El mayor crimen político en décadas. Estos son los responsables

Por Cuauhtémoc Ruíz

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Boletín Digital ES83

cuateMural en la Normal Rural de Ayotzinapa. Foto: José Aureliano Buendía

Advertencia: Este texto está basado en el supuesto de que la PGR ha dado información verídica en relación con un hecho: los normalistas de Ayotzinapa fueron asesinados. En todo lo demás el Gobierno da información a medias, oculta o miente con el fin de construir una versión en la que ningún funcionario (con excepción del ex presidente municipal de Iguala) tendría mayor responsabilidad en la matanza, porque los narcos de la banda Guerreros Unidos confundieron a los estudiantes con miembros de una pandilla rival. Esta mentira ya está siendo difundida dócilmente fuera de México por el diario madrileño El País (en el que tiene propiedad un mexicano allegado de Peña Nieto).

La matanza de Iguala es un crimen político, el mayor en décadas en el país, y en éste tienen una fuerte responsabilidad funcionarios de los gobiernos federal y de Guerrero, el PRD, Morena, el Ejército y empresarios.

¿Quiénes ordenaron la matanza?

La versión de que la carnicería se debió a una confusión carece de asidero. Desde el primer momento José Luis Abarca supo que los jóvenes eran de Ayotzinapa. Desde el primer minuto la policía municipal, al saber que eran normalistas, los agredió letalmente y mató a seis. Los militares a los que acudieron en ayuda los estudiantes no capturados, antes de la gran matanza de 43, se rehusaron a apoyarlos por ser normalistas. Existen también numerosos testimonios de la actuación en estas horas de la Policía Federal, según información recogida por la reportera Anabel Hernández (Proceso 1983, pp 20 y 21) y corroborada una semana después en el mismo medio por Marcela Turatti:

“Diversos hechos y testimonios apuntan a que la inacción del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, los pasados 26 y 27 de septiembre, no fue casual: los jefes castrenses tenían una excelente relación con el exalcalde José Luis Abarca y con su esposa, y el día del ataque a los normalistas no hubo presencia militar sino hasta mucho después del tiroteo, cuando las víctimas buscaban ayuda médica, la cual prometieron y no dieron. Hay otros datos: el año pasado el jefe de la policía de Cocula acusó a los integrantes de ese batallón de proteger a delincuentes y hay un caso documentado de cuando levantaron y desaparecieron a seis jóvenes igualtecos en 2010.”

Si no hubo confusión y en todo momento los sicarios y sus jefes narcos supieron que iban a asesinar a estudiantes, ¿quién o quiénes ordenaron matarlos?

Crimen ordenado desde las altas cúpulas del Estado

En México, ¿qué autoridad o autoridades tienen la facultad de ordenar asesinatos extrajudiciales? Desde luego, ninguna autoridad la tiene según los ordenamientos legales. Pero el hecho es que los asesinatos por razones políticas por autoridades existen y en Iguala simplemente este método de gobierno llegó a un nivel mayúsculo y diabólico. Seguramente en la toma de la decisión de exterminar a los jóvenes participaron los gobiernos federal, estatal y el Ejército. Es decir, algún alto funcionario del Gobierno de Peña Nieto si no es que éste mismo, el gobernador Ángel Aguirre junto con gente de su entorno y algún alto mando del Ejército.

Un crimen político y de Estado de tales dimensiones no pudo ser decidido por autoridades menores, sin que esto le reste responsabilidad al sicópata Abarca. Es correcto entonces demandar la salida del Presidente y de su procurador e investigar quién (o quiénes) de los hombres de EPN decidieron la carnicería.

Lo mismo debe hacerse con Ángel Aguirre y al menos su secretario de seguridad y su procurador. Deben ser arraigados y encarcelados como fuertes sospechosos de ser co-autores intelectuales del crimen. También los jefes del Batallón referido y el jefe de la Policía federal deben ser arraigados e investigados.

