Pluma 23. PEMEX, Reforma educativa… EL PUEBLO DEBE DECIDIR

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En Consultas Populares el pueblo debe rechazar las contrarreformas

Es inminente que los legisladores tricolores, azules, verdes y panales modifiquen la Constitución para permitir una mayor parti­cipación de los capitales privados en la industria energética. En el futuro de México está una in­tensificación sin precedentes del saqueo de los recursos naturales en provecho de la burguesía mexicana y sus jefes extranjeros, acompañada de la devastación mayúscula del medio ambiente que harán las compañías privadas en suelo na­cional. Los magnates que dirigen este país han desatado una nueva guerra contra la clase tra­bajadora, y los trabajadores debemos responder con vigor.

Es necesario entonces redoblar la lucha a través de manifestaciones, paros, foros, conferencias y protestas.

También es correcto echar mano de Con­sultas Populares en contra de está y otras con­trarreformas, como la educativa. El derecho a la “consulta popular” fue apenas incorporado a la Constitución en agosto de 2012 y no ha sido estrenado en el país. Consiste en que un mi­llón 600 mil ciudadanos pueden demandar que un asunto trascendente sea sometido a consul­ta popular. Así, en la elección para diputados del 2015 los ciudadanos recibiríamos una bole­ta que preguntaría: “¿Está de acuerdo con las modificaciones constitucionales en los artículos 27 y 28?”, y las opciones: “SÍ” o “NO”. Median­te este recurso el pueblo mexicano podría echar abajo lo decidido por menos de 500 legisladores.

Tanto Cuauhtémoc Cárdenas como López Obrador están de acuerdo con tal consulta para enfrentar la contrarreforma energética y nosotros los socialistas tenemos la disposición a actuar con todos aquellos que acuerden con ello. El pro­blema es que tal derecho no ha sido incorporado a la ley reglamentaria, a pesar de que era obli­gación que lo hicieran las Cámaras legislativas a más tardar en agosto de este año. Tanto el PRD como el PT y el MC -así como los legisladores lópezobradoristas- no han hecho nada por exigir la plena vigencia de tal herramienta democrática. Es crucial movilizarse tanto contra las modificacio­nes constitucionales sobre energía y educación como a favor de que el pueblo pueda ejercer su derecho a legislar y decidir a través de consultas. Si detenemos la reforma energética habrá me­jores condiciones para derrotar toda la ofensiva neoliberal de Peña Nieto y su Pacto por México.

Tormentas naturales, desastres causados por el capital y los políticos

Lo que llamamos desastres naturales no son tales. Los cambios del entorno natural se han dado siempre y se seguirán dando. Pero la tra­gedia a raíz de las tormentas Ingrid y Manuel fue cau­sada por seres humanos, por la desigualdad social.

El desastre comienza al manipular la naturaleza interviniendo ríos de manera imprudente, defores­tando (principal causa de los deslaves) y poblando terrenos de manera irresponsable, prácticas usa­das durante décadas por y al cobijo de los distintos gobernantes por un mero afán de lucro. Desastre es no tener un plan de emergencia (el Reglamento de La Ley de Protección Civil aún no está publi­cado y el Atlas Nacional de Riesgo no está termi­nado). Pero el desastre más grande es la enor­me desigualdad social que orilla a comunidades enteras a ocupar terrenos marginados y viviendas precarias e inseguras.

Sumándose a la naturaleza está la negligencia de las autoridades, de quienes a una semana de las tormentas no se tuviera noticia alguna en las comunidades indígenas de Guerrero, y que privi­legiaron la ayuda para los turistas de este estado gobernado por el PRD.

La emergencia sanitaria es inminente. Los que ya eran “extremadamente pobres” perdieron lo poco que tenían. Hace falta una enorme cantidad de recursos para la reconstrucción y el Fondo de Desastres Naturales es apenas de 12 mil 207 millo­nes de pesos. La propuesta del poder ejecutivo es recortar recursos a otros sectores, lo que significa cargarle a la población la negligencia de funciona­rios corruptos. Los socialistas demandamos que se declare una moratoria al pago de la deuda externa, la cual sangra al país con más de 200 mil millones de pesos anuales, y que este presupuesto sea re­dirigido a la reparación de los daños, a indemnizar y a crear empleos para las familias damnificadas.

Los recursos deben ser entregados directa­mente a la población afectada, una comunidad or­ganizada es su mejor administradora. Esto es un hecho, como lo demuestra el Consejo de Comuni­dades Damnificadas formado por las localidades de La Montaña y Costa Chica en Guerrero para hacer eficientes las labores de ayuda y reconstruc­ción, las cuales se han llevado a cabo gracias a la población civil y la diligencia de los afectados, en contraste a las omisiones gubernamentales.

¡Exigimos castigo a los culpables de esta tragedia!

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