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Guerrero, México. Grupos de autodefensa demandan salida del Ejército en municipio guerrerense

ayutla

Marcha de autodefensas en Ayutla Foto Octavio Gómez
PROCESO.COM.MX
EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
17 DE DICIEMBRE DE 2014
AYUTLA DE LOS LIBRES, Gro. (apro).- Habitantes y miembros de grupos de autodefensa antagónicos que operan en la Costa Chica y La Montaña se unieron para exigir la salida del Ejército de este municipio, con el argumento de que los militares llegaron “para reinstalar a la delincuencia”.

Los manifestantes marcharon sobre la carretera interestatal Ayutla-Cruz Grande, pero a la altura del cuartel de la policía municipal de Ayutla, decenas de soldados armados con fusiles y toletes, así como policías federales con equipo antimotín les bloquearon el paso, lo que generó tensión durante al menos cinco horas. Leer más…

EL PUEBLO ARMADO PONE EL EJEMPLO.

Editorial Pluma 24

Pluma24Ed

La aparición de las policías comunitarias y las autodefensas, en once estados del país, es uno de los más asombrosos acontecimientos de los últimos años en México. Miles de personas se han visto obligados a armarse y a organizarse contra narcos y delincuentes que los extorsionan y abusan de ellas. La enorme mayoría de estos policías y autodefensas son gente de condición humilde, campesinos, agricultores, trabajadores del campo, comerciantes medianos y pequeños.

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La comandanta Nestora

FreedomForNestora

Antes de convertirse en la Comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, la vida de Nestora Salgado García bien puede leerse como una variación del drama de las mujeres proletarias de las zonas indígenas. Casada a los trece años, tiene su primer hijo a la misma edad con un hombre alcohólico que la golpea, a ella y a sus tres hijas. Un día, harta, decide irse al norte con sus hijas, donde trabaja todos los días de ocho a dos de la mañana, limpiando casas, cocinando, de mesera.

Casada por segunda vez en Estados Unidos, decide volver a México. Desde 2012, empieza a formar parte de la guardia comunitaria que se organiza en Olinalá para repeler a los narcotraficantes, dedicados además a secuestrar pequeños comerciantes y asaltar taxistas.

Nestora rápidamente se convierte en la lideresa de la Policía Ciudadana, y los otros miembros, la mayoría hombres, se empiezan a referir a ella como «La Comandanta». La fuerza simbólica de Nestora, en tanto que mujer, en tanto que migrante proletaria repatriada, en tanto que originaria de una comunidad de orígenes negros y esclavos; en tanto que jefa militar de un agrupamiento que por su propia existencia pone en duda la necesidad del Estado burgués, era algo demasiado peligroso para la clase capitalista. El secretario de Seguridad de Guerreo justificó su detenimiento por su «peligrosidad», acusada de secuestro y retenida en el CERESO de Tepic, a más de mil kilómetros de su tierra.

Su arresto expresa el terror del gobierno ante el desarrollo del poder popular encarnado en las policías comunitarias. Las relaciones del gobierno con el crimen organizado y su incapacidad de resolver los problemas de inseguridad han radicalizado a estas policías. Nestora fue detenida a raíz de que la Policía Comunitaria que ella dirige arrestara al síndico del pueblo, acusado de robar ganado.

Todos los niveles del gobierno, desde el gobernador perredista hasta la fiscalía y las Fuerzas Armadas estuvieron involucradas en su arresto.

Nestora declaró que «ya sé que mi vida no vale nada», pero agregó que iba a continuar en el movimiento porque «es mejor morir de un tiro a que me vengan a dejar en cachitos». Nestora tiene razón: Al Estado no le interesa nada su vida, se ha convertido en una molestia y estarán felices de encerrarla de por vida. Pero hay que mostrarle que, para todos aquellos que están luchando, para las mujeres, los migrantes, los indígenas, los estudiantes y los trabajadores, su vida sí vale y vale mucho porque es uno de los ejemplos de lucha más auténticos que ha dado nuestro país en mucho tiempo.