Llegados aquí, resta preguntar, ¿por qué este mayúsculo crimen de Estado? qué motivó la represión política más grande la llamada “guerra sucia”? ¿qué pretendía el Estado con esta acción terrorista?, ¿qué hechos alentaron a nuestros gobernantes a decidir una represión de tal envergadura?

Contener el ambiente pre-insurreccional en una amplia región del país

Desde hace 20 años no cesan las insurrecciones en una región de México, la formada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero. Estas cuatro entidades federativas constituyen una unidad en la que predominan la pobreza y miseria, la población indígena brutalmente explotada y oprimida y una sostenida e indomable resistencia popular crecientemente radicalizada. En 1994 fue el EZLN y en 2006 Oaxaca. A fines de 2012 reapareció de manera espectacular el EZLN con cuatro enormes marchas. En 2013 hubo un auge de las policías comunitarias en Guerrero acompañado de fuertes luchas magisteriales en este estado, luego en Oaxaca y en la mitad del país. Los primeros meses de 2014 tocó el turno a Michoacán con miles de personas organizadas y armadas en autodefensas. El Congreso del POS de junio de 2013 caracterizó una situación pre insurreccional en estos estados:

“…aun cuando la lucha está focalizada en ciertas regiones, esta no disminuye y podría ir en ascenso. El epicentro se encuentra en Guerrero, en donde la alianza entre los maestros, normalistas, algunos sindicatos de empleados públicos y las policías comunitarias ha metido en graves aprietos a los gobernantes. Desde esta perspectiva, la lucha en Guerrero se encuentra a un mayor nivel que la protagonizada por el movimiento popular y magisterial oaxaqueño de 2006, que sólo tenía un sector organizado –los maestros. Pero en Guerrero todavía no se desata un movimiento popular –como en Oaxaca hace siete años- que exija la caída del gobierno de Aguirre.

También se vive un nuevo auge del movimiento indígena y campesino. Dentro de este sector social se está incubando una nueva insurrección, mucho más profunda y extendida a la de 1994 con el EZLN. No decimos que ya va estallar, sólo que viene madurando.

Este movimiento surge como una respuesta a dos de las expresiones más rapaces de la burguesía y el capital: la que viene a destruir comunidades para implantar en ellas empresas mineras y plantas eólicas que explotan brutalmente a los pocos trabajadores a los que les dan empleo y que devastan bárbaramente los recursos naturales. Algunas comunidades también se organizan en contra del crimen organizado.

Este proceso de movilización y organización tomó su más acabada expresión en las policías comunitarias (aunque también existe organización contra las empresas mineras y las que generan energía eólica). Los campesinos toman las decisiones en asambleas. Son ellas las portadoras de soberanía y las que determinan quiénes formarán parte de estas policías

Estamos, en este sentido, ante instancias democráticas y fuertemente arraigadas. Generalmente son solidarias con las luchas que encabezan otros sectores, como en el caso de la lucha de los maestros en Guerrero.
Las policías comunitarias vienen extendiéndose en el país. Actualmente los estados en donde ha cobrado mayor fuerza son Guerrero y Michoacán. Pero ya hay decenas de grupos en ocho estados de la República.”

Los gobiernos respondieron con represión en Oaxaca 2006 (más de 30 muertos) con más de 300 encarcelamientos en Michoacán, empezando por el Dr. Mireles; en Guerrero, fueron enviados a la cárcel 13 policías comunitarios (entre los cuales está Nestora Salgado) y cuatro dirigentes del Consejo de pueblos que se opone a la construcción de la presa La Parota.

En este estado las autoridades estatales con la anuencia de las federales echaron mano de un método al que apenas habían recurrido antes: el asesinato político. Su estudio nos dará las claves del multihomicidio en Iguala.

