños, grupos étnicos minoritarios, pobladores rurales.
Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) más de un cuarto de la población latinoamericana carece de acceso regular a servicios básicos de salud, y algo más de la mitad cuenta con algún seguro de salud, público o privado.
Dentro del capitalismo esta realidad no puede cambiar:
Los trabajadores y demás sectores empobrecidos nada pueden esperar del modelo económico capitalista que tanto alaba el FMI y el Banco Mundial y que naturalmente sirve a sus propios intereses y los que representan.
Cuando estos aparatos dicen que hay crecimiento económico en la región lo que indica es que si los gobiernos sacrifican a sus trabajadores y demás sectores de masas, tendrán mucho dinero para pagar la deuda externa e interna.
De manera que lo que para estos sectores es bueno y digno de alabanzas, para los explotados se traduce en sangre, sudor y sufrimientos.
Los trabajadores deben tomar en sus manos su propio destino.
Para poder construir un modelo a favor de los trabajadores, explotados y oprimidos, solo tienen que tomar en sus manos su destino confiando en su propia fuerza.
Es tarea de los revolucionarios y revolucionarias socialistas ayudarlos a encontrar la forma de lograrlo, sobre todo, en lo que a elaboración del programa, la política, el método, las consignas y las distintas tácticas se refiere.
Y no hay otra forma que no sea tomar en cuenta la realidad objetiva en que se desenvuelve la lucha de clase en el mundo, el continente y cada nación en concretas, las necesidades de las masas trabajadoras y la experiencia que hacen con sus direcciones.
Pero además, saber actuar con la táctica política concreta y en el momento preciso para que empalme con las masas trabajadoras y la convierta en realidad.
Porque no basta con tener política correcta, sino se plantea a tiempo, porque la lucha de clase no espera, sino que exige que las correcciones se hagan al calor del movimiento de masas.

Pronunciamiento contra amenazas y hostigamientos

#Yosoy132 Juárez

El movimiento #Yosoy132 denuncia los hostigamientos recibidos a partir del plantón 10 de mayo: 24hrs por nuestras hijas desaparecidas, por parte del Estado.

EL CARBÓN Y LA ENTRAÑA

POR EMILIANO RUIZ PARRA

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Éste texto fue publicado en la revista Gatopardo

A siete años de la tragedia de los mineros en Pasta de Conchos, Coahuila, estos son los testimonios de los hombres, y sus familias, que han bajado a las entrañas de la tierra, con pésimas condiciones de trabajo, entre la corrupción y la ilegalidad.

Minas de Barroterán
Este pueblo empezó hace años su camino hacia la destrucción y, de no ser rescatado de la ruina, en unas décadas desaparecerá de la Tierra como otros pueblos de la Región Carbonífera. Minas de Barroterán sobrevive a una guerra que no se ha librado nunca: los pozos de carbón se convierten en tumbas adornadas con cruces de hierro y flores de plástico; hombres mutilados deambulan por las calles apoyados en bastones o montados en sillas de ruedas. El río está envenenado, torbellinos de polvo surcan sus cielos y taludes de ceniza se acumulan sobre la tierra ociosa, porque en la Región Carbonífera de Coahuila —al noreste de México— todo es desechable: los brazos y las piernas de los mineros; los escombros que algún día fueron cines, parques y albercas; las minas y los pozos de carbón y, sobre todo, la vida de los hombres. Lo saben las grandes empresas mineras y los caciques locales que hacen negocio con el mineral: cada vez que un minero muere asfixiado, ahogado o sepultado, su hijo se dispondrá a bajar a los “pocitos” a rascar las entrañas del planeta a cambio de un sueldo jodido y jugándose el pellejo en cada palada de carbón.

La madrugada del 19 de febrero de 2006, una explosión de gas sepultó a sesenta y cinco mineros en la Unidad 8 de Pasta de Conchos, una mina situada en el municipio de San Juan de Sabinas. Desde entonces, otros noventa y cuatro hombres han muerto en la minería del carbón en la Región Carbonífera de Coahuila. Rutinariamente, las tragedias del subsuelo dejan uno o dos muertos. Pero a veces las cifras crecen, como el 3 de mayo de 2011, cuando una explosión en el pocito número III de Beneficios Internacionales del Norte (BINSA) mató a catorce mineros y dejó lisiado —sin un brazo— a un niño de catorce años de edad que trabajaba como ganchero.

Los registros históricos alimentan la estadística: en 1889, 300 muertos en la mina El Hondo; 1908, 200 muertos en la mina 3 de Rosita y 100 en la mina 2 de Palaú; 1910, 300 en la mina 2 de Esperanzas; 1925, 41 en la mina 4 de Palaú; 1934, 57 en la mina 6 de Rosita; 1939, 67 en la mina 5 de Palaú; 1969, 153 en la mina Guadalupe de Barroterán; 1988, 37 mineros en la mina 4.5 de Esperanzas; 2001, 12 muertos en La Morita, y 2002, 13 muertos en el pozo La Espuelita, sólo por mencionar cifras de dos dígitos en adelante. En todos los casos se han recuperado los cuerpos, salvo en los siniestros de 1889 y en la mina 8 de Pasta de Conchos de febrero de 2006.

De la Región Carbonífera de Coahuila se extraen arriba de tres mil millones de toneladas de carbón al año. Con la mayor parte de ese carbón, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genera 10% de su energía. El gobierno del estado de Coahuila funge como intermediario entre los productores y la CFE por medio de la empresa paraestatal Promotora para el Desarrollo Minero (Prodemi). De acuerdo con la Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC), sesenta y nueve de las setenta y una empresas registradas en la Prodemi incumplen con alguna regulación laboral.

La Región Carbonífera de Coahuila abarca unos dieciséis mil kilómetros cuadrados al norte de la entidad. La conforman los municipios de Sabinas, San Juan de Sabinas, Melchor Múzquiz, Progreso y Piedras Negras; 90% de las reservas mexicanas de carbón yacen debajo de esta región.

La esperanza de Cristina Auerbach
Cristina Auerbach cambió la colonia Del Valle —un barrio de clase media en la ciudad de México— por Barroterán, el pueblo más pobre de la Región Carbonífera. Pero no perdió su estilo: la mañana del 17 de marzo de 2013, cuando abordó su camioneta Toyota Cruiser camino a la mina El Progreso, una gargantilla y aretes de plata enmarcaban su rostro y había peinado su cabello corto con pistola de aire.

Llegó a la Carbonífera el 21 de febrero de 2006, dos días después de la explosión de la Unidad 8 de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas: “Desde entonces no tengo ojos ni corazón, ni tiempo ni esperanza que no sea para la minería del carbón”, afirma. Auerbach, con más de trescientos cincuenta familiares de los mineros sepultados en Pasta de Conchos, fundó la OFPC, que demandó al Estado mexicano ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para exigir la recuperación de los sesenta y tres cuerpos que permanecen en la mina (se rescataron los restos de dos trabajadores que perecieron más cerca de la superficie).

A partir del siniestro, Auerbach alternó su vida entre la ciudad de México y esta porción del estado de Coahuila durante cuatro años. Hasta que tuvo que enfrentar una disyuntiva: el exilio en Europa o la residencia en la región.

Desde que asumió la defensa de los trabajadores de la Carbonífera y se enfrentó a los caciques de la minería, su vida en la ciudad de México se había tornado una pesadilla. En agosto de 2007 la golpearon en la cochera de su casa. No le robaron joyas ni dinero, sólo su computadora y sus medicamentos para el control de la diabetes. A los pocos meses, hombres disfrazados de policías federales pretendieron entrar a su domicilio. Y tiempo después, para que no hubiera dudas, le aflojaron los birlos de las cuatro llantas de su camioneta. Y eso que ya la acompañaba una escolta del Gobierno del Distrito Federal.

Su grupo de defensores de derechos humanos, conformado por sacerdotes y laicos progresistas de la Compañía de Jesús —reunidos en el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal)— preparó su salida del país. Austria. Dos años mientras se enfriaban las cosas. Ella misma lo meditó. Pero al final no se fue a ninguna parte más que a este desierto carbonero: “Nos preguntamos cómo hacer transparente la presencia de Dios en la Región Carbonífera. Y supimos que la respuesta estaba aquí mismo, no en ir y venir”.

Vuelta a Minas de Barroterán
El torbellino de polvo negro surgió de la planta lavadora La Florida y ascendió tan alto que Cristina Auerbach dijo que Dios se enojaría porque habría de llegarle hasta las narices. Hace décadas había tantas flores en este pueblito minero que lo nombraron así: La Florida. Pero llegó Altos Hornos de México (AHMSA) y convirtió sus alrededores en un basurero de terreros grises. El paisaje se asemejaba más a las fotografías de los cráteres de la Luna, de vez en cuando interrumpidos por alguna cancha de basquetbol que AHMSA construyó para agradar a la comunidad.

