El petróleo ante la privatización: De Cárdenas a Peña Nieto

Camilo Ruiz

8 abril 4

La nacionalización del petróleo mexicano, concebida ya desde la Constitución de 1917 en su famoso artículo 27, es una de esas pocas cosas en las que se pusieron de acuerdo las distintas tendencias de la revolución.

 

Mientras que para los villistas y los zapatistas lo esencial era el reparto agrario, y no consideraron la cuestión petrolera sino hasta la convención de Aguascalientes (aprobando calurosamente la nacionalización), los carrancistas, y sobre todo su tendencia de izquierda –Obregón y compañía– fueron los que más se preocuparon por esto. Ellos la apoyaron porque que la nacionalización del petróleo podría, de cierto modo, substituir una distribución profunda de la riqueza, pero esencialmente porque los afectados serían solamente los intereses extranjeros y porque el grupo que terminara, con el poder, quedaría enormemente beneficiado por la gigantesca renta petrolera.

Si el propio Peña Nieto ha invocado el espectro de Cárdenas para darle legitimidad a su propia reforma, esto sólo prueba una cosa: que todo mundo cree que, en efecto, fue éste el artífice y arquitecto de la nacionalización y que se la debemos a su “temple” y “cálculo político”.

Cuando Cárdenas asumió la presidencia, el país vivía una efervescencia política como no la había habido en años; tan sólo en el D.F. había 60 huelgas obreras. El cardenismo, influenciado por el sector de izquierda del PNR, simpatizaba con algunas de estas reivindicaciones, en parte por simple afinidad ideológica, pero esencialmente porque éstas entraban dentro de su plan de desarrollo nacional: la entrega de tierras a los campesinos habría de crear un mercado nacional y desviar el capital de los terratenientes del campo a la industria; en tanto que el aumento de los salarios de los obreros aumentaría la demanda total del país y con ello su PIB.

Sin embargo, habían también consideraciones políticas en juego: eran los primeros años del clientelismo priista, tal y como lo conocemos, y satisfacer las añejas demandas de los campesinos o las demandas económicas de los obreros le proporcionaría al priismo dos enormes fuentes de votos en el futuro (que no le bastaron para ganar la elección del 40 limpiamente, pero esa es otra historia). Los primeros años del cardenismo supusieron, sin duda, una radicalización de las políticas gubernamentales respecto al gobierno de Calles, pero tuvieron límites claros desde el principio: en el campo, Cárdenas repartió casi el doble de tierra que los gobiernos revolucionarios anteriores (20 millones de hectáreas, para un total de 31), pero para el fin de su sexenio quedaban todavía 54 millones en propiedad de grandes latifundistas.[1]

El cardenismo, sujeto a enormes presiones por parte de los campesinos –que amenazaban con volver a tomar las armas y llevar a cabo el reparto por ellos mismos– se dio cuenta que le era mucho más útil “institucionalizar” ese reparto, intentando imponer su ritmo y transformando a los ejidatarios en clientela política. La misma dinámica de radicalización social y frágil equilibrismo gubernamental tuvo lugar en el caso del petróleo; con la diferencia de que las compañías petroleras no se prestaron al juego del bonaparte mexicano, pues concebían al PNR, según Alan Knight, como “un gobierno colonial al que simplemente se le dictaban órdenes”.

El sindicato petrolero era uno de los más radicales del país y uno de los muy pocos que no había entrado a la central obrera oficial. Entre 1934 y 1937, las luchas se radicalizaron todavía más: en el primer año, un informe de la compañía El Águila, filial de la Shell, decía “[l]os problemas laborales están alcanzando una etapa en la que es prácticamente imposible controlar a los trabajadores”. Un año después, otro informe rezaba: “hace unos pocos meses, dos sindicatos rivales se fusionaron, con el resultado de que los elementos más extremos (…) han conseguido el control y, para mostrar su poder, han deliberadamente fomentado una huelga”. En noviembre de 1936 las cosas se ponían peores: “los éxitos pasados se le subieron a la cabeza a los sindicalistas, así que existe la posibilidad de una huelga general que afecte a todas las petroleras en las siguientes tres semanas. La actitud del gobierno es razonable y bastante amigable en este asunto, pero políticamente sus manos están atadas”.