Artículo publicado en la revista Pluma 23

Se está incubando un levantamiento popular e indígena

Fragmento del documento XV Congreso POS

levantamiento

A partir de que Enrique Peña Nieto –EPN- llegó al gobierno se ha venido dando un vertiginoso incremento de las luchas y las protestas populares. Empezó la juventud, el movimiento Yo soy 132. Triunfó el movimiento en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Luego vinieron las tenaces y aguerridas manifestaciones de los maestros. Las policías comu­nitarias se extendieron por un tercio del país y sorprendieron por la eficacia mostrada contra los delincuentes. Menos espec­taculares pero igualmente firmes fueron las comunidades campesi­nas contra las empresas mineras y eólicas. Este vasto movimiento ha tenido como su epicentro a Guerrero, aunque abarca a Chia­pas, Tabasco, Oaxaca, Michoacán y otros estados, todos ellos con una fuerte presencia indígena.

Se está incubando una nueva in­surrección, mucho más profunda y extendida a la que vivimos en 1994 con el EZLN. No decimos que ya va estallar, sólo que viene madurando.

En estos meses ha existido un auge del movimiento magisterial. Aunque la lucha dista de ser nacio­nal, la perseverancia y arrojo de los docentes ha sido una pesadilla para el gobierno federal, los gobiernos del PRD en Guerrero y Oaxaca y el PRI en Michoacán. El epicentro se encuen­tra en Guerrero, en donde la alianza entre los maestros, normalistas, algu­nos sindicatos de empleados públicos y las policías comunitarias ha metido en graves aprietos a los gobernantes.

Socialismo y policías

comunitarias

Algunas comunidades también se organizan en contra de los delin­cuentes organizados. Son las policías comunitarias. Los campesinos toman las decisiones en asambleas. Son ellas las portadoras de soberanía y las que determinan quiénes formarán parte de estos cuerpos armados. Son instancias democráticas y fuertemente arraigadas.

Para el Estado la existencia de estas organizaciones armadas es incompatible con su ser, porque significa que le han sustraído el monopolio de la fuerza. Si bien actualmente las armas de las policías comunitarias son para defenderse de los delincuentes, ma­ñana podrían ser enderezadas contra el poder burgués y los capitalistas.

Las policías comunitarias son iniciati­vas altamente revolucionarias que sin saberlo han puesto en práctica la con­signa socialista de armamento popular.

En términos de la ciencia de la revo­lución las policías comunitarias son experiencias embrionarias de un poder armado campesino y popular.

El Estado en los hechos es reemplazado por organismos creados desde la base de la sociedad. El EZLN y sus Juntas de Buen Gobierno for­man parte también de estas instancias de doble poder. En Chiapas el zapatismo gobierna a través de las Jun­tas de Buen Gobierno a decenas de miles de indígenas en siete regiones.

Esto para el Estado mexicano es, en dinámica, imposible de tolerar, y el hecho de que sea un fenómeno en as­censo ha encendido los focos de alarma entre la clase dominante. La contradicción para el Poder es que se en­cuentra limitado para combatir a gru­pos que enfrentan a criminales y que traen la seguridad que no son capaces de garantizar las instancias estatales.

La burguesía y sus políticos han empren­dido una intensa campaña mediática con el objetivo de socavar estos organismos.

Otras causas que explican el carácter explosivo de las moviliza­ciones indígenas son la miseria que se padece más en el campo y que aumen­tará con el alza en los precios de los alimentos. Por otra parte, el gobierno de Zedillo y los siguientes traiciona­ron al EZLN al incumplir el convenio firmado con éste, los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. De continuarse desarrollando este movimiento, será más desconfiado de la burguesía y más radical. Las razones que atizan la lu­cha indígena y campesina son prob­lemas estructurales del capitalismo, como la necesidad que éste tiene de explotar bárbaramente los recursos naturales del país; la falta de empleos, la carestía y la miseria; y la extensión de la burguesía delincuente y narcotraficante que se encuentra cada vez más imbricada con otros sectores de em­presarios y con los políticos burgueses.

