Hoja de información: NESTORA SALGADO Líder indígena, ciudadana de EEUU y prisionera política en México

Partido de Libertad Socialista

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Boletín Digital ES43

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Su historia personal.  Nestora Salgado creció en el pequeño pueblo indígena de Olinalá en el estado de Guerrero, México y se hizo ciudadana de EEUU.  Se mudó a Estados Unidos en 1991 a la edad de 20 años y trabajaba de sirvienta, niñera y mesera.  Pasa parte de su tiempo en Olinalá y en Renton, Washington, donde vive con su esposo, José Luis Ávila, trabajador de la construcción, y sus hijas y nietos.  Durante los últimos cuatro años, ha hecho varios viajes para llevar ropa y provisiones a los desesperadamente pobres residentes de su pueblo natal.

Luchando contra la pobreza y la violencia en Guerrero.  Guerrero cuenta con el nivel de criminalidad más alto de México y tiene una historia de participación gubernamental en masacres de campesinos indígenas.  Durante sus viajes a su hogar en México, Salgado fue testigo del incremento en la pobreza y en los crímenes violentos y la corrupción política.  Esto la animó a hacerse activista comunitaria por los derechos humanos de los indígenas de Guerrero y de lugares circunvecinos de México.  En particular, se involucró en el movimiento indígena a favor de la policía comunitaria, la cual se ha esparcido a través de la región durante los últimos años.  La ley estatal de Guerrero 701 y el artículo 2.A de la Constitución mexicana garantizan el derecho de los pueblos indígenas al autogobierno y la autodefensa, el cual incluye la formación de fuerzas policiacas.

Muy pronto Salgado aplicó la ley de forma práctica organizándose junto con otros para formar una fuerza policiaca comunitaria en Olinalá.  Sus miembros formaron patrullas para defender a los residentes contra el crimen organizado, sobre todo contra la pandilla de Los Rojos.  Dicha pandilla había estado aterrorizando a la comunidad y actuando con impunidad debido a la complicidad de los funcionarios locales, incluyendo al alcalde.

El incentivo para formar dicha fuerza comunitaria fue el asesinato de un taxista local que se rehusó a pagar el dinero para contar con la protección de Los Rojos.  Salgado dirigió una manifestación de los residentes del pueblo para expulsar del pueblo a la pandilla y estableció retenes para impedir que regresaran.  La primavera pasada, Salgado fue elegida comandante o coordinadora.  Ha trabajado duro para fomentar el liderazgo de las mujeres indígenas y para empoderarlas para oponerse a la violencia doméstica y al abuso infantil.

Inicialmente, Salgado pudo recibir el apoyo de Ángel Aguirre, el gobernador de Guerrero, quien les prometió por escrito que les proporcionaría una fuerza uniformada con armas pequeñas, entrenamiento y otras formas de apoyo.  El impacto de la policía comunitaria, la cual operaba con base en medios tradicionales de responsabilidad y control social, fue dramático: una disminución del 90% en la tasa de criminalidad y ningún homicidio durante los 10 meses que estuvo operando.  (En los dos meses después de que el Gobernador eliminó la policía comunitaria, el crimen ha incrementado y ha habido cuatro asesinatos, a pesar de la presencia de más de mil marinos y soldados así como de la policía estatal y federal.  Las fuerzas gubernamentales acosan a organizadores comunitarios y algunas veces los amenazan de muerte a la vez que protegen la actividad criminal.)

El rapto y el arresto de Nestora Salgado.  El pretexto oficial de su detención el 21 de agosto de 2013, fue el arresto de varias adolescentes por vender drogas y del alguacil local, Armando Patrón Jiménez, por alterar las pruebas de la escena de un crimen en la cual hubo dos asesinatos donde él intentó huir con una vaca que era propiedad del finado.  A ella la acusaron falsamente de secuestrar tanto a las chicas como al alguacil.

En una reunión entre el alcalde y Salgado cinco días antes de su arresto, ella se rehusó a permitir que el alguacil, un secuaz político del alcalde, saliera libre sin juicio en el tribunal popular.  Unos días más tarde, la transportaron en un avión privado a una cárcel de máxima seguridad a 3,000 kilómetros de Olinalá.  Parece que el arresto se hizo como represalia por un comunicado de prensa que Salgado publicó, el cual describía la implicación del alcalde y de otras personalidades del Gobierno en el tráfico de drogas.