En Minas de Barroterán hay una piscina, chapoteadero, canchas de basquetbol y vestidores para los mineros. Pero desde hace un cuarto de siglo la alberca y el chapoteadero están secos. La maleza devora las paredes de los vestidores, que hieden a orines y caca. Y en el lecho de las albercas yacen restos de llantas, botellas de plástico y leyendas pintarrajeadas que promueven el consumo de Cheetos.

A sólo unos metros de unas gradas para ver el basquetbol no quedaba nada más que sus esqueletos de fierro resignados a la herrumbre. El conjunto perteneció a las instalaciones deportivas de la sección 175 del Sindicato Minero. En la década de 1980, Barroterán vivió un auge por decreto presidencial. Pero al poco tiempo se impuso la condición de los pueblos de la Región Carbonífera: son desechables como las colillas de los cigarros.

En Minas de Barroterán no hay un parque, un cine ni una casa de cultura. El quiosco no tiene techo ni hay sombras en la plaza, y en esta región la temperatura rebasa los cuarenta grados. La única manifestación cultural visible es el monumento al minero caído: una madre carga el cuerpo flácido de un hombre ahogado o asfixiado.

Los caciques mineros, los periódicos locales, los gobernadores han asociado la muerte con el deber, como si los trabajadores fueran soldados en tiempos de guerra: los mineros fallecidos, dicen los diarios, “murieron en el cumplimiento de su deber”. El ex gobernador Jorge Torres declaró en mayo de 2012, al recordar a las catorce víctimas del pozo III de BINSA en el ejido El Mezquite: “De nueva cuenta pagaron con su vida, a manera de ofrenda, por la osadía de arrancar el negro energético de las entrañas de nuestra querida Región Carbonífera”.

Más allá de las avenidas principales, las calles no se han pavimentado, y las casas de interés social para los mineros son tan pequeñas que recuerdan las que describió Émile Zola en la novela Germinal. Minas de Barroterán es tan parecido al Montsou del escritor francés del siglo XIX, que la única diferencia mayor es que ahora se sumaron tres actores nuevos: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), un sindicato propatronal y los Zetas.

Si acaso su proceso de autodestrucción no se detiene, Minas de Barroterán no será el primer pueblo minero en desvanecerse. San Felipe el Hondo, en el municipio de Sabinas y cuna del cineasta Emilio el Indio Fernández, fue uno de los pueblos más importantes de la Región Carbonífera a fines del siglo XIX, con unos ocho mil habitantes. Sin embargo, como afirma Otto Schober en el diario Zócalo, “dejó de explotar sus minas hacia 1910 y hacia 1915 fue totalmente abandonado por sus habitantes”. Un reportero del diario Vanguardia acudió en 2012 a donde estuvo el pueblo: “Hoy todo es ruinas y ranchos privados”, escribió.

Los monólogos del carbón: Jorge Alberto Ibarra Escareño
Trabajé unos tres años en la mina 8 de Pasta de Conchos. Luego en los pozos de carbón y ahí quedé inservible. En Pasta de Conchos yo era caminero: de los que transportan el polvo inerte, la madera, las vigas. Dejé Pasta unos cuatro años antes de la explosión: era muy poca seguridad, más aparte los sueldos que te dan. Yo era de los del mero fondo: ganaba quinientos ochenta pesos a la semana. Me fui a los pozos porque me platicaron que ganas más. En los pozos te pagan por lo que hagas a destajo. Para la una de la tarde ya estaba en mi casa con quinientos, seiscientos pesos diarios.

Te abajan en un bote de la basura enganchado con un malacate. Hay pozos de veinte, de sententa, de cien metros. Y andas agachado, empinado todo el día. Usamos pistolas de aire. Tienes que tumbar diez carretillas para que equivalga a una tonelada. La pistola pesa unos veinte o veinticinco kilos, es toda de fierro. Nada más picas el gatillo y se oye ruuurrr y empieza el polvo.

En los pozos andas en “chores”. A veces traes botas de hule, no siempre. Más aparte trabajas sin camisa porque acabas empapado de sudor. Al mes quedas bien delgado y liviano. Si quieres dinero tienes que trabajar rápido. Los sábados el patrón trae una mochila de feria y no te da recibo ni nada.

El pocito estaba por la salida a Piedras Negras. Nosotros entrábamos a las dos de la tarde. Éramos una tercia: dos manteando y uno tumbando con la pistola el carbón. Yo estaba “carretillando”: cuando tumbas el carbón lo tienes que transportar por medio de carretilla. El cañón tenía doscientos sesenta metros de largo y para abajo unos treinta y tres metros.

Llené la carretilla y quise levantarme cuando sentí la tierra que se me vino. Me enganchó el pie y me lo quebró. Me tuvieron que transportar en la carretilla doscientos sesenta metros. Me metí al bote quebrado de mi pierna. No teníamos Seguro Social. El patrón se llamaba Juan Manuel Lares Martínez.

No había camilla. Me echaron en un cobertor y me subieron en una “troca” del hijo de mi patrón. Me aventaron en la clínica. Yo ahí estaba en el suelo. Iba gente pasando y les pedí el teléfono porque, en el tiempo ése, la mamá de mis hijas trabajaba en una empresa y yo tenía Seguro Social por parte de mi esposa.

Ese mismo día el patrón me dijo que si lo denunciaba, mi familia iba a sufrir las consecuencias, como supuestamente anda con los Zetas. Todos los pocitos que están fuera de la ley pagan cuota. Y yo no dije nada, hasta con el tiempo viéndome yo mi pie, me dije: “Pues vale más que le mueva, porque para toda mi vida voy a estar mal”. Yo como quiera me decidí y lo hago por mis hijas, y ya si me dan un balazo descanso.

En el cuaderno que llevé pa’ México, que se lo di a la Secretaría del Trabajo, venía las cuotas: al presidente municipal cinco mil, al comandante de los Zetas diez mil y a los del PRI tres mil pesos.

A los seis meses recaí y me volvieron a quebrar otra vez para ponerme los fierros. Y tengo que volver a ir a que me cambien los fierros: van a ser tres veces que me han quebrado el pie. Y me ha costado la sangre: acá lo que se usa es que tú le das una feria al donador para que te done la sangre.
Qué más quisiera que trabajar, tengo cuatro niñas: una en la prepa, otra en la secundaria federal; la tercera, que está en sexto, y una más en quinto. La mamá de ellas hace tortillas y ellas le echan una mano. Yo de mi parte no les doy porque no puedo. Cuando jalaba sí, todo estaba bueno. Pero yo vivo con mi mamá, que es una persona pensionada, porque pos yo de ‘ónde.

No tengo pensión. Le había puesto una demanda en Sabinas, Coahuila, pero se declararon incompetentes porque este señor Lares suelta feria y se quedan callados. De ahí me pasé a la Junta de Saltillo y de ahí no he “recebido” respuesta de nadie. La última vez fue el patrón y negó todo: que no me conoce ni nada.

Como a los quince días se mató Adrián con el mismo patrón, bajándolo a un pozo: le echaron la culpa de que se había intoxicado con una comida. Pero al pozo vas bien comido: si no comes, a los veinte minutos andas todo “zurumbato”. El último que se le accidentó a Lares tiene fractura de cráneo. Y hay más [accidentados] pero están amenazados.

Pido trabajo y me miran el pie. Y les digo que de velador y me dicen que no. El lunes tengo que ir con el doctor para que me programe, me vuelva a quebrar, y voy a estar en cama unos seis meses otra vez porque la tibia y el peroné están hechos garras.

De milagro estoy vivo. Si no se me hace justicia, no le hace, pero de perdida que quede para las generaciones, para los que vienen. He conocido muchos amigos que no viven para contarlo. Por lo mismo que no le ponen seguridad. Es raro cuando un encargado baja con el metanómetro.

Con mi patrón, el pocito le daba seiscientas ochenta toneladas a la semana. Al trabajador lo más bajito le pagan a cincuenta pesos tonelada y lo más a cien pesos. Pero estás hablando que hay gas. Más riesgo. Y no tienes Seguro. Yo me tardaba unos veinte minutos en sacar una tonelada. Con mi tercia estábamos sacando veintiún toneladas al día.

Estas gentes le venden el carbón a los que sí tienen concesión. Es lo que hacen aquí. Ellos de hecho no tienen concesión, no tienen permiso, no tienen nada. El pueblo se vende por unos cuantos pesos. Se lo pueden vender a Guadiana, a quien quieras, al mejor postor. Por decir, si IMMSA [Industrial Minera México] se lo paga a setecientos y los Guadiana en ochocientos, pues a Guadiana.

Hay pozos legales, que tienen todos los derechos, pero no te registran en el Seguro conforme a lo que ganas, te registran con cien pesos [al día]. En las minas tienes prestaciones de ley. En el pozo no tienes aguinaldo, no tienes ahorro. El pozo es para que hagas billete, arregles visa o pagues coyote.