Autodefensa ciudadana en Michoacán, primera parte: “un movimiento rápido y simultáneo contra el crimen organizado”

Por Subversiones AAC

Este reportaje fue realizado por Subversiones AAC

El siguiente video muestra la entrevista realizada a uno de los Consejeros Generales del Consejo Ciudadano de Autodefensa del municipio de Tepalcatepec, Michoacán. Pese al cerco policiaco y militar, la Agencia SubVersiones logró adentrarse en esta región conocida como Tierra Caliente y escuchar de primera mano varios testimonios acerca de la situación de violencia e inseguridad que se vive en esa zona. Fuimos testigos de la organización comunitaria que ha logrado frenar los ataques de la organización llamada Caballeros Templarios y de la ineptitud de los cuerpos federales y militares. Lo que testificamos es a varias poblaciones procurando su seguridad y la reconstrucción del tejido social que la guerra entre distintas organizaciones del crímen organizado había fracturado. Ponemos a disposición del público en general el siguiente video como un adelanto del reportaje completo que circulará en los siguientes días. Pedimos se vea y/o escuche esta entrevista con atención.
Nuestra labor informativa en Michoacán nos ha llevado a investigar distintos aspectos y aristas de los procesos sociales que consideramos pertinente difundir en otras latitudes de México. Creemos importante aportar elementos de análisis para desentrañar las complejidades de una sitiación nacional que se mira preocupante.

Autodefensa ciudadana en Michoacán, primera parte: “un movimiento rápido y simultáneo contra el crimen organizado” from SubVersiones on Vimeo.

Capitalismo y movimientos de autodefensa en México

Por Francisco Javier Gálvez

Autodefensas en los pueblos y comunidades indígenas.

Actualmente, en México, se han venido dando levantamientos armados, por parte de indígenas y campesinos, contra el crimen organizado. Cherán, en Michoacán, fue el primero en alzarse. El pueblo se encuentra en la llamada meseta purépecha, y está habitado, principalmente, por indígenas de ese mismo origen. Lo que ocurrió en Cherán fue que los traficantes de madera se convirtieron en verdaderos cárteles del crimen, y ya no sólo talaban y vendían ilegalmente los árboles de la comunidad, sino que empezaron a cobrar impuestos a los habitantes por entrar a su milpa o simplemente por trasladarse de un lugar a otro de la comunidad.

Cabe mencionar las diferencias entre los grupos de autodefensa y de las policías comunitarias. Los pueblos indígenas y campesinos, en México, siempre han tenido la tradición la autogestión, es decir, de tomar decisiones por sí mismos al través de asambleas donde asiste la mayor parte de la comunidad. Los grupos de policías comunitarias son parte de esta tradición, pero estos grupos resultaron insuficientes y rebasados por el crimen. Por eso nacieron los grupos de autodefensa, que fueron formados por los mismos policías comunitarios y con al poyo más fuerte de las comunidades o de los pueblos, para defenderse de la delincuencia organizada, tanto de los talamontes como de los narcotraficantes, secuestradores, sicarios, tratantes de personas y demás formas del crimen organizado. Es decir que las autodefensas no son sólo policías comunitarias, sino grupos que se levantaron en armas para defenderse de la delincuencia organizada

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Capitalismo y ejércitos particulares.

Es necesario señalar que el hecho de armarse, o de formar verdaderos ejércitos para la defensa, ya sea personal o grupal, nunca ha sido ajeno a ningún país del mundo. En estados Unidos se han hecho, en los últimos años, matanzas en escuelas o plazas públicas, por parte de enfermos mentales que tienen en su poder verdaderos arsenales legales, que adquirieron, -para su defensa, sic-, fácilmente en cualquier armería; en Estados Unidos, un adolescente de 18 años no puede comprar alcohol, pero sí puede comprar armas de fuego para matar a quién desee[C1] .

Carlos Fazio, en un artículo publicado por La Jornada del 10 de septiembre de 2007, denunció que El Pentágono, por medio de empresas privadas como Sycoleman Corporation, contrata mercenarios de nacionalidad estadounidense, para operar en el Estado mexicano de Veracruz, para luchar contra el crimen organizado. Esto ocurrió porque el congreso estadounidense no aprobó la cooperación de más tropas norteamericanas en el combate al narcotráfico en México, ni tampoco más gasto militar, por lo tanto, (como El Pentágono necesitaba más presencia armada en México para mantener controlados los movimientos subversivos), se dedicó a formar ejércitos extraoficiales y posicionarlos en lugares de conflicto, con el pretexto de la lucha contra el mal y la corrupción.

