México: ¿atrasado o a la moda?

Por Francisco J. Cantamutto

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Mientras que varios países de la región buscan alternativas en las políticas públicas económicas, el PRI con Peña Nieto ensayan en el país del norte una vuelta a las recetas tradicionales de los organismos internacionales. Un análisis de algunos de sus rasgos.

La asunción en 2012 de Enrique Peña Nieto, por el PRI, como presidente de los Estados Unidos Mexicanos representa la vuelta al poder del partido que gobernó el país durante siete décadas, tras el intervalo de dos sexenios consecutivos de gobiernos del Partido de Acción Nacional (2000-2006 y 2006-2012). Sin detrimento de otros elementos que caracterizan el cambio, nos interesa señalar algunos rasgos del programa económico del nuevo presidente.

Peña Nieto ha mostrado un gran dinamismo en lo que va de su gestión de gobierno. Incluso antes de asumir, se han sucedido debates por nuevas leyes y proyectos. Los lineamientos de acción del gobierno no dejan de llamar la atención: se trata de un programa que por momentos parece tomado del escenario latinoamericano de fines de los ochenta. Sin discutir aquí el carácter general del gobierno, en lo que respecta a su plan económico, todo parece señalarlo como un modelo claramente neoliberal.

Mercado laboral

El primer gran paso en este proyecto inició su veloz debate inmediatamente después de elegido el nuevo presidente. Se trató del proyecto de reforma laboral, aprobado en septiembre de 2012, y cuya principal iniciativa está centrada en flexibilizar el empleo formal, atando mejoras salariales a compromisos de productividad e impulsando el ingreso del capital privado a la previsión social y la seguridad social. El argumento fue que, a través de la flexibilización, las empresas invertirían y crearían más empleo. Aprobar la reforma requirió de un conjunto muy amplio de negociaciones y acuerdos, tanto con los viejos y fuertes sindicatos mexicanos, como con los demás partidos con representación nacional (en lo que se conoció como el Pacto por México). Como en anteriores oportunidades, el peso de estos compromisos dificultó que la reforma fuera todo lo flexibilizadora que las cámaras empresariales demandaban, pero representó un paso más en esta dirección. Por ello, la Confederación Patronal de México (COPARMEX) no tuvo demoras en enfatizar su apoyo al proyecto.

No deja de llamar la atención la prioridad dada a esta reforma, considerando el nivel de precarización laboral existente en México. Según datos de CEPAL, cerca del 63% de los trabajadores están ocupados en el sector informal, sin acceso a los beneficios de seguridad y previsión social, ni estabilidad laboral alguna. Se trata, en gran medida, de trabajadores autoempleados en sectores de muy baja productividad: básicamente, vendedores en la vía pública. El desempleo en México no es alto debido a la gran cantidad de trabajadores volcados a este tipo de ocupación. La reforma laboral no afecta de modo directo a esta mayoría de trabajadores, sino que afecta ante todo a los ocupados en el sector formal.

Dos de los principales sectores de empleo dentro del mercado formal son las finanzas y la industria, a través de la maquila. Estos sectores han tenido un gran impulso desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), junto a Estados Unidos y Canadá. Tratar de flexibilizar y abaratar más la fuerza de trabajo a través de la reforma es, al menos, extraño. El salario real mínimo ha caído sistemáticamente desde 1980. Más de la mitad de los mexicanos gana entre uno y tres salarios mínimos, es decir, aún ocupados, están condenados a la pobreza.

El continuo deterioro de los salarios ha sido de alguna forma reconocido por el presidente en estos días, al prometer un aumento de los créditos al consumo para paliar la situación. Hablando de una nueva reforma financiera, adujo que popularizar el crédito permitiría a muchos salir de la informalidad invirtiendo en sus propios negocios. Si la reforma laboral no formaliza empleo flexibilizado, la reforma financiera deberá incentivar el “emprendedorismo”. Actualmente los trabajadores informales acceden a crédito para el consumo a tasas muy elevadas.

Privatización y ajuste fiscal

Una tercera reforma en camino es la apertura de Petróleos Mexicanos al capital privado, siguiendo el modelo de Petrobras, según se afirma. Aduciendo una fuerte ineficiencia de la conducción estatal, se apuesta a mejorar los rendimientos a partir de una reestructuración de la empresa en función de estándares de calidad privados. Además de implicar un negocio gigantesco en una petrolera de larga trayectoria (creada bajo la misma impronta que YPF), la pérdida de control de la empresa representaría una gran dificultad para el Estado mexicano, que depende en un gran porcentaje de los ingresos petroleros, pues tiene una muy baja imposición fiscal. De perder control de la empresa, estos ingresos se mermarían, poniendo en jaque las finanzas mexicanas. Para compensarlo, el gobierno ya ha anunciado, por un lado, recortes en el Estado (se habló de reducir el número de representantes en el Congreso), y por otro lado, de incrementar la imposición por impuesto al valor agregado a los alimentos y los remedios. El impacto de esto último claramente recae sobre la población con menos recursos.

Como señalamos al comienzo, la mayor parte de estas orientaciones de política económica parecen tomadas del escenario latinoamericano de fines de los ochenta y principios de los noventa. Debemos recordar que esas políticas mostraron su fracaso en los sucesivos estallidos sociales a lo largo del continente.

Sin embargo, no debe creerse que la política económica de México está atrasada en su orientación. Más bien, por momentos parece muy a la moda: si observamos con detenimiento, no es difícil ver el parecido con las políticas impulsadas en toda Europa ante la crisis. Ajuste fiscal, promoción de las finanzas, flexibilización laboral, oportunidades de negocio al capital. En este sentido, el nuevo gobierno de México parece haber elegido por modelo económico el mandato de los organismos multilaterales de crédito, desmereciendo las pruebas de su fracaso en los países de la región.

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