Los dirigentes campesinos de Guerrero que se oponen a la construcción de la presa La Parota fueron encarcelados

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El 17 de junio fue detenido el vocero y líder histórico guerrerense del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Semanas después, fueron detenidos sus compañeros Emilio Hernández, Julio Ventura y José Palma Tórnez.

Se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta política, es decir, de tratar como a delincuentes a los luchadores sociales.

El CECOP nació cuando la Comisión Federal de Electricidad –CFE- anunció, hace más de diez años, la construcción de una presa en La Parota, Guerrero. En 2003, la CFE “entró de manera ilegal a los territorios comunales de Cacahuatepec, para iniciar los trabajos de la presa. A partir de entonces se gestó un gran movimiento protagonizado por los pueblos del río Papagayo, cuyos antecesores fueron indígenas pertenecientes al pueblo Naua. La defensa del territorio fue la bandera que aglutinó a los campesinos en torno a lo que hoy conocemos como el Consejo de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota (CECOP). Los miembros del CECOP saben muy bien cuáles son los daños ambientales, sociales y culturales que causaría la construcción de la presa y ubican que este proyecto responde a los intereses del gran capital”.

El CECOP en años pasados obtuvo reconocimiento nacional e internacional a su justa lucha. Sin embargo, los nuevos vientos legales que permiten entregarle las riquezas energéticas y naturales a los empresarios se han hecho sentir.

De acuerdo con el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, el líder comunitario, poco después de ser aprehendido, se encontraba “mal, tiene secuelas de los malos tratos y tortura que sufrió y no está coordinando bien las ideas por el estrés”. Dijo que el vocero del Cecop envió el mensaje de que “él va a resistir ese aislamiento en que se encuentra en el penal; que él no ha cometido ningún delito, su único delito es defender el territorio de Cacahuatepec, defender el río Papagayo, del saqueo indiscriminado que hacen las gravilleras”.

El abogado dijo que Marco Antonio “ tiene las secuelas de los malos tratos, de los golpes, de la tortura que sufrió, y es evidente que tiene dificultades para poder caminar”.

Dijo que Suástegui Muñoz le dijo que fue golpeado al momento de su detención, y que estando en la Fiscalía Regional de la Procuraduría del estado en Acapulco “lo volvieron a golpear ya de manera más fuerte, ahí fue donde le lesionaron la columna,  después fue trasladado a La Unión y de nueva cuenta ahí lo volvieron a golpear, lo desnudaron, estuvo tirado en un cuarto por un lapso de dos horas, y lo estaban maltratando y humillándolo”.

Rosales Sierra dijo que Marco Antonio Suástegui Muñoz mandó un mensaje y pide a las organizaciones su solidaridad.

Además, el reconoce que “se encuentra ahí  por defender al pueblo, a la gente, y que él (Suástegui Muñoz) va a seguir en esa dirección y pide la solidaridad de todas las organizaciones de Guerrero y de los movimientos democráticos y de derechos humanos a nivel nacional y obviamente social en el país”.

A continuación, la primera parte de un documento que nos envió la esposa de Marco Antonio Suástegui, preso político al que defenderemos en los actos del 21 de agosto.

EL CECOP o CONSEJO DE EJIDOS Y COMUNIDADES OPOSITARAS ALA PRESA LA PAROTA

La construcción del proyecto hidroeléctrico La Parota se viene planeando desde el año de 1976, cuando se realizaron los primeros estudios técnicos. Sin embargo es a partir de 2003 cuando la presa La Parota comienza a tomar mayor relevancia, tanto por el nivel de insistencia por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como por el nivel de rechazo y resistencia organizada a partir del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la presa la Parota (CECOP).

Llegar a la región donde se encuentran asentadas las comunidades opositoras a la presa hidroeléctrica La Parota, en los afluentes del río Papagayo, es entrar al patio trasero del Acapulco rural, segregado socialmente por las elites políticas y económicas del Acapulco elegante. Esta separación está marcada por la marginación social y la devastación ecológica. Las tierras comunales y ejidales de los campesinos han sido robadas por empresarios-caciques, que por más de cinco décadas se las han agenciado de manera ilegal, contando con la complicidad y corrupción de las autoridades. En esta zona se ubican tres grandes extractoras de gravas o gravilleras: la de Humberto Marín, Arturo Valle y Javier Cadena, quienes con total impunidad han devastado los bienes naturales y sobre explotado los recursos pétreos del río Papagayo. Estos empresarios están acostumbrados a darles un trato indigno a los campesinos pobres; los explotan y son objeto de muchas vejaciones. Recurrentemente son víctimas de golpes, amenazas, atracos y humillaciones, por parte de sus pistoleros, a cambio de un mísero salario.

En este submundo de la ignominia, donde los empresarios se han enseñoreado en la región para instalar sus empresas de manera ilegal en las tierras comunales de Cacahuatepec, los gobiernos se han empecinado, por más de diez años, en imponer el proyecto La Parota.

Desde el 2003, cuando la comisión federal de electricidad (CFE), entró de manera ilegal a los territorios comunales de Cacahuatepec, para iniciar los trabajos de la presa, se gestó un gran movimiento protagonizado por los pueblos del río Papagayo, cuyos antecesores fueron indígenas pertenecientes al pueblo Naua. La defensa del territorio fue la bandera que aglutinó a los campesinos en torno a lo que hoy conocemos como el Consejo de ejidos y comunidades opositoras a la presa La Parota (CECOP). Los miembros del CECOP saben muy bien cuáles son los daños ambientales, sociales y culturales que causaría la construcción de la presa y ubican que este proyecto responde a los intereses del gran capital. Las agresiones y encarcelamientos que padecieron por parte de los gobierno priistas y perredistas, les ayudó a entender que las autoridades estatales de cualquier cuño partidista, están para proteger y salvaguardar los intereses económicos de los empresarios y de las multinacionales.

El CECOP aprendió no solo a movilizarse y a resistir ante las embestidas policíacas y militares, sino que supo manejar los recursos jurídicos para hacer valer sus derechos y demostrar a los gobiernos que la razón ha estado siempre de su lado, al ganar todos los juicios agrarios que interpusieron en los tribunales . Las asambleas que organizó la procuraduría agraria, para obtener la anuencia de expropiación y la ocupación previa de las tierras, se realizaron con muchos vicios de origen, contraviniendo las normas estipuladas en la misma ley agraria. Por su parte la CFE acarreó y pagó dinero a un gran número de comuneros para que fueran a votar a favor de la expropiación. Mientras tanto, el gobernador por el PRD, Zeferino Torreblanca, se obstinó en imponer por la fuerza el proyecto, utilizando los cuerpos policíacos para reprimir a los miembros del CECOP. Nada pudo lograr con todo y sus tropelías y el manejo faccioso de las instituciones y las mismas leyes. El CECOP demostró su carácter vigoroso al resistir con inteligencia y sagacidad a las fuerzas represivas del estado y ganar a pulso su derecho a vivir dentro de sus territorios.

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