De joven me fui al otro lado: San Antonio, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania. Allá hacía carpintería y tablarroca. La última vez duré cinco años, pero no pude estar mucho tiempo sin mis hijos. Vine a verlos, y como a los cuatro meses me pasó esto. Fue un miércoles. El sábado yo me iba a ir a Estados Unidos, pero ya no me fui.

Progreso y machete
Un hombre con un machete en la mano se acercó a nosotros. Su caminar era lento y accidentado como don Quijote después de una paliza. Gordo y viejo, era el cuidador de la mina El Progreso, ubicada a unos cientos de metros del poblado La Florida. Era también sobreviviente de la explosión de las minas 2 y 3 de Guadalupe, en 1969, donde murieron sepultados ciento cincuenta y tres mineros.

La triste figura del vigilante se correspondía con el escenario de la mina, más parecido a la locación de una película del Viejo Oeste que a una de las regiones con mayor potencial económico del país: una bandera de México, ennegrecida por el carbón, ondeaba sobre un riel con tres carros de acero. Y si la normativa minera exigía que hubiera un comedor, en esa mina —propiedad de un ex presidente municipal de la región—, un letrero con la leyenda “Comedor” adornaba un tejabán de lámina. Y si mandataba que hubiera un baño, ese requisito se subsanaba con un cuartucho sobre un hoyo en medio del patio. Y lo mismo con las medidas de seguridad: la supuesta salida de emergencia era un pocito a unas decenas de metros —supuestamente conectado a través del subsuelo— que no servía para sacar personas, sino para extraer más carbón.

A los pocos minutos, al sobreviviente de la explosión en Guadalupe, de nombre Jorge, se le sumó Fabio, otro vigilante de la mina, rengo de la pierna derecha, quien ganaba seiscientos pesos por cuarenta y ocho horas de cuidar las instalaciones.

Era la figura de Auerbach la que contrastaba con el talante melancólico de la mina. Delgada y sonriente, con gafas de sol y tenis Converse, bromeaba con los mineros: yo vengo a las minas los sábados, decía, para que no me corran los dueños, y así poder conversar con los trabajadores como ustedes. Les habló de sus derechos laborales y de la OFPC, que estaba luchando por un doble rescate: el de los sesenta y tres cuerpos de aquella mina y, aún más ambicioso, por el rescate integral de la Región Carbonífera: “Tenemos que empujar todos por una minería más segura para ustedes”. Les dio su dirección en Barroterán y les dijo que ahí los estaría esperando para cuando quisieran beber un vaso de agua y contar su historia.
El viejo sobreviviente le hizo ver que eran vecinos en Barroterán y le contó cómo se hacía la minería en sus años de juventud, con mulas de carga: “Valía más la mula que uno”.

La mina El Progreso había sido la última parada por un recorrido en los alrededores de Barroterán con Cristina Auerbach. Primera estación: un cementerio con trece cruces a la orilla de la carretera. Ahí había estado el pocito La Espuelita, donde murieron ahogados trece mineros el 23 de enero de 2002. Por el camino a La Florida nos topamos con cientos de colinas de polvo: son los desechos de los tajos a cielo abierto que ha dejado el Grupo Acerero del Norte (GAN), presidido por Alonso Ancira. Para compensar, el gan plantó arbolitos a la orilla de la carretera, construyó canchas de basquetbol y sembró letreros con la leyenda: “No tirar basura. Compromiso con la comunidad”.

Los monólogos del carbón: las buenas noticias de Cristina Auerbach
Aquí la vida es un milagro todos los días. Si hace siete años me hubieras dicho que estaría viviendo en Barroterán, me hubiera muerto de la risa. Es un pueblito de siete mil habitantes: el más despreciado, donde viven los mineros más pobres, más alcoholizados, los más olvidados y los que más riqueza han generado al país.

Estamos haciendo el recuento de las muertes no masivas, pero cotidianas. Son muertos de nadie, los muertos que no nos comprometen a nada. Y de los mutilados en las minas de carbón. Quedan subregistrados en el IMSS sueldos de cien pesos y reciben pensiones de dos mil pesos al mes. Hacemos el obligado trabajo asistencial de acompañar a sus familias y que tengan medicamentos mientras se están recuperando.

Es un horror esta región. Cómo hacemos para no volvernos locos en el intento y que no nos gane la muerte. Y a pesar de la tragedia, poder contar buenas noticias. Si algo hace la teología de la liberación en seguimiento a Jesús es contar buenas noticias. No sólo verdades, sino verdades que sean buenas noticias. En el horror y la muerte se hacen evidentes los signos de la vida.

Hemos tenido crisis muy fuertes, incluso de depresión. Estuve yendo con un psiquiatra año y medio después de Pasta de Conchos. Mi gran miedo —te digo que soy bien egoísta [ríe]— era que llegara el día que muriera alguien que yo conociera. Ya me pasó. Se suicidó el hijo de un minero que se rescató de un pozo después de una semana de estar adentro. El minero salió vivo, y al año dos meses se suicidó el chamaco de catorce años.

Para entender la Región Carbonífera hay que entender la historia del PRI en Coahuila. Es un negocio priista. Rogelio Montemayor —ex gobernador de Coahuila— es un cacique y coyote de la región. Muchos presidentes municipales tienen concesiones de carbón. Y no sólo Grupo México. Altos Hornos de México tiene minas.

Un pocito deja de ganancias cien mil pesos a la semana. Me he encontrado con pocitos en donde al velador no le dan ni una lámpara. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla de nuevos modelos de esclavitud, y ahí se inscribe la Región Carbonífera de Coahuila.

¿Cómo llegué aquí? Carlos Rodríguez [el fundador del Cereal] me dijo un día que si no lo quería acompañar con un grupo de obreras de la planta de Phillips que se estaban reuniendo. Les di un curso del rosario todos los lunes durante dos años. Salían agotadas y se iban al curso. Era el rosario visto desde la teología de liberación, por supuesto. Me impresionó tanto que a partir de ese momento me dediqué a cuestiones obreras.

Carlos Rodríguez estaba matriculado dos años antes que yo en el Colegio Máximo de Cristo Rey. A mí, Carlos se me hacía muy impresionante porque era un cura obrero. Es de un grado de exigencia brutal. Carlos no da tregua y no se da tregua. Es de un tenaz que raya en la terquedad.

Trabajamos con petroleros y electricistas, pero la minería del carbón nos dejó una huella entrañable, porque no sólo te enfrentas a la brutalidad de las contrarreformas laborales, sino al hecho de ir a los funerales de los mineros que mueren. Cuando nosotros llegamos a Pasta de Conchos, teníamos una experiencia acumulada de setenta años de trabajo con obreros.

Y todo esto, hasta mi llegada a Barroterán en la Región Carbonífera, se lo debo a Carlos Rodríguez. Fui formada teológicamente en la Compañía de Jesús, soy de espiritualidad ignaciana, pero la pasión por el mundo obrero, por el rostro desfigurado de las fábricas y de las minas, es contagio del trabajo de Carlos Rodríguez.

—¿El objetivo político es sindicalizar? —le pregunto.
Sería lo ideal, pero no hay condiciones. No vamos a pactar con ninguna fracción de ningún sindicato. Si el sindicato se pusiera las pilas, esto ya hubiera cambiado. Sólo el hecho de que tú como sindicato puedas emplazar a un pocero por seguridad, hace que cambies las cosas.
Antes se decía: explotó el gas, se cayó la mina, se inundó. O decían: el trabajador estaba parado en un lugar inseguro. Era culpa de la mina, como si tuviera vida propia, o del buey del trabajador. Nuestro acierto fue documentar las condiciones en las que muere: si estaba parado en un lugar inseguro, es porque estaba levantando el carbón que se cae de la banda con una pala. Y la banda no está parada. Se les traba la pala en la banda, los arrastra y los mata. Con el fin de no parar tu producción, tú empresa permites que paleen carbón con una banda en movimiento. Son muertes antinaturales que se vuelven bien desgarradoras.

Para nuestro trabajo hemos contado con el apoyo solidario de la Confederación de Sindicatos Holandeses y de algunas personas de buena voluntad. El obispo de esta diócesis, Alonso Garza, se queja de que se le ha dificultado evangelizar a los empresarios por culpa nuestra. Yo creo que sí se le dificulta porque no he visto que ninguno se convierta. Pero ha aprendido a respetarnos. A la primera semana casi corrió la voz de que no éramos católicos ni de la Iglesia. Pero ya perdió toda posibilidad de interferir en nuestro trabajo. Ahora sus mismos párrocos en cuestiones de pastoral social nos invitan a presentar el análisis.

Me sorprendió mucho cuando el siniestro del pocito III de BINSA, una gente de gobierno me dijo:
—¿Qué le hiciste al obispo? Llegó conmigo y con Javier Lozano [ex secretario del Trabajo] a decirnos que ustedes no son de la Iglesia.
—No hacemos nada más que afectar a sus benefactores —le respondí.

