Catalunya después del 11S: semanas decisivas

Por MARTÍ CAUSSA

independencia

Publicado por TRIBUNA VIENTO SUR

Domingo 14 de septiembre de 2014

 

Por tercer año consecutivo la movilización del pueblo de Catalunya por el derecho a decidir ha sido extraordinariamente masiva y ha superado a la del año anterior. No es necesario aventurar cifras, basta con ver las fotos y los vídeos para constatar que la manifestación del 11S se encuentra entre las mayores de Europa y del mundo. Las predicciones de que el escándalo Pujol afectaría negativamente a la capacidad de movilización se han visto desmentidas por la realidad. La presidenta de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Carme Forcadell, en su discurso al final de la kilométrica V, expresó acertadamente el sentir de la mayoría de participantes: “No hemos llegado hasta aquí para echarnos atrás y acobardarnos”; “Presidente, ponga las urnas!” Esta es la gran cuestión: poner o no poner las urnas si el Tribunal Constitucional (TC) suspende la convocatoria de la consulta. La respuesta de los manifestantes del 11S ha sido clara. Pero esto no significa automáticamente que sea atendida. Hay fuerzas muy poderosas, políticas, económicas y mediáticas, que no quieren que se pongan las urnas. Habrá una batalla por la opinión pública y por influir sobre las instituciones y las personas que deben tomar la decisión. Y la que se tome finalmente tendrá consecuencias importantes en los próximos años. Por eso las próximas semanas serán decisivas.

El calendario inmediato tiene pocas incertidumbres. El lunes 15 se iniciará el debate de política general en el Parlament y terminará el día 17. El jueves 18 se celebrará el referéndum de Escocia, cuyo resultado tendrá efectos importantes. El viernes 19 se aprobará la ley de consultas (con el voto a favor también del PSC) y probablemente se publicará el lunes 22; seguramente este mismo día Artur Mas convocará la consulta del 9N. Rajoy ya ha advertido que recurrirá la ley y la convocatoria al Constitucional y lo más probable es que éste suspenda cautelarmente las dos. Ante esta eventualidad Mas ha declarado que reunirá a los partidos que apoyan la consulta (CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP) para tomar una posición unitaria. No será fácil. CiU está dividida entre los partidarios de hacer la consulta a pesar del TC y los contrarios (más numerosos en Unió). ERC y la CUP defienden la realización de la consulta sí o sí. ICV-EUiA no ha expresado hasta el momento una opinión clara.

Las opciones en presencia

Además de la posición del PP y del gobierno Rajoy, consistente en prohibir la consulta y no ofrecer nada, existen tres grandes grupos de opiniones.

El primero claramente contrario al derecho a decidir pero alarmado por las consecuencias del inmovilismo de Rajoy, podría ejemplarizarse con el diario El País, partidario de “una tercera vía autonomista, alejada del secesionismo y del neocentralismo” (El País, “Del éxito al fracaso”, 12/09/2014). Para abrirle camino necesita combatir a los partidarios del derecho a decidir (“el secesionismo”), utilizar las propias encuestas para demostrar que la tercera vía es la mayoritaria, presionar para que el 9N no se pongan las urnas…y luego, con el objetivo cumplido, seguir escribiendo editoriales para que Mas y Rajoy lleguen a un acuerdo que, ese sí, sería sometido a consulta.

Un segundo grupo de opiniones es partidario del derecho a decidir y quiere la consulta, pero apela a la prudencia y a la relación de fuerzas existente para no poner las urnas si el TC no las autoriza. Una de las personas más razonables e inteligentes que defienden esta opción es Josep Ramoneda y la tomaré como ejemplo. Porque con muchas de las cosas que dice se puede estar de acuerdo. Cito algunas: la independencia es una transferencia de poder muy grande y los que lo tienen se resistirán tanto como puedan a perderlo; se necesita una gran acumulación de fuerzas; todo proceso de secesión necesita, en algún momento, una ruptura con la legalidad vigente. Pero, a pesar de las grandes movilizaciones, la relación de fuerzas existente hace que realizar una consulta no permitida por el Constitucional sería“disparar un tiro al pie del independentismo” (Ara, “La virtud de la prudencia”, 3/09/2014) o un “suicidio para el independentismo” (El País, “El soberanismo se consolida”, 12/09/2014). La razón es que “una consulta ilegal tendría probablemente una participación baja, lejos de los mínimos exigibles. Y acabaría más deslegitimada que otra cosa” (Ara 3/09). En esta situación cree que lo más razonable sería hacer elecciones anticipadas. Pero la pregunta clave es: ¿elecciones para hacer qué? Y las respuestas de Ramoneda no aparecen. Sólo nuevas preguntas: ¿Cuándo considerará el gobierno español que es hora de hacer política? ¿Por qué nadie explora la figura del estado libre asociado? Otros comentaristas llevan tiempo sugiriendo que el objetivo de estas elecciones sería obtener una mayoría a favor de la independencia y proceder a su proclamación unilateral. Pero si teniendo la mayoría necesaria para hacer una consulta sin efectos jurídicos, no se hace: ¿cómo creer que van a hacer algo mucho más fuerte, que requiere un enfrentamiento mucho más duro con el Estado, y sin haber consultado la opinión de la población?

