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La esposa de Suástegui, líder opositor a La Parota injustamente apresado, estará en el acto del jueves 21 de agosto en el DF

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Boletín Digital ES73 LibertadPresosPolíticos

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En la edición anterior de El Socialista digital, informamos que el 17 de junio fue detenido el vocero y líder histórico guerrerense del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz. Semanas después, fueron detenidos sus compañeros Emilio Hernández, Julio Ventura y José Palma Tórnez.

Se trata de un nuevo caso de criminalización de la protesta política, es decir, de tratar como a delincuentes a los luchadores sociales.

La dirigente del  Consejo de Derechos Humanos de la Costa Chica, Naycwe, Kenia Hernández Montalván, denunció que los 47 pueblos de la región de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, en Acapulco, permanecen rodeados por el Ejército y la policía tras la detención de  Suástegui.

Acusó al gobernador Aguirre Rivero por haber traicionado la confianza de los pueblos y por plegarse al proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para sacar adelante el proyecto de La Parota.
Mediante la captura del fundador de la CECOP el gobierno estatal ha favorecido a los caciques de la zona, “los Bailón”, aliados de los gravilleros que explotan la riqueza de los ríos, quienes basados en una acusación llena de incongruencias señalaron a Marco Antonio Suástegui.

Kenia Hernández advirtió que pese a ello, el CECOP mantendrá la lucha ahora por la liberación inmediata del fundador de esa organización, apoyados por organizaciones nacionales e internacionales defensoras de los derechos humanos y del medio ambiente.

El odio contra Suástegui, sus compañeros y el pueblo organizado en el CECOP se debe igualmente a que esta organización ha obtenido triunfos de resonancia internacional. “En el 2006, el Comité de derechos económicos, sociales y culturales de la ONU, en su cuarto informe periódico sobre México, presentó el caso de La Parota y manifestó su preocupación por la falta de información objetiva, así como la falta de consulta a los pueblos.

“En ese mismo año el relator de la ONU sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, resaltó la violencia generada a causa del interés del gobierno por construir la presa, y el incumplimiento de las medidas judiciales decretadas por los tribunales, que ordenaban la salida de la CFE de los bienes comunales de Cacahuatepec. El relator especial de la ONU sobre vivienda, Miloon Kothari, quien también visitó la región, envió un escrito al entonces secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, donde expresaba sus preocupaciones sobre las implicaciones ambientales, sociales y culturales del proyecto hidroeléctrico.

“Por su parte el Tribunal Latinoamericano del Agua, un organismo de carácter moral, cuyo jurado lo integran personalidades de gran prestigio académico, declaró en su fallo que el proyecto La Parota debe cancelarse, ya que no garantiza beneficios tangibles a la población local, ni su contribución al desarrollo regional y a la protección al medio ambiente. Todas las instancias internacionales evidenciaron que tanto el gobierno federal como el estatal, restringen derechos fundamentales de los campesinos que se oponen a la construcción de la hidroeléctrica.”

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