Me detuvieron porque declaré que el gobierno está coludido con el crimen, dice Gonzalo Molina desde Almoloya

Por Zacarías Cervantes

F-1-COORDINADOR-IRZA

Publicado en El Sur

*El promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín, en Tixtla, cumple un año cinco meses en prisión, actualmente en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Esta semana hará la ampliación de su declaración, en la que acusa al gobierno federal y estatal de violar sus derechos humanos y la garantía del debido proceso. Está acusado de terrorismo, portación de armas, secuestro, lesiones, delitos que dice que le inventaron, derivados de sus actividades en la CRAC. Fue absuelto de delincuencia organizada y amenazas al Ejército

Chilpancingo

Con siete causas penales acumuladas en su contra, algunas del fuero federal y otras del fueron común, así como a un año y cinco meses de su detención, el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de El Fortín, en Tixtla, Gonzalo Molina González, presentará esta semana la ampliación de su declaración por escrito ante el juez, en la que se declara inocente, víctima de violaciones a sus derechos humanos y al debido proceso legal por parte del Estado.

Asimismo, al haber sido detenido por acusaciones hechas en su calidad de promotor de la CRAC-PC, acusa a los gobiernos federal y estatal de violaciones graves al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, a la Constitución General de la República y a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Desde su celda, en el módulo 7 del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1, Altiplano, Almoloya de Juárez, Estado de México, Molina González redactó un manuscrito de 12 cuartillas que contiene la ampliación de su declaración, que será entregada al juez que le asignen para tal fin.

Gonzalo Molina, que sostenía sus actividades en la Policía Comunitara con su trabajo como  recolector de basura y también dedicado a la compra-venta de fierro viejo, dice en su escrito (del cual El Sur cuenta con una copia): “puedo asegurar que me inventaron los delitos para poder detenerme por haber declarado que el gobierno estaba coludido con la delincuencia” y aclara que su aseveración la sustentó porque el Ejército y la Marina dejaron en libertad a los presos que tenía la CRAC-PC en la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, “entre los que había secuestradores, extorsionadores, violadores y roba vacas”.
Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013, a la salida de Tixtla, en El Internado, cuando regresaba de haber ido a tirar basura en su camioneta, por agentes ministeriales que, –dice–  iban en vehículos “particulares”, no portaban torretas, placas, ni números oficiales, y no le presentaron alguna identificación.

Dice que de allí se lo llevaron esposado a la Procuraduría General de Justicia (hoy Fiscalía General del Estado), en donde lo mantuvieron cuatro horas. Menciona que durante ese tiempo estuvo preguntando a los agentes el motivo y los delitos por los que lo detuvieron, pero que sólo le respondían que tenía una orden de aprehensión, “pero en ningún momento me la mostraron, tampoco me informaron el motivo de esa orden y quién me acusaba”.

Explica que se violó el debido proceso en su contra porque después de las cuatro horas que estuvo en la Procuraduría, lo trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo, “cuando se supone que debían de haberme puesto a disposición del Ministerio Público”.

Dice que dos horas después de haber ingresado al Cereso le tomaron sus huellas dactilares “y una persona me preguntó mis datos personales y ocupación, pero fue hasta que ya había ingresado al reclusorio y me habían tratado como al peor de los delincuentes”. Explica que fue  hasta entonces que le informaron que tenía una orden de aprehensión, “por lo que me reservé el derecho de declarar y hasta en este acto hago de su conocimiento de mi ampliación de declaración”, se lee en el manuscrito que el promotor de la CRAC-PC presentará esta semana.

Los primeros meses, Gonzalo Molina fue recluido en el penal federal de Oaxaca, y después trasladado a Almoloya, Estado de México.

Las causas penales

Las autoridades federales y locales le han acumulado a Molina González, a un año y cinco meses de su detención, siete causas penales; en dos de ellas ha sido absuelto y en otra aún no sabe de qué lo acusan, por lo que ha pedido que le notifiquen “personalmente” todos y cada uno de los acuerdos relacionados con las promociones realizadas por cualquiera de las partes dentro de las causas que se siguen en su contra.

