Las Policías Comunitarias son el modelo a seguir

Por Juan Reséndiz

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Boletín Digital ES16 Pluma21

De nada sirvieron las decenas de miles de militares y policías que el gobierno de Calderón puso en las calles para combatir al narcotráfico. Fútil fue el impacto del Plan Mérida sobre los delincuentes, pero firmarlo con Washington comprometió la soberanía nacional. Inútiles fueron los 810 mil millones de pesos derrochados con este propósito a lo largo de ese sexenio[i], así como las 120 mil muertes que el diario francés Le Monde calcula había a fines de 2012, en una lucha que caracteriza “como el conflicto más mortífero del planeta durante los último años” (23/VIII/12).

Los grupos del narcotráfico de ninguna manera se vieron mermados, por el contrario, crecieron cuantitativamente y se extendieron a zonas donde su presencia era mínima. Se desarrollaron nuevos “giros” del crimen organizado (secuestro, trata de personas, robo a ductos de Pemex, tala de monte, cobro de derecho de piso, etcétera). Se creó un clima de violencia e inseguridad generalizado en todo el país, pero fue en las comunidades indígenas y campesinas donde más se hizo sentir el peso de su presencia.

En estas comunidades está surgiendo la verdadera solución al problema de la delincuencia. La organización democrática de policías comunitarias y el armamento de la población son la alternativa.

Cada vez más comunidades se arman y autodefienden. En este inicio de año cientos o quizá miles de pobladores en Guerrero y Michoacán tomaron la decisión de combatir al crimen organizado y de brindar protección a sus familias. Ya antes, los pueblos de Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachuén, Quinceo  y Sevina en la meseta purépecha, Michoacán, habían mostrado su simpatía con Autodefensa de Cherán.  El fenómeno de las policías comunitarias en Ayutla y Tecoanapa rápidamente se extendió a otras comunidades de  Costa Chica o del norte de Guerrero como Avante, San Marcos, Copala, Cruz Grande, Las Ánimás, Atoyac, Tixtla…

Antes ya habíamos visto este fenómeno en Urapicho, Ostula y Cherán en Michocán y Olinalá, en Guerrero. Aquí, alrededor de 40 comunidades se han armado.

En Guerrero, la Policía Comunitaria (PC) nace en octubre de 1995. Se fundó en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, y se integró con grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Actualmente se ha extendido a más de 80 comunidades en una docena de municipios.

Una característica de suma importancia es que la autodefensa viene surgiendo a partir de una decisión comunitaria: el pueblo se instala en asamblea y decide libremente su conformación, facultades y límites.

Está surgiendo un poder indígena y popular armado

El Estado capitalista siempre trata de contar con el monopolio de las armas y en estas zonas lo ha perdido. El problema para la clase empresarial y sus agentes políticos es que ahora las armas se encuentran en poder de pueblos apaleados por el hambre y la miseria causadas por el capitalismo depredador de las décadas pasadas. En estas condiciones, la posesión de armas se convierte en sumamente explosiva porque hoy sirven para la defensa popular pero mañana podrían ser enderezadas contra la clase propietaria y explotadora.

Tampoco toleran los burgueses y gobernantes que estas comunidades procuren e impartan justicia por sí mismas y que lo hagan mejor que el corrupto poder judicial. Empresarios y funcionarios tiemblan ante la perspectiva de que mañana el pueblo armado también los juzgue a ellos por estar ligados a los narcos o por ser los causantes de la marginación y el desempleo.

De manera incipiente pero efectiva las comunidades de Michoacán y Guerrero le vienen dando forma a un poder alterno al de los capitalistas. Este poder campesino, indígena y popular se suma al que han levantado desde hace ya varios años los indígenas del estado de Chiapas organizados en torno al EZLN. En esta región la guerrilla gobierna en siete regiones a más de 40 mil indígenas.

El gobierno intenta cooptar y mediatizar a las comunidades armadas

Si entre las clases pobres el armamento del pueblo goza de reconocimiento y simpatía, porque ha logrado replegar a los delincuentes, lo opuesto sucede entre la clase empresarial, el gobierno, partidos, e Iglesia. La clase dominante y explotadora teme más a los pueblos en armas que a los peores carteles de delincuentes. Los gobernantes ya están experimentando algunas vías para desarmar a las comunidades. Por lo pronto han desatado una campaña mediática en contra de este fenómeno, sólo que se topan con la simpatía popular hacia el armamento civil.

El gobierno estaría dispuesto a aniquilar militarmente a estas comunidades, pero se enfrenta al problema de cómo justificar el reprimir a pueblos que se defienden de la inseguridad que él se ha mostrado incapaz de resolver.

Los peligros

El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre se ha dado la política de corromper y ganarse al movimiento con migajas (uniformes, dinero y camionetas) y tratando de exhibirse como su simpatizante. El chacal de Ayotzinapa dice que las policías comunitarias son tan buenas que tratará de que sean reconocidas en la Constitución.

El senador perredista Sofío Ramírez Hernández  señaló que “es necesario reglamentar las policías comunitarias. Estamos obligados todos los poderes públicos, pero sobre todo quienes somos representantes populares, de dar todo el respaldo al pueblo de Guerrero, para fortalecer las instituciones, el estado de derecho y respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para recuperar la armonía la paz”. (El Sur, Guerrero, 21/I/13).

Así que por ahora el mayor peligro es dejarse seducir por el canto de los tiburones. Ninguna confianza deben tenerse en el PRI, PAN o el gobierno estatal perredista. Todos trabajan en su contra.

Se necesita un congreso de todas las comunidades armadas

Para enfrentarse a este y otros peligros, las policías comunitarias podrían reunirse en una gran asamblea o encuentro en el que democráticamente decidan un programa común, un proyecto único nacional. Los medios de comunicación han ventilado y resaltado  las diferencias que existen entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Consideramos que todos estos problemas son salvables en el contexto de una discusión fraterna y honesta entre hermanos de clase que luchan por el mismo fin. Es necesario entonces se convoque a una reunión o congreso nacional en donde comunidades y policías comunitarias de distintos estados de la República cuenten con un espacio de deliberación y toma de decisiones que le permitan conducir exitosamente su lucha.

El hambre azota las comunidades

Es cierto que la inseguridad es el motivo principal por el cual distintas comunidades han recurrido al armamento. Aunque la pobreza y las carencias también están detrás de su movilización armada. De acuerdo con Erika Ramírez, reportera e investigadora de la revista Contralínea, si se habla de  zonas afectadas por la miseria, son más de 800 municipios (y no 400 como dice la voz oficial). En pobreza extrema hay 13 millones de personas; y son pobres moderados 52 millones. Sin acceso a una satisfactoria alimentación, hay 28 millones y 81 millones de mexicanos padecen cuando menos una carencia social. “La pobreza en México tiene rostro de indígena”, dice esta autora. De acuerdo con el mapa de la marginación los pueblos indios se encuentran sumidos en la miseria subsahariana. Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, las entidades con mayor número de pueblos originarios.


[i] Los saldos del Narco. Aguilar, Rubén y Castañeda, Jorge, México, Santillana, 2012, pág. 32.

 


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