Daily Archives: 6 febrero, 2013

Boletín Digital ES16

Solidaridad con las comunidades opositoras al proyecto eólico en San Dionisio del Mar

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA (POS)

El Partido Obrero socialista responsabiliza al GOBIERNO DE LOS TRES NIVELES de la represión que puedan sufrir los compañeros que se oponen a la invasión de las empresas trasnacionales eólicas que intentan despojar a miles de campesinos y comunidades de sus tierras y por lo tanto sus vidas.
Las grandes empresas transnacionales en su afán de acaparar dinero, territorios y todo lo que sea vendible y signifique un negocio $$$. Fomentan el ecocidio, transgreden derechos humanos, compran conciencias (si es que la tienen),etc. Estas empresas son representadas por unas cuantas familias que ostentan la riqueza del mundo dejando a millones en la pobreza extrema. Esto es gracias a los títeres de gobierno de todos los partidos en turno, juntos emprenden campañas mediáticas y de desinformación al pueblo en general con el fin de aplacar conciencias y evitar levantamientos, como es el caso de las generadoras eólicas.
Las empresas extranjeras encontraron un terreno fértil para sus negocios ya que los lideres corruptos de la COCEI en coordinación con el PRI,PAN y camarillas, les han dado al Istmo en bandeja de plata, lo que no se esperaron es que los istmeños tenemos dignidad y no aceptamos que estos individuos vengan a despojarnos de nuestro territorio.
Un ejemplo es el caso de la empresa Mareña Renovable que hasta la fecha ha venido violentando las garantías individuales de aquellos quienes han luchado por detener la destrucción de sus tierras que son el sustento de sus familias, defendiendo sus terrenos a pesar de amenazas de muerte, persecuciones y denunciando el despojo de sus tierras, la gran afectación natural en donde miles de aves migratorias mueren por los aerogeneradores.
Sin embargo, la respuesta por parte de la autoridades y de la empresa transnacional Mareña ha sido el de intimidar tratando de despojar a los compañeros de sus tierras a costa de lo que sea. Lo ocurrido el 1º. de febrero en Álvaro Obregón no es casualidad, la represión de la policía estatal del gobierno contra los compañeros de la comunidad que se encontraban resguardando el camino que conduce a la barra de Santa Teresa, intentando de igual manera orquestar el asesinato del compañero Rodrigo Peñaloza, las empresas y el gobierno quieren a toda costa destruir la resistencia para poder llevar a cabo sus negocios sin importarles el daño que le causan a las comunidades y eso no lo permitiremos.
Ante tal acción nos sumamos al llamado que han hecho cientos de organizaciones nacionales e internacionales de solidarizarnos con los compañeros en resistencia a las eólicas y nos pronunciamos en defensa de la integridad física y moral de todos los compañeros de Álvaro Obregón y comunidades en resistencia y del compañero Rodrigo Flores Peñaloza que ha sido amenazado de muerte por el gobierno del estado y la empresa Mareña Renovable.
¡Alto al hostigamiento, persecución e intimidación del cual han sido objetos los compañeros de Alvaro Obregon y comunidades en lucha por parte de Mareña Renovable y el gobierno de Gabino Cué!!!

FRATERNALMENTE:
COMPAÑER@S DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA

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Boletín Digital ES16 Pluma21

Las Policías Comunitarias son el modelo a seguir

Por Juan Reséndiz

De nada sirvieron las decenas de miles de militares y policías que el gobierno de Calderón puso en las calles para combatir al narcotráfico. Fútil fue el impacto del Plan Mérida sobre los delincuentes, pero firmarlo con Washington comprometió la soberanía nacional. Inútiles fueron los 810 mil millones de pesos derrochados con este propósito a lo largo de ese sexenio[i], así como las 120 mil muertes que el diario francés Le Monde calcula había a fines de 2012, en una lucha que caracteriza “como el conflicto más mortífero del planeta durante los último años” (23/VIII/12).

Los grupos del narcotráfico de ninguna manera se vieron mermados, por el contrario, crecieron cuantitativamente y se extendieron a zonas donde su presencia era mínima. Se desarrollaron nuevos “giros” del crimen organizado (secuestro, trata de personas, robo a ductos de Pemex, tala de monte, cobro de derecho de piso, etcétera). Se creó un clima de violencia e inseguridad generalizado en todo el país, pero fue en las comunidades indígenas y campesinas donde más se hizo sentir el peso de su presencia.

