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La contrarreforma legalizará el avance de la privatización de la educación

Por el prof. Miguel Linares

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Juchitán, Oaxaca.- Imaginemos que la educación básica deja de ser gratuita y que los padres deben pagarla: una parte considerable de los ingresos familiares tendrían que ser dedicados a ese gasto, en detrimento de los gastos en comida, vestido, vivienda… Imaginemos ahora que la educación es un negocio: sería uno de los más rentables y jugosos. La ley Peña Nieto es un avance en esa dirección.

Por un lado, mediante esta ley el Gobierno federal busca quitarse al menos una parte de lo que eroga en educación. De ahora en adelante también los gobiernos estatales y municipales tendrán que pagar una parte de este renglón. El problema es que la mayoría de estos gobiernos cargan con deudas crecientes que a ciudades como Acapulco, Cuerna­vaca y Naucalpan las tienen al borde la quiebra. Y entidades como Nuevo León y Coahuila deben tanto que es­tán también al borde la bancarrota. ¿De dónde van a sacar recursos si algunos estados y municipios no tienen ni para pagar los sueldos de sus empleados?

Esto no interesa a los cre­adores de la nueva ley educativa, que han hecho inscribir en la Con­stitución la siguiente sentencia:

“El Congreso de la Unión, con el fin de unificar y coordinar la edu­cación en toda la República, expe­dirá las leyes necesarias, destina­das a distribuir la función social educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones económicas corre­spondientes a ese servicio público.”

Los ya deficientes servi­cios que prestan en la actualidad los gobiernos estatales y munici­pales serán peores si por mandato constitucional deben de pagar una parte de los gastos educativos.

Fin de la gratuidad: los padres de familia también deberán pagar

En la actualidad, no puede decirse que la educación básica y normal es cien por ciento gratuita, como establece la Consti­tución. Los padres de familia, a través de numerosos subterfugios son obligados a hacer diferentes pagos. Con la nueva ley educativa se legalizan esos pagos y podrán añadirse otros porque ahora la Constitución dice que deben de llevarse a cabo “las ad­ecuaciones al marco jurídico para:

a) Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales edu­cativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de par­ticipación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta…”

Al menos los gastos de la es­cuela le serán cargados a los padres de familia y será obligatorio que maestros y director se encarguen de cobrarlos.

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