El tercer grupo de opinión se puede ejemplificar con lo que reclamó Carme Forcadell el 11S: “Presidente, ponga las urnas!” El día 12, en una entrevista a TV3, explicó más su posición: hay que poner las urnas diga lo que diga el TC; si es necesario hay que hacer un acto de desobediencia a esta institución que no nos respeta como pueblo; hay que actuar conforme a la legalidad catalana, a la ley de consultas que aprobará el Parlament y a la convocatoria que realizará Mas de acuerdo con la misma. Hay razones de peso para apoyar esta opción. Para poder ejercer el derecho a decidir se necesita una gran acumulación de fuerzas; ésta se mide, fundamentalmente, por la capacidad de una movilización social sostenida y no hay que hacer nada que la debilite. Aceptar la no realización de la consulta porque no la autorice este Tribunal Constitucional, cuya actitud se daba por descontada desde el principio, tendría un efecto catastrófico sobre la capacidad de movilización. ¿Para qué iniciar cualquier otro proyecto si se acepta que un papel de este TC es un muro infranqueable? Si realmente se quiere ejercer el derecho a decidir, será inevitable hacer una ruptura (o varias) con la legalidad vigente y ahora el movimiento se siente fuerte, cargado de razón y es capaz de conseguir una nueva victoria, aunque no sea la definitiva. Realizar la consulta si está suspendida por el Constitucional no tendrá probablemente la misma participación y la misma rotundidad que si fuera autorizada, pero tendrá un enorme valor como expresión de la masiva voluntad democrática del pueblo de Catalunya y de la sinrazón del autoritarismo del Estado español. El movimiento puede salir reforzado. Y esto es lo importante.

La persona clave para poner las urnas el 9N es Artur Mas. Si da el paso, lo más probable es que el bloque de partidos favorable a la consulta se mantenga (quizá con la desafección de una minoría del partido de Durán) y que la consulta se realice. Si no da el paso, la alternativa presentada como más probable desde hace tiempo es la convocatoria de elecciones anticipadas, que ya hemos comentado. Pero hay otra posible salida, más remota, pero que no conviene olvidar completamente: ni consulta ni elecciones y que Mas intente agotar la legislatura gobernando en minoría. Esta es la opción deseada por los partidarios de la tercera vía: que un Mas (o su sucesor) debilitado se avenga a negociar una propuesta que le haga Rajoy. Este sería el peor de los escenarios. Si llegara a plantearse la exigencia de dimisión de Mas y la convocatoria de elecciones inmediatas sería inexcusable. Porque todas las promesas se habrían roto.

¿Y las reivindicaciones sociales?

El derecho a decidir es, sin duda, la cuestión política más importante, tanto a nivel de Catalunya como del Estado español. Pero para millones de personas los problemas más acuciantes son otros: el paro, el trabajo precario, los bajos salarios, la devaluación de las pensiones, los desahucios, el deterioro y la privatización de la sanidad, los recortes a la enseñanza, la casi desaparición de las ayudas a la dependencia, y un largo etcétera. ¿Estaban presentes estos problemas en la gran V del 11S? Sí en algunos tramos, por ejemplo: el 57 y el 58 con la campaña “Por una Catalunya Social”, con los sindicatos, Asociaciones de vecinos, etc; en el tramo 45 con las entidades de LGTBI; en los tramos 19 y 20, delante del Deutsche Bank, con el Procés Constituent y las Marxes per la Dignitat. Pero había más de 70 tramos y la presencia de reivindicaciones sociales en el conjunto de la concentración fue baja, aunque mayor que el año pasado. Probablemente muchos participantes opinaron que el 11S estas reivindicaciones “no tocaban”. Pero el resultado de esta separación no da más fuerza al movimiento. Porque los sectores populares que sufren las consecuencias más graves de la crisis y de las políticas gubernamentales se incorporarían más fácilmente a la movilización si vieran que sus reivindicaciones son tenidas en cuenta. También la solidaridad de los sectores populares del resto del Estado sería más fácil si percibieran que el movimiento por el derecho a decidir de Catalunya es la punta de lanza para una ruptura democrática y para acabar con las políticas de austeridad en toda la península. En definitiva, cuando lo que se necesita es un profundo cambio social y político, es conveniente que los dos tipos de reivindicaciones aparezcan en las movilizaciones. Este año lo han hecho más que el anterior, pero todavía queda mucho por hacer.

14/09/201

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