Carlos Montemayor, -de tan grata memoria e invaluable pérdida-, denunció el 6 de marzo de 2004, en La Jornada, la “privatización de los ejércitos” en México, donde personas con gran capacidad económica, contratan ex militares o personas con formación castrense, para formar verdaderas milicias para su servicio particular. De igual manera, La Organización de las naciones Unidas contrata “trabajadores de seguridad”, que no son otra cosa más que mercenarios que se dedican a proteger intereses europeos en los yacimientos y minas de diamantes de Sierra Leona, contra grupos guerrilleros que desean expropiar tales riquezas. Cabe señalar también que en esas minas trabajan miles de personas en condiciones de esclavitud. Estos mercenarios suman, en Europa, África y medio oriente, la cantidad de 2 millones de tropas. Contratar y formar ejércitos privados resulta mucho más barato que ejércitos nacionales regulares, porque los caídos sólo son pérdidas, y además, se ahorran el pago y las indemnizaciones a los familiares, prestaciones como seguridad social, vivienda y demás prestaciones.

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Capitalismo, política y mercenarios en México.

 En México, los cárteles son las principales organizaciones que han formado ejércitos particulares por medio de la contratación de militares o policía castrense, ya sea que estén en activo, que sean desertores o que se dieron de baja. Los Zetas, por ejemplo, fueron formados por ex integrantes del GAFE, (Grupo  Aeromóvil de Fuerzas Especiales), el GANFE, (Grupo anfibio de fuerzas especiales), y el BFP, (Brigada de Fusileros Paracaidistas), fundados por el ejército mexicano en 1994, para combatir a los indígenas zapatistas en Chiapas, es decir que los zetas tienen entrenamiento contrainsurgente; fueron formados para combatir revueltas indígenas y levantamientos de campesinos, como los purépechas de Cherán, o cualquier otra comunidad que ose levantarse contra sus pretensiones de hacer dinero a costa de la tierra y el trabajo ajeno. Otro caso es el de los Kaibiles, grupo de élite guatemalteco que fue formado por fuerzas norteamericanas para combatir a las guerrillas indígenas y campesinas de Centroamérica. Los Kaibiles y sus discípulos son la principal fuerza de choque del Cártel del Golfo, organización que, -según especialistas en narcotráfico-, está perfectamente estructurada como una empresa; tiene oficinas con contadores, secretarias, abogados, grupos especiales de funcionarios que gestionan en bancos y otras instituciones legales el lavado de dinero, así como mejoras en obras públicas, escuelas y hasta universidades. Este cártel también tiene contratos con hospitales y centros de salud para atender a sus empleados que resulten heridos en sus refriegas contra otros grupos.

Según una nota de Roberto Garduño, publicada en La Jornada del 31 de marzo, el narcotráfico, junto a otras actividades ilícitas, se encuentran entre las mayores fuentes de empleo en México, ocupando el quinto lugar, -como empresa-, productora de empleos; más que Pemex y la industria maderera. Hay 468 mil personas dedicadas directamente al narcotráfico, cuyos ingresos oscilan entre 25 mil y 40 mil millones de dólares anuales. Todo lo anterior debido a que en México el 78 por ciento de los sectores económicos están infiltrados por el narcotráfico u otros negocios ilícitos, y nuestro gobierno no ha movido un dedo para desmantelar este apoyo económico a los cárteles.

En otra nota, de Elizabeth Velazco, del 15 de marzo, se da cuanta de la denuncia hecha por María José Gómez González, -jefa de “Género, violencia y derechos humanos” del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)-, acerca de que en México más de 800 mil mujeres y niñas son víctimas de explotación sexual, por parte de la delincuencia organizada, mientras que 38 mil mujeres y niñas han sido asesinadas en los últimos años. Muchas de estas esclavas sexuales son exportadas principalmente a Europa y Estados Unidos, donde las ganancias llegan a ser de 1500 a 2000 dólares diarios, según el número de veces que sea vendida la víctima, que son, principalmente, niñas y mujeres indígenas, con poca o nula preparación, -que ni siquiera hablan español-, y que son extraídas de pueblos como Cherán, [C2] y otras comunidades que se han levantado en armas contra la delincuencia. José María Gómez dijo que en México es más peligroso ser mujer que soldado en Gaza o en otro país con un conflicto armado. Al día siguiente Lorena Cruz Sánchez, presidenta el Instituto Nacional de las Mujeres, (tras una reunión con mujeres empresarias, empresarias que, como se mencionó arriba, la mayoría están infiltradas por el crimen organizado), dijo que las declaraciones de María José Gómez eran absurdas, que en México se está trabajando para erradicar la violencia contra las mujeres. Sobra citar todas las denuncias que las periodistas, Anabel Hernández y Lidia Cacho, han hecho contra empresarios y políticos mexicanos que están coludidos con el narcotráfico y la explotación sexual de mujeres y niñas.