La ratonera de Pasta de Conchos
La mina 8 de Pasta de Conchos era una trampa de muerte. De acuerdo con Carlos Rodríguez Rivera, de la asociación civil Cereal, la mina que explotaba IMMSA —de Grupo México— no cumplía con condiciones mínimas de seguridad.

En el libro Pasta de Conchos: a una voz, ¡rescate, ya! (Cereal, 2012), expone las diversas violaciones a la normatividad que ponían en riesgo la vida de los mineros. Un ejemplo: el polvo de carbón que se desprende de la extracción del mineral es altamente explosivo; para volverlo incombustible, las tablas, el piso y el cielo de los cañones se rocían de “polvo inerte”, un material de rocas de carbonato de calcio.

Según un peritaje de la Procuraduría del estado de Coahuila, en Pasta de Conchos faltaban ciento noventa y nueve toneladas de polvo inerte para cubrir el 100% de la mina. Al momento de la explosión sólo estaba polveado el equivalente a 47%. Rodríguez Rivera añade que Pasta de Conchos tenía concentraciones de gas metano de 2.5%, cuando la norma obligaba que una mina debía detener sus trabajos si la concentración rebasaba 1.5% (tras el siniestro, la norma se endureció y obliga a detener los trabajos con 1% de concentración de ese gas, conocido como “el aliento del diablo”).

Los transformadores de la mina, sigue Rodríguez Rivera, eran obsoletos, emitían chispas y se les sometía a reparaciones continuas. Un turno antes de la explosión, un trabajador contó que bajó a la mina a soldar uno de ellos.

Rodríguez Rivera: “La mina no estaba soportada debidamente. No contaba con muros laterales sino en la bocamina, ni estaban emparrilladas todas las paredes de los cañones, ni tenía todas las vigas para evitar que se desplomara”.

En el primer informe Por una “cuerda de vida” para los mineros del carbón (febrero, 2007), firmado por el obispo Raúl Vera López, entre otros autores, se afirma que la mina no tenía ni siquiera una “cuerda de vida”: un lazo que le permitiera a los trabajadores evacuar en caso de siniestro y apagón: “No hubiera salvado la vida de los mineros, pero el hecho de que Pasta de Conchos no la tuviera refleja el enorme desprecio que Industrial Minera México, General de Hulla [empresa contratista con treinta y seis de los sesenta y cinco trabajadores sepultados] y el sindicato tenían por la vida”.

Desde 2006, Grupo México se negó a recuperar los cuerpos de los sesenta y tres mineros sepultados con el argumento de que la mina estaba inundada y los rescatistas podrían contagiarse de diversas enfermedades, entre ellas VIH. El gobierno federal, durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón, sostuvo un argumento similar: cualquier labor de rescate pondría en peligro a quien la emprendiera, basados en un informe del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En efecto, el Foro dijo que las labores de rescate eran inseguras: “El ingreso a la mina en las actuales circunstancias [...] es contundentemente desaconcejable [...] no obstante lo anterior, de revertirse sustancialmente las condiciones descritas en este dictamen, mediante la realización de obras y trabajos pertinentes, sería preciso llevar a cabo una nueva evaluación de las condiciones de seguridad e higiene y de esa manera determinar la viabilidad de un ingreso seguro a la misma”.

En febrero de 2010, trescientos cincuenta familiares de treinta y seis de los sesenta y cinco mineros sepultados interpusieron una demanda contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que exigían la restitución de su derecho a la verdad y la justicia, que sólo podía ser cumplido con el rescate de los cuerpos y la sanción a los responsables.

Los monólogos del carbón: Cristina Auerbach regresa al lugar de donde nunca debió haberse ido
Cuando llego a la ciudad de México, que venía de Mazatlán, empiezo en la Universidad Iberoamericana haciendo cursos de Filosofía y Teología, pero a los dos años estoy deprimidísima porque no era lo que yo esperaba. Como en muchas escuelas, se enseñan verdades de fe que se repiten, pero no se enseña a hacer teología.

Miguel Concha daba clases en la Ibero y él notó que no me hallaba:
—Tú no estás contenta aquí, ¿verdad?
—Me aburro mucho.
—Mañana te vas al teologado de los jesuitas y tratas de entrar ahí.
Y fui a su teologado, el Colegio Máximo de Cristo Rey, y nunca regresé a la Ibero ni por mis papeles.

Yo entré católica y salí feminista [ríe]. Sólo había otras dos alumnas mujeres, Georgina Zubiría y Maricarmen Bracamontes, y una sola maestra, Alicia Puente Lutteroth. Era un Club de Tobi.

El punto de nuestra discusión era cómo estar con los pobres: la teología de la liberación tuvo el gran acierto de hacer teología desde la realidad, pero una realidad sesgada por lo masculino y por la clase.

En el segundo año de Teología daba clases en universidad pontificia de México. Le daba clases a curas, y era mi venganza: los hacía trabajar muchísimo [ríe de nuevo]. En 1996 hice mi examen, y termino a los veintiséis años. Es un título muy sui géneris porque el Colegio Máximo de Cristo Rey ya estaba a punto de ser cerrado por presiones de la Iglesia (por su línea a favor de la teología de la liberación).

Me voy con una beca a la universidad de Lovaina. Pero llegando allá, empezó otra ola de persecución. La Iglesia decide que no vamos a ser admitidos quienes no tengamos un título de la Universidad Pontificia. Y para entonces yo ya estaba en Bélgica. Me metí primero a Lumen Vitae, de la Compañía de Jesús, pero me aburría horriblemente.

En las primeras vacaciones me fui a Madrid, a la universidad de Comillas. Me senté a hablar con el rector. Le propuse: por qué no ves lo que yo estudié y lo evalúan: lo que les quede a deber, se los pago. Cuando hacen el comparativo, ellos me debían a mí. Y sin embargo no podía entrar. Tenía que hacer dos años, un intermaster, y luego el doctorado. Y dije: ahí se ven. Me regresé al Distrito Federal. Y al poco tiempo llegó una carta del Vaticano: los egresados del teologado jesuita ya no estábamos autorizados a dar clase en la Universidad Pontificia.

Hay dos maneras de ser Iglesia y se parece al Periférico de la ciudad de México. Si te metes a los carriles centrales, no avanzas. Y si te vas por la lateral, eres parte de esa Iglesia y siempre hay cómo caminar con el pueblo sin estar atorado en discusiones internas.

Para mí, la etapa de estudios era provisional porque iba a regresar a Chiapas. Pero en 1992 me dio una diabetes muy severa, provocada por un virus. Tengo destruida parte del páncreas. No estaba en condiciones de irme allá en misión. Y de los novios, las dos últimas relaciones formales las terminé yo porque no me veía casada en el modelo al que se me invitaba. Y con una diabetes como ésa tampoco podía tener hijos. Aunque eso no implicó no haber tenido otras parejas.

Mi papá una vez me habló y me dijo: “Ni tú ni yo, vete de monja, pero no puedes andar suelta por el mundo”. Dos veces sí lo pensé, ser monja, muy en serio, pero me decidí por los mineros del carbón, porque no iba a ser compatible.

En 2006 hice un intento nuevamente de hacer un doctorado en la Universidad Javeriana de Colombia. Pero viene Pasta de Conchos. En 2007 fui a los primeros cursos y presenté mis trabajos, aunque me aburría mucho, y ya no volví a intentarlo.

La disyuntiva siempre me ha hecho escoger y siempre ha sido mejor quedarme en donde estoy o regresar a donde no debí haber salido.

Los caciques del carbón
En la minería del carbón se intersectan los intereses de dos grandes mineras mexicanas con el caciquismo regional agrupado en el PRI. El mayor concesionario de terrenos ricos en carbón es Alonso Ancira, presidente del GAN, quien le compró al Estado mexicano AHMSA en 1992 —sin capital propio, sino con deuda bancaria— cuando sostenía una amistad personal con el presidente Carlos Salinas de Gortari.

El otro gran concesionario es Germán Larrea Mota Velasco, ubicado en el número 40 de la lista Forbes con diecisiéis mil millones de dólares de fortuna personal y presidente de Grupo México. A Grupo México pertenecía IMMSA, la empresa que detentaba la concesión Pasta de Conchos cuando una explosión sepultó a sesenta y cinco mineros. De acuerdo con la revista Proceso (11 de junio de 2006), Larrea financió la campaña presidencial de Vicente Fox en 2000. Pero sus conexiones con la presidencia de la República vienen de más lejos: uno de los vicepresidentes de Grupo México, Juan Rebolledo Gout, fue secretario particular de Salinas de Gortari y después subsecretario de Relaciones Exteriores con Ernesto Zedillo. Grupo México también es dueño de Cinemex y Multicinemas, y Larrea posee un asiento en el Consejo de Grupo Televisa.

