Clausura de las comisiones estatales de derechos humanos en Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su nula actuación en los cientos de casos de detenciones políticas.

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La crisis humanitaria que se vive en México a partir del asesinato extrajudicial, la desaparición forzada y el desplazamiento forzado de la población, por situaciones de violencia y despojo, ha tocado la puerta de cientos de miles de familias mexicanas. No menos importante y dramática es la manera en cómo el estado mexicano ha llevado a la cárcel a cientos de luchadores sociales que defienden sus territorios, se organizan por bridar seguridad en sus comunidades o se manifiestan frente al cinismo y abuso del poder del gobierno en turno.

Tal es el caso, que en el estado de Guerrero están por cumplirse dos años de la detención de Nestora Salgado García, comandanta de la policía comunitaria de Olinalá, en la región de la montaña, en cuyo caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos hace una recomendación para el respeto a sus derechos elementales, violados desde el momento de su detención. Además de ella, otros 9 policías comunitarios, entre los que se encuentra Arturo Campos y Gonzalo Molina, recluidos hasta hace unas semanas en un penal de máxima seguridad, de fácil escape para los capos de la droga y que sin embargo ha servido para privar de su libertad a hombres y mujeres entregados en cuerpo y espíritu a la lucha social.

Con el reciente traslado de Nestora y de los presos políticos, policías comunitarios, a penales del estado de Guerrero, como resultado de más de 30 días de huelga de hambre de la comandanta de Olinalá y el promotor de la policía comunitaria de Tixtla de Guerrero (Gonzalo Molina), el Estado se vio obligado a mejorar las condiciones carcelarias de los comunitarios, sin dar todavía visos reales para su liberación.

En el mismo estado de Guerrero, Marco Antonio Suástegui y María de la Cruz Dorantes Zamora son acusados por delitos fabricados a partir de su lucha en oposición al despojo para la construcción de la Presa La Parota, en tierras comunales de Cacahuatepec en la zona rural de Acapulco.

Los casos de luchadores sociales presos se extienden a todo el territorio nacional con especial saña en contra de los estados del sur, en el caso de Puebla un comité local reporta 133 detenciones políticas desde el año 2011. En el mismo estado Rubén Sarabia Sánchez, Atl Sarabia y Fernando Alonso de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre fueron detenidos y criminalizados por parte del gobierno de Rafael Moreno Valle como parte una política de eliminación de toda disidencia política ante las líneas de gobierno, que privilegian el despojo de tierras por parte de las empresas y la eliminación de los derechos sociales, como el empleo, en el caso de la lucha de la UPVA 28 de Oct.

En el estado de Oaxaca luego de las protestas realizadas en contra de las elecciones intermedias del 7 de junio, casi un centenar de maestros fueron detenidos en las diferentes ciudades donde el llamado al boicot a las elecciones fue llevado a cabo. Luego de horas de tensión vividas en ciudades como Salina Cruz, Huajuapan y Eloxochitlán de Flores Magón, en Oaxaca fueron puestos libertad todos los profesores de la sección 22 quedando detenidos 25 hombres jóvenes, acusados entre otros delitos de terrorismo, hechos prisioneros al volver de una marcha fueron incomunicados 14 horas y no fue respetado su derecho a un traductor de su lengua materna.

Otros casos en donde todo el aparato del estado se desenvuelve para fabricar delitos son los de Damián Gallardo y 4 profesores más de la sección 22, así como con de Adán Mejía, en estos casos queda en claro también la exhibición de un castigo ejemplar para aquellos que se atreven a cuestionar la autoridad de los gobiernos y los intereses económicos que defienden, criminalizando a quienes se convierten en líderes sociales fuera de las esferas del poder político dominante.

En el estado de Chiapas desde hace mucho tiempo se vive de manera soterrada, ante los medios de comunicación, una sistemática eliminación de las luchas sociales, los recientes asesinatos de Juan Vázquez Guzmán, Juan Carlos Gómez Silvano, ambos de la comunidad de San Sebastián Bachajón, donde se oponen al despojo de tierras comunales, así como el maestro de la Escuelita Zapatista, José Luis Solís López a manos de los mercenarios de la CIOAC-Histórica, siguen impunes. En tanto luchadores sociales como Miguel Ángel Fernández, Gamadiel Ocaña Rodríguez y Martha Contreras Quezada del Frente Campesino Popular de Chiapas siguen presos

En la ciudad de México gobernada desde hace 17 años por el Partido de la Revolución Democrática, quien a partir del primero de diciembre de 2012 cerró filas con el gobierno de Peña Nieto, se ha desmoronado la idea de una izquierda institucional. Durante su gestión, Miguel Ángel Mancera se ha encargado hacer pasar por las prisiones a cientos de jóvenes, detenidos en su mayoría, luego de movilizaciones que terminan violentadas ante la presencia polciaca, a través de los cuerpos de seguridad del Gobierno de la Ciudad de México. La criminalización de los jóvenes en la ciudad de México está claramente representado en el montaje por el cual Bryan Reyes y Jaqueline Santana pasaron más de 8 meses en prisión, acusados de robar dinero a un granadero, esto luego de ser activistas visibles en las movilizaciones por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

En resumen, cientos de hombres y mujeres en este país se encuentran tras las rejas por ser una oposición política a los designios de la clase gobernante. En este contexto, las Comisiones Estatales y la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha guardado un silencio cómplice acompañado de graves omisiones a la razón de su existencia. Pese a existir quejas presentadas a estos organismos, en ninguno de los casos se ha dado seguimiento puntual, desestimando la violación constante y sistemática del estado Mexicano en contra de los ciudadanos.

Es por ello, que en esta primera visita a los organismos estatales de derechos humanos de Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero los declaramos clausurados, por su inoperancia e ineficiencia en la defensa de los derechos humanos de todos los prisioneros, que por razones políticas se encuentra privados de su libertad en donde deberían de estar aquellos que torturan, asesinan y alientan la violencia en todo nuestro territorio nacional. Por ello a las 12 del día de hoy, 15 de julio, ofreceremos una conferencia de prensa afuera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y contaremos con la presencia de familiares y personas cercanas a algunxs presxs.

Invitamos a todos los mexicanos al PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE COMITÉS, FAMILIARES, AMIGAS(OS) Y/O COMPAÑERAS(OS) PRESAS(OS) POLÍTICAS(OS) a realizarse la ciudad de Puebla, en el Mercado Hidalgo, iniciando actividades desde el viernes 07 de agosto a las 9:00 horas, hasta el sábado 08 de agosto aproximadamente a las 16:00 horas.

Faltan 43

¡Vivos y libres los queremos!

Comité Nacional Por la Libertad de los Presos Políticos de la Asamblea Nacional Popular

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