La persecución de líderes indígenas como Salgado y la supresión de fuerzas policiales comunitarias autónomas tiene otro propósito más amplio: el silenciar a la oposición de las comunidades indígenas contra las compañías mineras extranjeras que gozan de grandes contratos para extraer riqueza mineral de las montañas de Guerrero.

Persecución política y maltrato en la cárcel.  Salgado fue detenida sin ninguna orden de arresto por soldados federales en un retén mientras conducía a casa.  Los marinos la habían estado asediando con amenazas de muerte durante varios días antes de su arresto.  Desde el día posterior a su arresto, Nestora Salgado ha estado encarcelada en el centro de detención de máxima seguridad El Rincón en Tepic, Nayarit, a varios días de viaje de Olinalá.  No hay justificación para la afirmación del Gobierno de que son necesarias medidas tan extremas porque Salgado – abuela y ciudadana respetada sin antecedentes penales – es un peligro a la sociedad.  Además, el rapto no es un crimen federal en México y los acusados normalmente van a cárceles locales.

El aislar a Salgado de sus simpatizantes y su familia transportándola tan lejos, sin justificación legal, es una prueba de que es prisionera política.  Las amenazas de muerte y las represalias han mermado los esfuerzos para organizar apoyo en Olinalá para la liberación de Salgado y la reestructuración de la policía comunitaria.  A los defensores de Salgado se les ha negado la asistencia pública, necesaria especialmente después de una severa tormenta a mediados de octubre.

Durante semanas, se mantuvo incomunicada a Salgado.  No se le permitía ver a su abogado ni a sus familiares, quienes habían viajado largas distancias para llegar a la penitenciaría.  Sólo le permitieron hablar con un abogado después de que había pasado la fecha límite para la petición de liberación durante la espera del juicio.  Sólo una de sus hijas y una hermana han podido visitarla.  Esta persecución fue causada por cumplir con sus responsabilidades legales como coordinadora de la fuerza policiaca comunitaria.

Hace varios años, Salgado sufrió lesiones en un accidente automovilístico que la dejó temporalmente paralizada del cuello hacia abajo.  Con mucha terapia física pudo recuperar el 90% de sus funciones pero aún no puede trabajar.  Para controlar la severa neuropatía de sus manos y pies, tiene que tomar analgésicos y hacer ejercicio con frecuencia.  En la cárcel se la han denegado ambos, lo cual ha hecho empeorar su condición física y mental.  Ahora la están amenazando con el confinamiento solitario.

El asesinato reciente de otra fuerte mujer activista de Guerrero, Rocío Mesino Mesino, es un recordatorio de que la vida de Salgado está en peligro si no hay escrutinio público y un fuerte apoyo de México y los Estados Unidos.

Preparado por el Partido de Libertad Socialista, Freedom Hall, 113 West 128 Street,

New York, NY 10027. Para más información, llama al 212-222-0633 o envía un correo electrónico a fsp@nyct.net

Versión en inglés

Fact sheet

 

NESTORA SALGADO

Indigenous leader, U.S. citizen and political prisoner in Mexico

Her personal background. Nestora Salgado is a naturalized U.S. citizen who grew up in the small indigenous village of Olinalá in the state of Guerrero, Mexico. She moved to the United States in 1991 at the age of 20, working as a maid, nanny and waitress. She splits her time between Olinalá and Renton, Washington, where she lives with her husband José Luis Avila, a construction worker, her daughters, and grandchildren. Over the past four years, she made numerous trips to deliver clothing and supplies to the desperately poor residents of her hometown.

Fighting poverty and violence in Guerrero. Guerrero has the highest murder rate in Mexico and a history of state involvement in massacres of indigenous peasants. During her trips home to Mexico, Salgado witnessed increasing poverty and the rise in violent crime and political corruption. This led her to become a community activist for the human rights of indigenous people in Guerrero and neighboring parts of Mexico. In particular, she became involved in the indigenous movement for community policing that has swept through the region during the past several years. Guerrero State Law 701 and Article 2.A of the Mexican Constitution guarantee the right of indigenous people to self-government and self-defense, including forming their own police forces.