A la lista se agregan los productores locales, como José Luis Guadiana Tijerina, que factura a la CFE —a través de la Prodemi— unos cuatrocientos millones de pesos al año en carbón. Y de ahí, la pirámide baja a los cacicazgos regionales. Entre ellos destaca Rogelio Montemayor Seguy —también amigo de Salinas de Gortari— gobernador de Coahuila entre 1993 y 1999 y director general de Petróleos Mexicanos durante el escándalo del “Pemexgate”, el desvío millonario de recursos a la campaña de Francisco Labastida, aunque Montemayor fue exonerado de los cargos que presentó en su contra la Procuraduría General de la República (PGR).

El pocito III de BINSA, donde murieron asfixiados catorce mineros y un niño quedó lisiado, estaba concesionado a su hermano Jesús María Montemayor Seguy y a Alfonso González Garza. Actualmente, su sobrino Jesús María Montemayor Garza es presidente municipal de Sabinas, una de las ciudades más grandes de la Región Carbonífera. Rogelio Montemayor es también presidente de Grupo Signum, propietario de la lavadora de carbón que se ubica en Pasta de Conchos, a un lado de la mina donde quedaron sepultados sesenta y cinco mineros. Montemayor Seguy compró la lavadora mientras familiares de las víctimas mantenían un plantón alrededor para exigir el rescate de los cuerpos.

El periodista Arturo Rodríguez, de Proceso (8 de junio de 2011), escribió que “el 31 de julio de 2009, un grupo de 60 policías estatales, 40 guardias privados y 40 trabajadores irrumpieron en el predio del fundo, rodearon a los deudos de los mineros y los desalojaron. En la refriega resultaron lesionados la viuda Rosa María Mejía y César Ríos, hermano de un trabajador fallecido, así como un menor”. A raíz del desalojo, Montemayor asumió el control de la lavadora de carbón.

Agregó Arturo Rodríguez: “La familia Montemayor acumula al menos 26 concesiones en la Región Carbonífera coahuilense, según se desprende de un rastreo en el Registro Público de Minería. En total, tienen bajo su dominio 22 786 hectáreas”. Actualmente, Rogelio Montemayor es también consultor de Grupo México por medio de su empresa Redes de Confianza, que asesora al conglomerado de Larrea en la vinculación con las comunidades en las que explota minerales.

En marzo pasado, Rogelio Montemayor dijo que daría diez becas de mil quinientos pesos mensuales para que estudiantes de secundaria siguieran sus estudios de educación media superior. Y cedió en comodato la mansión de su padre en las calles de Amador Chapa y Zaragoza para un centro cultural. El 17 de marzo, un día después del anuncio, visité la casa del patriarca de los Montemayor —concesionario de Chrysler— y me llamó la atención una escultura en el jardín: era Francisco de Asís, el santo de los pobres.

A la explotación de carbón de las grandes empresas mineras como GAN y Grupo México, y a la de los caciques políticos de la región, hay que sumar un tercer actor: los Zetas.

El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, denunció el 21 de agosto que miembros de esta banda explotaban pocitos. El 7 de octubre, elementos de la Marina mataron en un combate callejero a Heriberto Lazcano, el Lazca —cuyo cadáver fue robado esa misma noche de una funeraria—, y las autoridades informaron que explotaba un pocito en Progreso, el mismo pueblo donde cayó muerto.

El diario Reforma publicó que la PGR investigaba a las empresas Impulsora JBN, Perforaciones Técnicas Industriales y Minera La Misión por sus vínculos con la banda de crimen organizado. De acuerdo con las fuentes del diario, los Zetas producían diez mil toneladas de carbón a la semana que vendían a seiscientos pesos cada una a empresas con contrato para vender carbón. La CFE las compra a arriba de novecientos pesos.

Las empresas vinculadas a los Zetas habían obtenido contratos del ex tesorero de Coahuila, Javier Villarreal Hernández, operador financiero del ex gobernador Humberto Moreira. Villarreal fue también el artífice del “Moreirazo”, como se le llamó a las operaciones financieras para que el estado de Coahuila contrajera deuda por cinco mil millones de pesos con papeles falsificados.

“De acuerdo con información oficial en poder de Grupo Reforma, José Luis Guadiana Tijerina —hermano del empresario Armando Guadiana Tijerina, principal promotor de los amparos contra la megadeuda heredada por Humberto Moreira, operador de Andrés Manuel López Obrador en Coahuila [y célebre por sus sombreros Stetson de cuatro mil dólares]—, ha permitido en los últimos años la operación de personas vinculadas con el crimen organizado en sus propiedades.

“La información oficial señala que el empresario posee un predio de 439 hectáreas en la microrregión Cloete Sur, donde operaron negocios pertenecientes a José Reynold y Joel Bermea Castilla, cuyas actividades son investigadas por la pgr y la Procuraduría [General] de Justicia del Estado de Coahuila”, afirmó Reforma en noviembre de 2012.

Los monólogos del carbón: José Luis de la Rosa Casillas
Me accidenté a los dieciocho y ya tengo dieciséis años en la silla de ruedas. Empecé a trabajar en las minas a los trece. Primero en el pozo del ingeniero Enrique Rincón, atrás de la Sánchez Garza. Estuve como unos ocho meses. Como a los dieciséis brinco a una mina de arrastre, Esperanza. Duré como un año y medio y nos salimos de ahí porque empezaba a faltar pago en los sobres. Luego me fui a Atlanta, a la plantación de árboles pero no me gustó. A mí me gustaba aquí.

Me accidenté un 5 de marzo del 1997. Empecé a trabajar en un pozo que se llamaba Minería Guzmán. Apenas iba a ser el primer día. Voy pa’ abajo, y como no estaba ademado y abajo había agua, el bote venía mojando las paredes, y como era pura tierra con piedras, se “desbocinó”. Y ya no volví a caminar. Decían que se me iba tirando la médula. Como quiera le doy gracias a Dios, porque cuando me operaron dijeron que iba a ser un vegetal.

Del tiempo que me accidenté pa’ acá ha sido mucho, mucho el cambio. Es desesperante que te bañen y te cambien: se hacía cargo mi mamá. Ahorita ya me valgo por mí, me baño, me cambio.

Si se llama pensión lo que le dan a uno: me daban novecientos sesenta pesos, ahora ya alcancé dos mil al mes. No me gusta dar lástima. Me dio coraje porque un chavo me dijo: por qué no pides limosna. Hace un tiempo me puse a cuidarle los gallos a un chavo y me pagaba cien pesos por semana. Pero ya no. Ahora me dedico a cuidarle la casa a un amigo que está del otro lado. Yo le doy vueltas y le barro.

En los pozos, si acaso anda el que checa el gas, baja al último cuando debería de bajar primero. Nomás quieren ganar, invertir un peso y sacar mil. Antes bajaban una gallina para checar si hay gas pero ahora ni la gallina bajan. Se les hace más caro una gallina que una vida.

La Zona Dorada de Cristina Auerbach
Su barrio en Mazatlán se llamaba la Zona Dorada: disponía de campos de golf, canchas de tenis y alberca climatizada. Y el barrio era la imagen del mundo: Cristina Auerbach estaba segura de que cualquier persona en esta tierra había elegido su trabajo por el puro gusto de hacerlo, y que el jardinero que le arreglaba el jardín estaba tan contento con su vida como su propio padre con su profesión de ingeniero naval.

Cristina había nacido en la ciudad de Guatemala en los tiempos del dictador Ydígoras, debido a que su padre había sido contratado para construir barcos camaroneros en ese país. El ingeniero se casó con una guatemalteca y vio nacer a cinco de sus seis hijos en Guatemala. La familia Auerbach Benavides regresó a la ciudad de México cuando Cristina, la tercera de sus hijas, había cumplido los cinco años.

“Mi papá es un hombre muy brillante y de ultraderecha. Mis hermanos y yo le decimos que si se sigue haciendo hacia allá se va a caer del mapa”, bromea Cristina. Tras estudiar primaria y secundaria en el Distrito Federal, la familia se mudó a la Zona Dorada de Mazatlán.

“Yo vivía en Mazatlán en un mundo de cristal. Recuerdo que una vez me mandaron en la camioneta a comprar algo. Fue la primera vez que vi un pobre y un indígena. Antes no tenía ojos para verlos. Agarré el carro y recorrí Mazatlán más allá de donde yo vivía, y me horrorizó”.

Sigue Auerbach: “Teníamos una vecina, doña Mati, divorciada y con seis hijos: ‘Es una bruja comunista’, decía mi papá, pero se llevaba rebién con ella. Cuando vi esas mujeres en esa pobreza, en casa de lámina a cuarenta grados, pensé que mi papá me diría la misma sarta de cosas. Y como doña Mati estaba loca, supuse que pensaría diferente.