En estas comunidades está surgiendo la verdadera solución al problema de la delincuencia. La organización democrática de policías comunitarias y el armamento de la población son la alternativa.

Cada vez más comunidades se arman y autodefienden. En este inicio de año cientos o quizá miles de pobladores en Guerrero y Michoacán tomaron la decisión de combatir al crimen organizado y de brindar protección a sus familias. Ya antes, los pueblos de Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachuén, Quinceo  y Sevina en la meseta purépecha, Michoacán, habían mostrado su simpatía con Autodefensa de Cherán.  El fenómeno de las policías comunitarias en Ayutla y Tecoanapa rápidamente se extendió a otras comunidades de  Costa Chica o del norte de Guerrero como Avante, San Marcos, Copala, Cruz Grande, Las Ánimás, Atoyac, Tixtla…

Antes ya habíamos visto este fenómeno en Urapicho, Ostula y Cherán en Michocán y Olinalá, en Guerrero. Aquí, alrededor de 40 comunidades se han armado.

En Guerrero, la Policía Comunitaria (PC) nace en octubre de 1995. Se fundó en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, y se integró con grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Actualmente se ha extendido a más de 80 comunidades en una docena de municipios.

Una característica de suma importancia es que la autodefensa viene surgiendo a partir de una decisión comunitaria: el pueblo se instala en asamblea y decide libremente su conformación, facultades y límites.

Está surgiendo un poder indígena y popular armado

El Estado capitalista siempre trata de contar con el monopolio de las armas y en estas zonas lo ha perdido. El problema para la clase empresarial y sus agentes políticos es que ahora las armas se encuentran en poder de pueblos apaleados por el hambre y la miseria causadas por el capitalismo depredador de las décadas pasadas. En estas condiciones, la posesión de armas se convierte en sumamente explosiva porque hoy sirven para la defensa popular pero mañana podrían ser enderezadas contra la clase propietaria y explotadora.

Tampoco toleran los burgueses y gobernantes que estas comunidades procuren e impartan justicia por sí mismas y que lo hagan mejor que el corrupto poder judicial. Empresarios y funcionarios tiemblan ante la perspectiva de que mañana el pueblo armado también los juzgue a ellos por estar ligados a los narcos o por ser los causantes de la marginación y el desempleo.

De manera incipiente pero efectiva las comunidades de Michoacán y Guerrero le vienen dando forma a un poder alterno al de los capitalistas. Este poder campesino, indígena y popular se suma al que han levantado desde hace ya varios años los indígenas del estado de Chiapas organizados en torno al EZLN. En esta región la guerrilla gobierna en siete regiones a más de 40 mil indígenas.

El gobierno intenta cooptar y mediatizar a las comunidades armadas

Si entre las clases pobres el armamento del pueblo goza de reconocimiento y simpatía, porque ha logrado replegar a los delincuentes, lo opuesto sucede entre la clase empresarial, el gobierno, partidos, e Iglesia. La clase dominante y explotadora teme más a los pueblos en armas que a los peores carteles de delincuentes. Los gobernantes ya están experimentando algunas vías para desarmar a las comunidades. Por lo pronto han desatado una campaña mediática en contra de este fenómeno, sólo que se topan con la simpatía popular hacia el armamento civil.

El gobierno estaría dispuesto a aniquilar militarmente a estas comunidades, pero se enfrenta al problema de cómo justificar el reprimir a pueblos que se defienden de la inseguridad que él se ha mostrado incapaz de resolver.

Los peligros

El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre se ha dado la política de corromper y ganarse al movimiento con migajas (uniformes, dinero y camionetas) y tratando de exhibirse como su simpatizante. El chacal de Ayotzinapa dice que las policías comunitarias son tan buenas que tratará de que sean reconocidas en la Constitución.

El senador perredista Sofío Ramírez Hernández  señaló que “es necesario reglamentar las policías comunitarias. Estamos obligados todos los poderes públicos, pero sobre todo quienes somos representantes populares, de dar todo el respaldo al pueblo de Guerrero, para fortalecer las instituciones, el estado de derecho y respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para recuperar la armonía la paz”. (El Sur, Guerrero, 21/I/13).

Así que por ahora el mayor peligro es dejarse seducir por el canto de los tiburones. Ninguna confianza deben tenerse en el PRI, PAN o el gobierno estatal perredista. Todos trabajan en su contra.