La represión política sangrienta en Guerrero

El gobernador por el PRD, AMLO, Convergencia, el PT y el PAN, Ángel Aguirre empezó a recurrir cada vez más al asesinato como práctica regular para liquidar y contener los movimientos sociales. En la escala y sistematicidad con que lo hizo fue una novedad en el país. En otras partes de México fueron miles los asesinados pero en rigor estricto no fueron crímenes políticos. En la revista Pluma 26 existe un rápido recuento del récord del guerrerense. Acompañó a lo anterior otro fenómeno: la impunidad. Las policías guerrerense y la federal asesinaron a dos estudiantes normalistas de Ayotzinapa en diciembre de 2012 y Aguirre y su círculo salieron indemnes. El procurador del estado de ese tiempo renunció pero meses después volvió al gabinete.

Lo mismo pasó con los siguientes crímenes políticos: aparecían en la prensa, era vox populi que los había ordenado gobernantes y habían algunas reacciones y protestas. Pero después reinaba la impunidad. No sólo ello: puede concluirse que el método Aguirre fue visto con simpatía en las altas esferas empresariales. Carlos Slim, en julio de 2013, meses después del asesinato de los dos normalistas de Ayotzinapa, se fotografió sonriente, pública y profusamente con el gobernador. También anunció cuantiosas inversiones en ese estado. Fueron mensajes claros que alentaron a continuar con la mano dura y ensangrentada.

La prueba de que matar opositores era posible y no entrañaba mayores costos ocurrió también en Iguala, pero en junio de 2013. El presidente municipal de ese municipio, José Luis Abarca, asesinó a tres perredistas, uno de ellos dirigente nacional de ese partido. Abarca recibió el apoyo público de Aguirre y de Jesús Zambrano. Podemos asegurar que también el apoyo tácito de AMLO y su gente en Guerrero, pues Abarca fue introducido al PRD por el principal seguidor de López Obrador en ese estado, con el que siempre mantuvo relaciones estrechas. La PGR y la SEGOB, que conocieron del abominable crimen, fueron omisas y cómplices.

El gobierno de Aguirre, entonces, recibió también el apoyo de López Obrador y su nuevo partido. Morena se incorporó al gabinete de este gobernador, es decir, recibió su cuota de poder. Fue parte de ese gobierno al recibir la secretaría de salud para Lázaro Monzón, uno de los suyos. AMLO declaraba que no criticaba al gobierno de Aguirre (en relación con los presos políticos de Guerrero) porque no le quería hacer el juego al priísta Beltrones. Poco después supimos que era porque Morena era parte del gobierno de Aguirre. Y que Lázaro Monzón (personaje allegaduísimo a José Luis Abarca), era su candidato a gobernador.

La incorporación de Morena al gabinete de Guerrero incrementó la sensación de impunidad de Aguirre. El gobernador se sentía políticamente blindado: mantuvo excelentes relaciones con EPN, que lo visitaba a cada rato y todos los partidos lo apoyaban. Aguirre sintió que podía dar un paso represivo más. Y lo dio el 26 de septiembre.

La profunda y amplia reacción popular no fue prevista

Los gobernantes federales y estatales miran con preocupación la región Guerrero-Michoacán-Oaxaca-Chiapas. En perspectiva, temen un nuevo alzamiento campesino-indígena-popular en alguno de estos estados. O en dos. O simultáneo, en todos, que dejaría a Chiapas 1994 sólo como un ensayo. Suponen que atrás de los estudiantes normalistas está una de las guerrillas más radicales. Los desvela la posibilidad de masas organizadas, de decenas de miles de policías comunitarios y de cientos de cuadros con formación guerrillera. Tenían en la mira, como uno de sus blancos predilectos, a los ayotzinapos. Esperaban el momento oportuno de escarmentarlos. Creyeron que su oportunidad había llegado el 26 de septiembre. Y ordenaron la matanza.

Pero el cálculo falló. Esta vez la indignación y la protesta inundan la Nación. La furia y la protesta tienden a generalizarse, a llenar el país y más allá de las fronteras. Esto es lo nuevo y lo que ha hecho tropezar a Aguirre, a la casta política toda y que se enfila también contra el gobierno federal. La sociedad está despertando. Lo hace a costa de un sacrificio enorme, de cerca de 50 vidas inocentes y tronchadas en la primera juventud. Los gobiernos de EPN y de Guerrero no se repondrá después de Ayotzinapa.

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