“—Vengo a preguntarle por qué la pobreza. ¿Por qué, si se dice que todos son hijos de Dios, parece que unos son más que otros?

“—Te voy a pasar un libro pero lo escondes de tu papá.

“Y me dio el libro de Gustavo Gutiérrez, Beber en su propio pozo. Lo leí en un rato y no paraba de llorar. De ahí me prestó los libros de Un tal Jesús, de los hermanos López Vigil. Los leía cuando mi papá no estaba.

“Decidí que no veía un futuro feliz con un matrimonio convencional y me fui a México a buscar ayuda. Tuve un novio; me presentó a los maristas, y de ahí llegué con los Misioneros de Guadalupe. No me fui con la bendición papal: durante los primeros años mi padre ni siquiera me habló.

“Con los misioneros fui a Chiapas un año. Allá hice lo que hacemos todos los que llegamos: nada y puras burradas. Había ejidos que permitían hablar o saludar. Ahora recuerdo esos años y pienso: ‘Qué sarta de tonteras fui a decir’. Tenían trabajo en el ejido Castalia, que eran tojolabales, y en la sierra de Margaritas.

“Mi papá estaba furibundo y decepcionado. Como si yo ahorita tuviera un hijo y me dijera que se va con el Opus Dei: me corto las venas. Que me diga que además ésa es su felicidad: lo mato. Pero ni me mató ni se murió. Ahorita nos llevamos muy bien cuando hablamos sobre todo del clima [ríe otra vez]“.

Los monólogos del carbón: Trinidad Cantú Cortés, madre de Raúl Villasana Cantú
Mi hijo me decía: “Yo salí de milagro, amá”. Me lo dijo en diciembre, dos meses antes de matarse. No llegó a su casa hasta el otro día: “Es que se acaba de matar un compañero de nosotros y nos tuvimos que quedar al rescate. Me voy a salir de esa mina porque quiero irme para otro lado. Está muy feo ahí”. Raúl tenía treinta y dos años, y siete trabajando en Pasta de Conchos. Antes de esa explosión, todos los cuerpos se habían rescatado, y éstos son los primeros que IMMSA no nos quiso entregar.

Siempre fui muy metida adentro de la casa. Pero desde la muerte de mi hijo mi vida ha cambiado: estos siete años han sido de ir y venir. Agarro una maleta y suelto otra. Los otros hijos me dicen: por qué ya no está en la casa, por qué se sale a cada rato. Queremos verla aquí sentada.

Desde que conocí al padre Carlos Rodríguez, del Cereal, y a Cristina Auerbach, empecé a caminar con ellos. Primero permanecimos casi un año quedados en la mina, nada más veníamos a bañarnos a la casa. Cuando era Humberto Moreira el gobernador de Coahuila, estábamos en la mina y llegaron casi doscientos policías y nos agarraron y nos aventaron pa’ afuera.

Y empiezo a irme a México, a participar en los plantones que se hicieron en Secretaría del Trabajo. Después en Campos Elíseos donde están las oficinas de Grupo México. Ahí estuve un mes.

Fui a “Guáchinton”, para dejar la demanda internacional [ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en febrero de 2010]. Uno le pide a Dios que un día podamos rescatarlos y sentarme. Pero voy a quedar traumada, porque ya no puedo quedarme sentada esperando que me caiga todo del cielo. Treinta y cinco años tuve una vida así nomás: esperando que Raúl [su esposo, padre de Raúl] fuera a las minas y trabajara porque fue minero siempre. Ahora es pensionado. Gracias a Dios consiguió un trabajito de empacador voluntario en la Soriana.

Hoy buscamos también que la minería, que todos los mineros tengan seguridad. Rescatar a toda la Región Carbonífera: que se vea que los mineros tienen una vida segura al bajar a las minas. Familiares de Pasta de Conchos vamos con trabajadores de pocitos que han sufrido estas consecuencias y “algotros” de los mismos pozos y de “algotras” minas en donde ha habido muertos. Pero la gente no quiere hablar porque tiene miedo.

Ahora que se cumplieron los siete años de la explosión estuvimos en la PGR. El subprocurador Ricardo García Cervantes nos prometió que se iba a hacer un nuevo peritaje [para considerar un rescate de los cuerpos]. Cuando hemos ido a México siempre hemos estado platicando con él. En el Senado nos atendía muy bien. Ojalá que no quede nomás en palabras.

También pedimos una audiencia con [el presidente] Enrique Peña Nieto. A [el ex presidente Felipe] Calderón le pedimos cuatro audiencias y nunca nos recibió. Y Javier Lozano fue el peor secretario del Trabajo. Logró entrar una comisión de nosotros los familiares, pero muy déspota el hombre: “Aquí se va a hacer lo que yo diga”. No pasaron ni cinco minutos, y nos levantamos y salimos.

Le decía a mi esposo: “Ya quiero dejarle ahí, ya”. Pero mi esposo me dijo que no, que tenemos que darle para adelante. Y pues no hay más que seguirle.

Los monólogos del carbón: Rosalío Ayala Torres
Trabajé casi treinta años. Empecé como a los dieciocho, diecinueve. Me terminaron en Micare porque no quise entrar a la mina 7 porque estaba muy “gasienta”. Y me fui a los pozos. Hoy 16 de marzo estoy cumpliendo un año apenas de mi accidente. Fue a las cinco y media de la tarde, y cayó en viernes.

Andábamos trabajando. Éramos tres personas en el pozo El Hondo, de Sabinas, allá para arriba. Hay una mina que se llama El Mezquite. Estaba yo emparejando el lugar. Y la piedra me cayó aquí, atrás del talón. Se me volteó el pie al otro lado.

No tenía Seguro, y por eso me llevaron a una clínica particular en Sabinas. Mi patrón me dio de alta en el Seguro en lo que me atendieron ahí y me lavaron porque estaba “encarbonado”.

Como a las diez y media me mandaron a Monclova, al Seguro. Llegamos y se atravesó sábado, domingo, luego lunes, que era festivo. Se atrasaron tres días. Me atendieron en Monclova, pero ya había pasado lo mero bueno. Nomás me hicieron un lavado quirúrgico. Y me operaron hasta el miércoles 21, cuando el pie ya no servía. Si me hubieran atendido el primer día, a la mejor me lo hubieran salvado.
La pensioncilla apenas me llegó, pero bien poquillo: como mil setecientos al mes porque el patrón nos registró aquel día con ochenta y ocho pesos. Yo ganaba quinientos diarios.

Como quiera es una entrada de dinero. Poquito pero hay algo.

“Habrá rescate en Pasta de Conchos”
Ricardo García Cervantes me recibió la mañana del 10 de mayo en sus oficinas del décimo quinto piso de Paseo de la Reforma 211, en las oficinas centrales de la PGR. La víspera, diez mujeres habían instalado un campamento a las puertas del edificio y se habían declarado en huelga de hambre. Eran las madres de desaparecidos que demandaban al Estado mexicano que investigara el paradero de sus hijos.

Sin corbata, con las iniciales bordadas en el puño de su camisa, García Cervantes fumaba cigarros Raleigh y bebía café en la sala de juntas donde conversamos. En diciembre de 2012, su incorporación a la PGR como subprocurador de Derechos Humanos en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto había asombrado por igual a miembros del Partido Acción Nacional (PAN) —el partido que dejaba la presidencia de la República— y al PRI, que asumía el Ejecutivo federal.

García Cervantes era uno de los panistas que habían ocupado los puestos más importantes en el poder legislativo: dos veces senador y tres veces diputado federal, presidió la Cámara de Diputados y, en esa calidad le colocó la banda presidencial a Vicente Fox el 1 de diciembre de 2000. Sin embargo, García Cervantes fue un panista incómodo durante el sexenio de su correligionario Felipe Calderón, con quien chocó por diversos temas, como la guerra contra el narcotráfico y el reiterado rechazo del gobierno a rescatar los sesenta y tres cuerpos de la mina Pasta de Conchos.

Originario de Torreón, Coahuila, García Cervantes fue senador entre 2006 y 2012, al mismo tiempo que el también panista Felipe Calderón ostentaba la presidencia del país. Si hubo un “senador de Pasta de Conchos”, ése fue García Cervantes: desde la tribuna parlamentaria exigió que se recuperaran los cuerpos sepultados en la mina de Grupo México, propuso la creación de una Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón e impugnó la laxitud de las inspecciones sobre seguridad que emprendían las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Economía. Y siempre que tocaron a su puerta, recibió a los miembros de la OFPC.

Cuando dejó su escaño, anunció su retiro de los cargos públicos. Pero a los pocos meses reapareció como subprocurador de un gobierno priista. Entre sus encomiendas estaba la búsqueda de los desaparecidos durante la administración de Felipe Calderón, una cifra que la Secretaría de Gobernación ha calculado en veintiséis mil personas.