Se necesita un congreso de todas las comunidades armadas

Para enfrentarse a este y otros peligros, las policías comunitarias podrían reunirse en una gran asamblea o encuentro en el que democráticamente decidan un programa común, un proyecto único nacional. Los medios de comunicación han ventilado y resaltado  las diferencias que existen entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Consideramos que todos estos problemas son salvables en el contexto de una discusión fraterna y honesta entre hermanos de clase que luchan por el mismo fin. Es necesario entonces se convoque a una reunión o congreso nacional en donde comunidades y policías comunitarias de distintos estados de la República cuenten con un espacio de deliberación y toma de decisiones que le permitan conducir exitosamente su lucha.

El hambre azota las comunidades

Es cierto que la inseguridad es el motivo principal por el cual distintas comunidades han recurrido al armamento. Aunque la pobreza y las carencias también están detrás de su movilización armada. De acuerdo con Erika Ramírez, reportera e investigadora de la revista Contralínea, si se habla de  zonas afectadas por la miseria, son más de 800 municipios (y no 400 como dice la voz oficial). En pobreza extrema hay 13 millones de personas; y son pobres moderados 52 millones. Sin acceso a una satisfactoria alimentación, hay 28 millones y 81 millones de mexicanos padecen cuando menos una carencia social. “La pobreza en México tiene rostro de indígena”, dice esta autora. De acuerdo con el mapa de la marginación los pueblos indios se encuentran sumidos en la miseria subsahariana. Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, las entidades con mayor número de pueblos originarios.


[i] Los saldos del Narco. Aguilar, Rubén y Castañeda, Jorge, México, Santillana, 2012, pág. 32.

 


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COMUNICADO URGENTE

Triunfo de la Dignidad Indígena de los Pueblos del Istmo frente a la Violencia y Corrupción suscitadas por Mareña Renovables y Gabino Cué

La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuahutémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM.

 

Istmo de Tehuantepec, 4 de febrero de  2013, 9am – La más reciente ofensiva de Mareña Renovables para invadir ilegalmente la Barra de Santa Teresa, iniciada el 31 de enero de 2013, ha fracasado rotundamente. Esta ofensiva fue motivada por el ultimátum dado al Gobierno de Oaxaca en esa fecha por Jonathan Davis, Presidente del Consejo de Administración de Mareña Renovables. Demostrando su corrupción y servilismo, Gabino Cué respondió al mandado de Mr. Davis ordenando a la Policía Estatal, Ministerial y Bancaria reprimir y violentar a las comunidades indígenas y pescadoras del Istmo con el fin de abrir paso a la invasión de sus tierras, violando así la orden judicial de suspensión de las obras en la Barra de Santa Teresa dictada por el Juzgado Federal Séptimo de Salina Cruz. Los y las Binnizá e Ikojts de varias comunidades han resistido los embates diarios de la policía desde esa fecha, sufriendo contusiones y arrestos al defender su territorio y cultura con sus propias vidas. Al igual que en anteriores ofensivas de Mareña, las comunidades del Istmo han demostrado su integridad y dignidad, dejando claro que Gabino Cué tendrá que derramar mucha sangre indígena para que Mareña acceda a la Barra de Santa Teresa.

La estrategia de violencia y corrupción empleada por Mareña y Cué, además de la fuerza pública, también hizo uso de sicarios para intimidar e intentar corromper a portavoces del movimiento de resistencia. Mr. Davis, en su ultimátum del 31 de enero, afirmó que el rechazo de los pueblos a su megaproyecto estaba motivado por “20 individuos perfectamente identificados” (pese a que son millares de personas quienes participan activamente en la resistencia), de quienes dijo que actúan al margen de la ley (pese a ser Mareña quien está intentando violar una orden judicial), y exigió al gobierno que tome medidas contra ellos. Desde entonces, los asesinos a sueldo intensificaron sus amenazas a estas personas, dándoles a elegir entre ser asesinados o recibir grandes sumas de dinero por traicionar la lucha. Mareña y Cué no consiguen comprender que la dignidad indígena no se vende. Tampoco entienden que la resistencia es liderada democráticamente por los pueblos a través de sus asambleas, y que asesinando a los rostros más visibles únicamente conseguirán que aumente la resistencia.