Soon, Salgado was putting the laws into practice by organizing with others to form a community police force in Olinalá. Its officers formed patrols to defend residents against organized crime, particularly the Los Rojos gang. The gang had been terrorizing the community and operating with impunity due to the complicity of local officials, including the mayor.

The impetus for forming the community force was the murder of a local taxi cab driver who refused to pay protection money to Los Rojos. Salgado led a mobilization of village residents to drive the gang out of town and set up checkpoints to keep them from coming back. Last spring Salgado was elected “comandante” or coordinator. She has worked hard to develop the leadership of indigenous women and to empower them to stand up against domestic violence and child abuse.

Initially, Salgado was able to obtain the support of Angel Aguirre, the governor of Guerrero, who promised in writing to provide the force with uniforms, small arms, training and other support. The impact of the community policing, which relied on traditional means of accountability and social control, was dramatic—a 90% drop in the crime rate and no murders during the 10 months that it was in operation. (In the two months since the governor shut down community police, crime has increased and there were four killings, despite the presence of over a thousand marines and soldiers as well as state and federal police. Government forces harass community organizers, sometimes threatening to kill them, while protecting criminal activity.)

Nestora Salgado’s abduction and arrest. The official pretext for seizing her on August 21, 2013, was the arrest of several teenage girls for dealing drugs and the local sheriff, Armando Patrón Jiménez, for tampering with evidence at the crime scene of a double assassination where he attempted to walk off with a cow, the property of the deceased. She is falsely charged with kidnapping both the sheriff and the girls.

At a meeting five days before her arrest between the mayor and Salgado, she refused to let the sheriff, a political crony of the mayor, go free without trial by a peoples’ court. A few days later, she found herself transported by private plane to a maximum security prison 2000 miles from Olinalá. The arrest appears to be in retaliation for a press release Salgado issued that outlined the mayor’s and other government figures’ ties to drug trafficking.

Prosecuting indigenous leaders like Salgado and suppressing autonomous community police forces also serves a larger purpose—silencing vocal opposition by indigenous communities to foreign mining companies that have large contracts to extract mineral wealth from the mountains of Guerrero.

 

Political persecution and mistreatment in jail. Salgado was seized without an arrest warrant by federal soldiers at a checkpoint while driving home. She had been harassed with death threats by marines for several days prior to her arrest. Since the day after her arrest, Nestora Salgado has been incarcerated in the high security detention center of El Rincon, in Tepic, Nayarit, several days travel from Olinalá. There is no basis for the government’s claim that such extreme measures are warranted because Salgado—a grandmother and well-respected citizen with no criminal record—is a danger to society. Furthermore, kidnapping is not a federal crime in Mexico and those accused are normally held in local jails.

Isolating Salgado from her supporters and family by transporting her so far away, without legal

justification, is evidence that she is a political prisoner. Efforts to organize support in Olinalá for Salgado’s release and the revival of community policing are being suppressed by death threats and reprisals; Salgado’s advocates are being cut-off from public assistance, especially needed since a severe storm in mid-October.

For weeks, Salgado was held incommunicado. She was not allowed to see her attorney or family members, who had traveled the long distance to get to the penitentiary. She was only allowed a lawyer after the deadline had passed to petition for release while awaiting trial. Only one of her daughters and a sister has been able to visit her. This persecution is all for performing her lawful duties as the coordinator of the community police force.

Several years ago, Salgado was injured in a car accident that left her temporarily paralyzed from the neck down. Through extensive physical therapy, she was able to regain 90% of her functioning but is still unable to work. To manage severe neuropathy in her hands and feet, she relies on pain medication and frequent exercise. In prison, she has been denied both, worsening her physical and mental condition. Now she is being threatened with solitary confinement.

The recent assassination of another strong woman activist in Guerrero, Rocío Mesino Mesino, is a reminder that Salgado’s life is in jeopardy without close public scrutiny and strong support in Mexico and the United States.

 

Prepared by the Freedom Socialist Party National Office, 4710 University Way N.E., Suite 100, Seattle, WA 98105. For more information, call 206-985-4621 or email fspnatl@igc.org

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