Conversamos en sus oficinas durante una hora. En algún momento de la charla, García Cervantes se quejó de que la PGR, en el sexenio anterior, hacía justicia “por cuoteo”, como subordinada del presidente y no orientada por la justicia. Y que había perdido muchas de sus capacidades ministeriales.

“Pasta de Conchos es un tema entrañable para mí”, me dijo. Y me compartió una convicción: habrá rescate de los sesenta y tres cuerpos abandonados debajo de la tierra.

En el sexenio anterior, el principal opositor al rescate fue Javier Lozano Alarcón, el prepotente secretario del Trabajo que hoy despacha como senador. En el gabinete actual, me dijo, sigue habiendo resistencias al rescate: en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal —a cargo de Humberto Castillejos— y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza José Antonio Meade.

Nuestra conversación tenía un contexto que se remontaba al 7 de febrero pasado, cuando miembros de la OFPC se reunieron con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida. Unos días después, el 11 de febrero, Navarrete le giró un oficio al titular de la PGR, Jesús Murillo Karam: le pedía un nuevo peritaje para evaluar si habría condiciones de acceder a la mina y continuar con la averiguación previa por la muerte de los mineros. Para los miembros de la OFPC, ese oficio era oro puro: significaba que, ahora sí, el gobierno federal daría un giro a la política sostenida en los últimos siete años.

García Cervantes, sin embargo, me previno que ese oficio podía ser usado con fines perversos por miembros del propio gobierno: como una táctica dilatoria frente a la CIDH. Y es que trescientos cincuenta familiares de treinta y seis mineros sepultados —agrupados en la OFPC— interpusieron una denuncia contra el Estado mexicano en febrero de 2010. Exigían su derecho a la verdad y a la justicia y eso pasaba por el rescate de los cuerpos. Durante dos años, el gobierno mexicano se hizo el desentendido: le mandaba a la CIDH transcripciones de alguna declaración a la prensa, algún punto de acuerdo, una minuta de una reunión, para ganar tiempo y cansar a las familias.

Ese documento era oro molido también para los funcionarios públicos que se oponen al rescate: bastaba mandarlo a la CIDH, decir que se estaba atendiendo las cosas, ganar más tiempo y seguir desgastando a las víctimas.

Por eso, García Cervantes apostaba por un rescate hecho por iniciativa del gobierno mexicano. Y ya había dado los primeros pasos: había instalado un grupo informal de trabajo con personal de Navarrete Prida y el geólogo Raúl Meza. Su tarea: proponer una ruta crítica de acceso a la mina. Hacia el futuro, García Cervantes pretendía ampliar el grupo con representantes de la Secretaría de Gobernación y, si hacían falta, expertos nacionales e internacionales.

La CIDH, añadió, podría ordenarle al Estado mexicano en cualquier momento que rescate a las víctimas. Su apuesta era que el gobierno federal emprendiera el rescate por su voluntad, no como una sentencia del organismo internacional.

“Ése es el derrotero que podría seguir y sería un camino digno, reparador para las víctimas, las familias y para el Estado, que recupera las funciones que le corresponden. Ésa sería mi posición y mi esperanza. Ésta sería la base de una composición amigable con el testimonio, la presencia, el atestiguamiento, seguimiento de la propia CIDH”.

—¿Habrá rescate? —insistí.
—Habrá rescate bajo este camino o posteriormente, no sé cuándo, como una obligación del Estado mexicano derivada de la sentencia de los organismos internacionales. No dudo que esa sentencia se vaya a dar. Si no se sigue este camino voluntariamente, después se tendrá que seguir este camino obligatoriamente.

“¿Qué necesidad de eso? En la OFPC se llegó una conclusión, y me honro de haber estado en esas reflexiones: “necesitamos rescatar a los vivos para honrar a los muertos”. La Carbonífera es una región que tiene en sus entrañas una riqueza del país y debe ser extraída para generar desarrollo, justicia y vida digna, primero para quien extrae esa riqueza.

—¿Qué falta para que haya esa seguridad? —pregunté.
—Que el Estado quiera ejercer su rectoría: generar capacidades de supervisión, de vigilancia, de inspección.
—¿Con lo que tienen las secretarías del Trabajo y Economía no alcanza?
—No alcanza porque están atomizadas las funciones del Estado, a mi juicio intencionalmente. Y la extrema necesidad es una negación de la libertad. Los mineros no son libres de decidir si entran o no al pocito: lo hacen por extrema necesidad. Entras o entras. Y entras desde que eres niño, porque además de que cabes, desde que eres niño tienes necesidades.

—¿Hay voluntad política?
—No lo sé. A pesar de que estoy aquí…, el que con leche se quema, al jocoque le sopla. Si se niega la posibilidad de que haya un órgano regulador [una Comisión Nacional Reguladora de la Industria del Carbón] responsable de dar respuesta a todas las preguntas, esto va a seguir igual, como pueden seguir igual muchas áreas de la vida política, social y económica del país, en donde el statu quo se impone finalmente a pesar de apariencias de modificación.

—Regresando al rescate, ¿alguna idea de tiempos, costos, capacidades técnicas para la identificación de cuerpos?
—De trabajos previos, que se realizaron con [el ex secretario de Gobernación José Francisco] Blake, puedo especular con algún fundamento: con trabajos, entre seis y doce meses se estaría en capacidad de hacer un rescate seguro.
—¿Y una idea de cuándo se pueden iniciar los trabajos?
—No la tengo porque hay que hacer otra relación. La autoridad tendría que encontrar la forma y decir: o se elimina la concesión [a Grupo México] y al licitarla recupero los gastos del rescate de los cuerpos, y se lo gravito al nuevo concesionario, o bien al que asume la responsabilidad de explotarlo con las medidas de seguridad y bajo los lineamientos del Estado.

“Si de mí dependiera, yo podría empezar mañana. Tengo claridad de que se tienen que hacer estudios, planeación, el acopio de la tecnología adecuada, los gastos necesarios, y los trabajos hay que iniciarlos y concluirlos.
—Se ha hablado de que el rescate podría costar varios millones de dólares.
—Puede ser. Todo depende de las alternativas que se presenten. Lo que empezó a hacer Industrial Minera México, en los meses que estuvo trabajando, entre comillas, para el rescate, fue reponer la mina. Me queda claro que si alguien está reconstruyendo una mina, es para continuar aprovechándola. [Pero] se puede hacer una cosa exclusivamente orientada al rescate de los cuerpos y el acceso para las diligencias ministeriales que permitan el conocimiento de la verdad y el fincamiento de responsabilidades.

—¿El rescate puede conducir a fincar responsabilidades a la empresa, al sindicato o a autoridades?
—Sí, claro.
—¿Y debe conducir a eso?
—Claro, es que un acceso a la justicia es eso: que el Estado, que es el garante del derecho y el que tiene el monopolio para procurar y administrar la justicia, lo haga.
—¿Esa voluntad política suya, la comparten el presidente Peña y el procurador Murillo?
—El procurador Murillo sí, el presidente Peña siento que también.
—¿Se lo ha oído al procurador?
—Sí, absolutamente.
—¿Que la voluntad política está…?
—Si no, no estuviera yo aquí —me interrumpió.
—Rescate, búsqueda de la verdad y en su caso fincamiento de responsabilidades.
—Se puede, claro.
—¿Y eso no afecta intereses muy fuertes de Grupo México?
—Muy fuertes.

—¿Y el caciquismo en Coahuila?
—La colusión entre el poder económico y el político, y un modus vivendi de complacencia, privilegios para unos y con tragedia y muerte para otros. Pero también está claro que está en el interés de esos detentadores de esos privilegios que las cosas puedan cambiar. No está sustentado en el odio, sino en la necesidad de rescatar la vida de los mineros para honrar a los que ya murieron.
—¿Se puede hacer el rescate en acuerdo con Grupo México?
—Como ejercicio democrático de autoridad podría entrar en la negociación con ellos. Pero [se da] la orden, punto. Usted es detentador de una concesión que le impone obligaciones: cúmplalas. Revierta las condiciones de la mina. La autoridad ordena, se hace, se revisa, y es con cargo o gravitando sobre la explotación de esa concesión.
—Que lo pague el concesionario.
—Puede ser. No quiero adelantarme en esos terrenos porque no lo sé. Pero de que está vinculado con lo que genera esa concesión: genera obligaciones, no sólo derechos.

—¿Fueron omisas las autoridades del Estado mexicano en los seis años anteriores, al casarse con la idea de que no podía haber rescate con base en el peritaje de la propia empresa? —le pregunto.
—Absolutamente sí. Y le digo sin cortapisa ni limitación. Estoy convencido, sí.
—¿Se debe sancionar, investigar a quienes fueron autoridades?
—Por lo pronto eso se debe revertir. La autoridad claudicó y dejó que imperara la voluntad del particular.