Una de las causas penales es la 59/2013 del Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Chilpancingo, por los delitos de terrorismo y portación de arma sin licencia; otra es la 157/2013 del Juzgado Cuarto del Ramo Penal de Chilpancingo por lesiones calificadas y privación de la libertad; la tercera es la 206/ 2013 radicada en el Juzgado Tercero del Ramo Penal de Chilpancingo por el presunto delito de secuestro en agravio del síndico de Olinalá Pedro Salgado Apreza y la joven Katia Espinoza.

Otra causa penal es la 73/ 2013 de la que nadie le ha informado a Molina González el delito ni el o los presuntos agraviados. Está también la causa penal 67/2013 del Juzgado Séptimo de Distrito de Chilpancingo por el presunto delito de portación de arma sin licencia.

Molina González tenía también en su contra la causa penal 76/2013 en el Juzgado Séptimo de Distrito por el delito de delincuencia organizada, sin embargo ya fue absuelto. También fue absuelto de la 60/2013 del mismo Juzgado Séptimo de Distrito con sede en esta capital por el delito de “amenazas al Ejército”.

Las violaciones de las leyes

En su documento Molina acusa a los gobiernos federal y estatal de haber violado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas, la Constitución General de la República y  la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, puesto que asegura que las acusaciones que le hacen en su contra se derivan de su participación como promotor de la CRAC-PC en Tixtla.

Menciona que la CRAC-PC se sustenta en la Ley 701 y que está reconocida por la Constitución General de la República y por el Convenio 169 de la OIT, recuerda que en la Ley 701 en su artículo 12 reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas nombradas en sus asambleas. Asimismo cita el artículo 37 de la misma Ley local que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. En este contexto aclara que la existencia de la CRAC-PC es una institución válida y legal.

“Entonces mi nombramiento de promotor  (de la CRAC-PC) así como la licencia de portación de arma de fuego son válidas y legales y en su momento haré llegar copia de estos documentos que están firmados por los coordinadores y los ejecutivos de dicha institución”, dice en el manuscrito que enviará al juez.

Aclara que dentro de la CRAC-PC  fungía como “vocero” y que era reconocido por el gobierno del estado, “luego entonces, ¿por qué se me quiere hacer ver como delincuente, como si la CRAC fuera una organización fuera del marco legal?, pregunta el promotor comunitario.

Recuerda que la CRAC cuenta con toda una estructura, desde los coordinadores, consejeros, comandantes regionales, comandantes de grupo, policías comunitarios, consejeros educativos, sicoterapeutas, sicólogos sociales y doctores. Dice que cada uno de ellos cumple una función y que a él por pertenecer a esa estructura le abrieron “dolosamente” siete procesos penales, “violando el debido proceso”.

Después dice al juez que la CRAC-PC estaba trabajando “con la aprobación y de común acuerdo con el gobierno”, pues asegura que él (Molina) estuvo en reuniones que se llevaron a cabo entre la CRAC y el gobierno del estado, con los agentes del Ministerio Público y con los cuerpos de seguridad, incluido el Ejército y la Marina Armada de México, con el fin de coordinar acciones y evitar confrontaciones.

Y es cuando se pregunta: “¿si se estaba trabajando de común acuerdo con el gobierno del estado, quién y por qué dio la orden para que el Ejército, junto con la Policía Ministerial, tomaran por asalto la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla y liberara a todos los detenidos que estaban en proceso de reeducación?”.

El cuestionamiento de Gonzalo Molina es en referencia a la acción militar del 21 de agosto de 2013 cuando irrumpieron las fuerzas federales en ese lugar, de manera simultánea a la detención de la también promotora de la CRAC-PC de Olinalá, Nestora Salgado.
Dice que lo anterior provocó el descontento de los pueblos y le pidieron que como vocero expresara ante los medios de comunicación esa inconformidad, “y recuerdo que declaré que el gobierno estaba coludido con la delincuencia, ¿si no cómo se explica que en esa acción se liberaron a los detenidos por la CRAC, entre los cuales había secuestradores, extorsionadores, violadores y roba vacas?”.

Y concluye: “Por eso hoy con certeza puedo asegurar que debido a esa declaración me inventaron delitos para poderme detener y dolosamente se me abrieron siete procesos penales, violando con ello el debido proceso, ya que todos se derivaron del mismo caso”.

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