Las personas contra quienes se ha dirigido esta campaña terrorista han sido señalados en diversas ocasiones por los diputados Francisco García López, Samuel Gurrión y Elías Cortés, por la dirigente estatal de la CANACINTRA Adela Santos Ángeles, el titular de la Secretaría General de Gobierno Jesús Martínez Álvarez, el procurador de Justicia del Estado de Oaxaca Manuel de Jesús López López, el Secretario de Seguridad Pública del Estado Marco Tulio López Escamilla y por el mismo gobernador Gabino Cué, así como por representantes de Mareña Renovables como Edith Ávila y Jonathan Davis.

Todos los compañeros y compañeras que han sido señaladas han sufrido hostigamiento, amenazas y difamación desde hace meses. Algunos, como Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, han tenido que alejarse de la región pues los asesinos a sueldo se han apersonado en su casa, pero siguen activamente en la resistencia.  Mareña y el Gobierno Estatal trataron de forma directa de comprar la integridad de distintas personas del movimiento, como hicieron con el pescador Jesús Gutiérrez.

Por iniciativa de Carlos Gómez Orozco, operador del diputado priísta Samuel Gurrión, un policía estatal llegó a las 4 de la mañana a casa del compañero para llevárselo a Oaxaca, diciendo que le esperaba el Secretario de Gobierno. Sin embargo, lo llevaron en presencia de Edith Ávila, de Mareña Renovables, quien le ofreció cualquier cantidad de dinero a cambio de convencer a otros pescadores para dejarlos entrar en la Barra de Santa Teresa, y de propagar en la comunidad rumores falsos de que Rodrigo Flores y Bettina Cruz habían recibido 8 millones de pesos por abandonar el movimiento.

Posteriormente, desde la Secretaría General de Gobierno se citó a una plática, sin especificar con quién ni sobre qué, al abogado Daniel González Alonso, quien representa a San Dionisio del Mar en la demanda de amparo a través de la cual se obtuvo la orden de suspensión judicial. Al llegar le presentaron a Andrew Chapman, Director de Macquarie Capital Funds, y a otros representantes de Mareña Renovables, quienes intentaron influir su comportamiento, frente a lo cual el compañero Daniel les dejó claro que no iba a venderse a ningún precio.

En el marco de los enfrentamientos de los últimos días, la policía estatal rodeó la casa de los compañeros pescadores de Álvaro Obregón a quienes identifican como “líderes”, diciendo que llevaban ordenes de aprehensión contra ellos. Sin embargo no pudieron ejecutar la aprehensión pues inmediatamente el resto de los pobladores de la comunidad acudieron a protegerlos y la policía tuvo que retirarse. También detuvieron y golpearon a dos pescadores cuando regresaban de trabajar, y contusionaron a varias mujeres y hombres que participan en la defensa del territorio.

Condenamos estas acciones que representan un atropello a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Gobierno Estatal de Oaxaca, el cual llegó al poder con el voto de estos pueblos y ahora se vuelve en su contra para beneficio de los despojadores. Gabino Cué se ha convertido en un operador más de las empresas que buscan comercializar los recursos naturales de los pueblos de nuestro país.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado y a Mareña Renovables del atentado contra la integridad física de quienes participamos en esta lucha. Agradecemos a todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional la solidaridad que han mostrado y siguen mostrando a través de acciones urgentes dirigidas a organismos internacionales y a diversas instancias del gobierno estatal y federal, y les pedimos que continúen atentos a la situación de violencia que estamos viviendo por defender nuestro territorio y forma de vida.

La fortaleza e integridad demostrada por las comunidades del Istmo en estos días han demostrado que Mareña y Cué no tienen ninguna posibilidad de invadir la Barra de Santa Teresa. Las comunidades continuamos en alerta máxima, seguiremos defendiendo nuestra Barra de Santa Teresa de los invasores. Si continúan escalando la violencia, únicamente lograrán reforzar la resistencia y provocar un serio problema de orden público. Esperamos que las multinacionales involucradas en Mareña Renovables desistan de este comportamiento criminal para no ver su imagen pública asociada a un cruel e innecesario derramamiento de sangre indígena. Confiamos en que pronto llegará el anuncio de abandono definitivo por parte de Mareña Renovables. Ese día, celebraremos una nueva victoria de la dignidad indígena del Istmo de Tehuantepec.

NI UN PASO ATRÁS

POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO

ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

 

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

 

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http://tierrayterritorio.wordpress.com/
Av. Efraín R. Gómez #49, 4a sección
Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
70000

 

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