—¿Sigue siendo panista?
—Sigo siendo panista: lo que siempre ha significado ser panista, no lo que ahora algunos quieren que signifique. En muy buena medida, ahora panista es también sinónimo de corrupto.
“Quiero insistir en la actitud de la comunidad de Pasta de Conchos y de la OFPC. Su lucha está destinada a tener éxito. No sólo por la justeza de sus causas, sino por el método que han seguido: el expresar el amor a los seres queridos de una manera constructiva. Van a tener éxito con nosotros, sin nosotros o a pesar de nosotros”.

La gallera y los feos
El fotógrafo Alex Dorfsman no dejó de disparar su cámara: captó el hoyo en la tierra, las colinas de carbón, la excavadora vertiendo el mineral en la caja del camión. Ese mediodía del 16 de marzo de 2013 habíamos penetrado en un pocito en el ejido El Mezquite. A los pocos minutos, tres camionetas pick-up de modelo reciente entraron en el terreno con prisa y enfrenaron frente a nosotros.

—¡Este pocito es de Industrial Minera México! —gritó un individuo que se identificó como Luis Manuel Jiménez. Tres hombres más se bajaron.
Dorfsman y yo dijimos ser fotógrafos de paisajes. Habíamos venido a la Carbonífera a retratar la negra y brillante belleza de su desierto.
—Es que ahora quien quiera se mete a robar. Hace poco nos querían hacer otro pocito a unos metros.

De repente la voz del Borrado sonó tan fuerte que parecía que hablaba a través de una bocina. Era nuestro chofer y uno de nuestros guías por la zona. Minero durante décadas, especializado en seguridad industrial y taxista en sus años de jubilado. En el municipio de Sabinas y sus alrededores conocía cada mina y cada tajo. “Vienen conmigo”, dijo.

Jiménez dejó que siguiéramos retratando su pocito y nos regaló dos piedras de mineral oscuro y brillante. Y nos invitó a conocer su gallera. A esa sí deberían de tomarles fotos, presumió. Agradecimos y nos fuimos.

Seguimos más adentro en El Mezquite. Dorfsman se apeaba para retratar los tajos a cielo abierto: unas enormes hondonadas en la tierra que se llenaban de agua de colores azul, amarillo, verde. El coche del Borrado siguió su camino hacia adentro.
—Ése de ahí es el rancho de Rogelio Montemayor.

Llegamos hasta otra puerta. Un vigilante que conocía al Borrado nos saludó:
—Cuando va a venir el doctor [Montemayor] nos avisan: viene a tales horas. Y es cuando tenemos cerradas las puertas. De aquí para atrás hay otras dos puertas más.
(A Montemayor lo busqué para integrar su voz en esta crónica, pero rechazó mi petición de entrevista.)

El Borrado —llamado así por sus ojos claros— emprendió el camino de regreso en su coche subcompacto. A punto de tomar la vía a Sabinas, pasamos por el mismo pocito donde habíamos tomado las primeras fotografías unos minutos atrás. En el acceso al pozo se habían estacionado dos camionetas blancas, nuevas y relucientes. Seis hombres vestidos de civil y de corte de cabello militar vigilaban el acceso. El Borrado apretó el volante y desvió la mirada.

—Esas camionetas son de los Feos —dijo el Borrado. Los Feos o los Malos son eufemismos regionales para referirse a los Zetas.

Nos miraron. Nosotros dirigimos nuestra vista al paisaje como si buscáramos en el horizonte lejano una bella imagen de colinas color azabache. En ese momento recordé una conversación con un funcionario de la PGR. Los Zetas habían descubierto una nueva manera de deshacerse de los cadáveres: los quemaban con diesel. Así no quedaban de los restos más que algunos montones de grasa.

—De pura chingadera no nos siguieron —dijo el Borrado con voz baja, casi en un susurro.
Apenas tomó la carretera aceleró el coche como si escapara de la muerte. //

Turquía. Crónica sobre “la comuna de Gezi”

Por Uraz Aydin

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Artículo tomado de VietoSur

Estupefacción. Hace más de una semana que la gente tiene ocupada la plaza Taksim y que decenas de miles de personas se manifiestan todos los días por todo el país a pesar de la brutal intervención policial. Más allá de la indignación y la esperanza, el principal sentimiento compartido por quienes protagonizan el movimiento y, en particular, por la extrema izquierda, es el de estupefacción ante estas movilizaciones masivas.

Efectivamente. A pesar de la ofensiva neoliberal y de las antidemocráticas y conservadoras políticas de orden público puestas en pie por el gobierno, Turquía parecía ser uno de los raros países al que no le afectaba la radicalización de masas que suponían las revoluciones árabes y el movimiento de los indignados en la costa mediterránea. Pero al final, un proyecto gubernamental que quiere reconstruir un viejo cuartel de artillería, así como construir un centro comercial y una residencia de lujo destruyendo un parque público en pleno centro de Estambul, ha desencadenado un revuelta espontánea, totalmente inesperada y, también, “mágica” que discurre delante de nuestros ojos.
Cogido por sorpresa, el asombro del gobierno fue mayúsculo. Sabiendo que, más allá de la acumulación de descontentos diversos a lo largo de estos años, lo que ha provocado la revuelta masiva es, sobre todo, el autoritarismo y la arrogancia del Primer Ministro, Erdogan, y aprovechando que éste estaba de viaje en África del Norte, el vice-primer ministro Bulent Arinç y el presidente de la República, Abdullah Gül, trataron de mostrarse más conciliadores, excusándose por la brutalidad policial y organizando una reunión con los representantes de la iniciativa “Solidaridad con Taksim”.

No obstante, frente a las exigencias del movimiento de anular el proyecto para salvaguardar el parque, de que dimitan los responsables de la violencia policial y se garantice el derecho a manifestarse en las plazas públicas, el Primer Ministro, aún cuando parece haber dado marcha atrás en relación a la construcción del centro comercial y de la residencia, se reafirma en su decisión de reconstruir el cuartel de artillería en Taksim.

La estrategia del gobierno para calmar el movimiento es jugar la carta de la división a varios niveles. Por una parte, trata de aislar Taksim mediante violentas intervenciones de la policía (a veces acompañados de policías de civil armados con palos) en las manifestaciones que se desarrollan en otras ciudades (principalmente en Ankara). Al mismo tiempo, intenta crear división entre quienes considera “sinceramente ecologistas”, con inquietudes medioambientales, y los “alborotadores que sólo piensan en destruir y quemar” lo que encuentran por delante. Además, y esto es muy grave, Erdogan, en cada ocasión que se le presenta, recuerda que su base social también está dispuesta a movilizarse si continúan las manifestaciones. Todo ello sin ocultar su satisfacción por el eslogan “déjanos ir, vamos a arrasar Taksim” que corean miles de sus simpatizantes.

Potencialidades y dificultades del movimiento

Rodeados y protegidos por más de una decena de barricadas, la plaza Taksim y el parque Gezi se han convertido en verdaderos lugares de encuentros políticos y sindicales, de actividades lúdicas y festivas, regidas por lo que el historiador marxista E.P. Thompson denominada “la economía moral”: prohibiendo cualquier intercambio comercial en el interior del parque, que fue bautizado como “la comuna de Gezi”; la alimentación, la bebida y los servicios sanitarios son gratuitos; para cocinar se utiliza la energía solar, existe una biblioteca pública a base de donaciones; la realización de las distintas tareas se basa en el principio de voluntariedad y existe un sentimiento irreductible de solidaridad y de responsabilidad hacia el otro pero, también y sobre todo, hacia la naturaleza.

Pero también hay que hablar de la tibieza de las confederaciones sindicales a la hora de movilizarse (más allá de algunas huelgas simbólicas), de la ausencia de formas de auto-organización y autogestión en la comuna y de debates estratégicos en torno al porvenir del movimiento

La heterogeneidad del movimiento plantea algunas dificultades. La sensibilidad nacionalista y, a veces, militarista (simbolizada por la profusión de banderas turcas y eslóganes como “Somos los soldados de Mustafá Kemal”) que destila la componente republicano-kemalista del movimiento, crea reticencias entre los kurdos a la hora de incorporarse al mismo; a pesar de los llamamientos de las organizaciones kurdas para que se movilicen. Esto da la oportunidad al gobierno y a sus intelectuales orgánicos para estigmatizar el movimiento como “golpista” y, de ese modo, consolidar su base.

Por el momento, es difícil prever el desenlace de la situación. Puede que esta semana sea decisiva, dado que el gobierno no puede permitirse el lujo de que esta crisis se perpetúe y que los resistentes se niegan a volver a sus casas mientras no sean satisfechas sus reivindicaciones. En cualquier caso, una nueva generación le ha tomado el gusto a la libertad, ha experimentado la lucha colectiva y ha comprendido la necesidad de resistir. Un eslogan escrito en la plaza de Taksim resume bien la importancia de esta resistencia para la transformación de las conciencias: “Hemos resistido y hemos hecho abortar al ciudadano muerto que habitaba en nosotros”.