La lucha contra la militarización

Por Tomás Holguin

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Boletín Digital ES16

En el sexenio de Felipe Calderón se instauró como política de seguridad publica sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos a patrullar las calles para apoyar a las instancias civiles que combaten la delincuencia. Enrique Peña Nieto (EPN) continuará con la misma política.
Los militares salieron a las calles, patrullaron, instauraron los operativos conjuntos de seguridad en distintos estados de la república; a través de ellos estuvieron a cargo de brindar seguridad a las comunidades comandando las policías locales. Su objetivo es combatir el crimen organizado.

Los resultados a 6 años de instaurada dicha política los tenemos ahora a la mano. En una ciudad que fue icono de dicha política de seguridad pública, Ciudad Juárez, a la llegada del ejército mexicano el crimen se incrementó en un 400%, pero también se modificó en lo cualitativo -el tipo de crimen-, se sucedieron nuevas formas de acribillamiento –multitudinarios-, secuestros, extorsiones, etc. Lo que vimos en esa ciudad, en vez de una política de seguridad pública para la comunidad, fue la instauración de una política de terror para la población local, que se exportó al resto del territorio nacional.

A la fecha, se cuentan por miles los muertos y los desaparecidos a nivel nacional, comunidades que se quedaron sin población varonil, comunidades que desaparecieron –muchos emigraron de sus localidades por el incremento del crimen, a pesar de la presencia militar, o más bien a consecuencia de ella-.

Y lo más curioso, aunque algunos cárteles del crimen organizado fueron atacados discrecionalmente, lo que parece que en general sucedió, fue que el crimen organizado, en vez de combatirse y eliminarse, se reestructuró, y actualmente sigue tan pujante como antes de iniciada la militarización del país como política de seguridad pública.

Con estos hechos a la mano, podemos concluir que dicha política de seguridad pública no es tal. En vez de hacerle la guerra al crimen organizado, le hace la guerra al pueblo trabajador, quien fue el principal afectado de dicha política; a nuestros muertos y desaparecidos ellos le llaman daños colaterales.

La población quedó vulnerada ante el propio crimen organizado, los policías y los militares. En ciudad Juárez nadie se fía de un policía o militar. Por eso, desde que el gobierno federal lanzó dicha política contra el pueblo trabajador mexicano, se inició una lucha contra ella, una lucha contra la militarización, contra la represión.

Desde entonces se han realizado infinidad de mítines, reuniones, marchas, encuentros, foros, etc., por combatir dicha política guerrerista contra el pueblo; así surgieron distintos movimientos a nivel local y nacional, que convergieron en distintos momentos, como lo fueron el Frente Plural Ciudadano en Juárez, la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización en el Distrito Federal, el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad, por mencionar algunos.

La acción más reciente y radical que ha tomado la población para combatir esa vulnerabilidad que trajo la política de militarización, ha sido tomar en sus propias manos, en colectivo y por medio de asambleas populares, el sistema de seguridad y de impartición de justicia de sus comunidades, expulsando de sus territorios a los policías y militares, así como a los delincuentes. Es el ejemplo de comunidades en Michoacán –como Cherán-, y de Guerrero, tan sonadas en las últimas semanas en los medios de comunicación.

El hecho concreto de estas acciones es de suma importancia, por una parte combaten y luchan contra la política de militarización lanzada por el gobierno federal, por otro, combaten el crimen organizado de sus comunidades, pero lo hacen de una manera cualitativamente diferente, desde una perspectiva revolucionaria, a través de asambleas populares, con policías comunitarias (policías pertenecientes de la comunidad, elegidos por la comunidad democráticamente por las asambleas populares, y conocidos por toda la comunidad); no solo se arman para combatir el crimen en sus comunidades, sino que, una vez que apresan a algún delincuente, es a través de una asamblea popular que se decide el tipo de castigo o reparo que tendrá que cumplir el agresor.

Con esto quiero decir, que a través de estas acciones de policías comunitarias, se crea un contrapoder, pues se ha expropiado – en los hechos-, al Estado del monopolio de la fuerza, y se crea un sistema de justicia cualitativamente diferente al burgués, a través de asambleas populares.

Esa es la gran relevancia de la lucha concreta que realiza el pueblo mexicano, en distintas comunidades del país –en una desarrollo desigual y combinado-, en contra del crimen organizado y de la política militarista del gobierno federal -que solo incremente el anterior-, a través de la construcción de alternativas y de un contrapoder popular.

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