El gobierno de Cárdenas, aunque a menudo favorable a los trabajadores cuando se trataba de arbitrar los salarios, nunca consideró la expropiación como una opción sino hasta que las únicas otras salidas eran humillarse ante las petroleras o perder la confianza de los trabajadores y abrirle el paso a una insurrección o, por lo menos, a una expropiación desde abajo. La idea de una participación estatal dentro del negocio petrolero no fue idea de Cárdenas (el artículo 27 estaba ahí desde hace décadas). Ese “dirigismo” (que no nacionalización) era parte de la ideología de las élites de la época, afines al keynesianismo y al New Deal; y el propio Calles, en sus años más conservadores, fundó Petromex para abastecer la demanda nacional. En su reporte al Congreso de 1935, Cárdenas decía que “el estado intervendrá para traer el equilibrio a las fuerzas económicas de la industria petrolera, estimulando el desarrollo de iniciativas nacionales y creando un organismo semi-oficial para su apoyo y control.” Ni una palabra, se puede ver, de nacionalización.

En 1937, un rumor llegó a los diplomáticos británicos de que el gobierno tenía el plan de crear una empresa 100% estatal (probablemente el plan de Múgica). Cárdenas salió rápidamente a negar que pensaran hacer tal cosa. Para ese momento, el plan del presidente era simplemente hacer pasar una ley que le permitiera al gobierno cobrarle más impuestos a las empresas. Entre julio y octubre del 37, los obreros petroleros dejaron de seguir las recomendaciones del gobierno y estallaron varias huelgas sin su “permiso”; Cárdenas denunció que había provocadores entre ellos y, ante una segunda, simplemente declaró la huelga ilegal y los obligó a regresar a trabajar, so pena de represión.

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La situación ya era insostenible, porque las empresas se seguían negando a aumentar los salarios, pero Cárdenas evitaba una confrontación con ellas, esencialmente porque quería que Wall Street le otorgara un préstamo. Como muestra de la “buena voluntad” del gobierno, hacia el final de 1937 Cárdenas le otorgó el permiso de explotar un enorme yacimiento en Poza Rica a El Águila, del cual el gobierno mexicano se quedaría con el 15-35% de las ganancias, dependiendo de la zona. El tata esperaba, con esto, ablandar a las petroleras y convencerlas de aumentar los salarios y pagar una prima. Cárdenas les propuso, a través de la diplomacia británica, que si aceptaban ese acuerdo, donde tendrían que pagar 26 millones de pesos, se les permitiría incrementar el precio del gas y petróleo y se les darían garantías contra huelgas futuras, así como permisos para explotar otros yacimientos, etc.[2]

El panismo actual (por no decir el PRI) y las petroleras extranjeras estarían deleitadas con una propuesta en esos términos. La especulación histórica es eso: especulación, pero ya que todo mundo cita a Cárdenas para defender el petróleo (o para venderlo, como Peña Nieto), no estaría de más pensar qué le haría la opinión pública actual a alguien que enarbolara el programa del cardenismo apenas tres o cuatro meses antes de la expropiación.

Así que cuando a Cárdenas no le quedó otra opción más que nacionalizar el petróleo, le terminó dando la solución más conservadora que pudo –después de un caótico interregno de control obrero–. Si el conflicto entre estas dos tendencias dentro del PRI habría de marcar la dinámica de esa organización, Cárdenas dio la pauta al darle una solución desarrollista-burocrática a un problema planteado por el laborismo: PEMEX se convirtió, como lo habían planeado los carrancistas de la revolución, en un charco de oro del cual podrían medrar las administraciones que lo controlaran y, con su enorme renta, maquillar las desigualdades sociales con programas despilfarradores. Es cierto que, en su época de oro, el PRI pagó por la educación y el seguro social con la renta de PEMEX, pero los principales favorecidos por el petróleo no han sido los desfavorecidos de la nación, sino precisamente aquellos que se esconden detrás del velo del nacionalismo: la burguesía, que no ha tenido que pagar casi impuestos al fisco, porque PEMEX le proporciona al estado los ingresos que en otros países lo hacen las empresas privadas. El enriquecimiento grosero de un puñado de familias mexicanas tiene su origen, indirectamente, en la renta petrolera, lo que muestra el carácter y los límites de la propiedad estatal dentro de una economía capitalista.

Por supuesto que hay que defender el carácter estatal de PEMEX, pero para hacerlo bien habría que empezar bajando a un par de santos del santoral: la dichosa privatización no empezó ni con Salinas ni con Fox, sino que tiene sus orígenes más profundos en el propio Cárdenas, quien se vio obligado a expropiar para salvar el pellejo.

[1] Gilly, Adolfo, La Revolución Interrumpida, Ediciones Era, 2008, Pp. 362

[2] Los informes antes citados vienen de Philip, George, Oil and Politics in Latin America, Nationalist Movements and State Companies, Cambridge UP, 1982, Pp. 220-225

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