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Derecho a la autodefensa de las comunidades.

Todo lo anterior demuestra, fundamentalmente, dos cosas ahora ya innegables: 1) El total fracaso del Estado mexicano para proteger a sus ciudadanos contra el crimen, y 2) La connivencia entre las autoridades, el sistema capitalita mexicano y los cárteles del crimen organizado. Es decir que la delincuencia organizada, el capitalismo de nuestra nación y el gobierno, son parte de una estructura dedicada a la explotación del pueblo mexicano, en todas las formas posibles. Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la cámara de diputados, declaró el 27 de febrero que era sospechoso que se multiplicaran los grupos de autodefensa, porque podían ocultar intereses contrarios a la defensa de las comunidades, y que muy pronto se verá que estaban ocultando intereses radicalmente distintos al bienestar de sus pueblos. En el mismo tenor, Gerardo Gutiérrez Candiani, (La Jornada, 25 de febrero), presidente del Consejo Coordinador Empresarial, (CCE), calificó de “preocupante la aparición de grupos de autodefensa armada en el país”, y urgió a las autoridades a definir una respuesta institucional responsable al tema de la inseguridad. Tal señor, -que siempre ha estado contra la autogestión de los obreros y del pueblo mexicano-, dijo, con respecto a las autodefensas: “Consideramos que no deben permitirse, y mucho menos apoyarlas o armarlas”. Por su parte, Raúl Placencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH) (La Jornada, 13 de marzo), dijo que las autodefensas surgidas en Guerrero y Michoacán rebasan a las instituciones del Estado Mexicano, y “nos alejan del objetivo de lograr la paz y la tranquilidad en aquellos lugares donde los grupos criminales tienen presencia y actividad”. O sea que los capitalistas y criminales europeos, norteamericanos y mexicanos sí tienen derecho para armarse y formar ejércitos para defenderse de los campesinos, indígenas y demás grupos subversivos que atentan contra sus intereses capitalistas, pero las comunidades y los disidentes son considerados delincuentes si es que toman las armas y se defienden o protegen su vida.

Lo que ocurre es que las policías comunitarias y autodefensas no sólo están contra la delincuencia organizada de los cárteles, sino también contra la delincuencia legalizada del Estado mexicano. El 24 de febrero, (La Jornada 25 de febrero), el ejército mexicano allanó viviendas de integrantes del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop), los cuales denunciaron que las comunidades se han opuesto a la construcción de la presa, desde 2003, debido a que afectaría a sus tierras. Una de las formas de resistir a la hidroeléctrica es poner retenes por medio de las defensas comunitarias, para evitar que los trabajadores federales entraran a sus comunidades, y la incursión del Ejército fue una advertencia de que no les permitirán poner nuevamente retenes de la policía comunitaria.

En San Luis Acatlán, Guerrero, (La Jornada 23 de febrero), se realizó en febrero una gran asamblea que aglutina a 108 pueblos indígenas y mestizos, en la cual se decidió elegir nuevos coordinaros de forma comunitaria para evitar enfrentamientos y divisiones entre las policías comunitarias y las autodefensas, para así poder defender mejor la región de los delincuencia de los cárteles, y de las mineras, que siempre han intentado entrar a sus comunidades para extraer sus riquezas, privatizar sus aguas y contaminar sus suelos y subsuelos. Por otra parte, el  día 24, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Martínez Álvarez, denunció que en Istmo de Tehuantepec, “opositores al proyecto eólico en la barra de Santa Teresa anunciaron la creación de una policía comunitaria”. Es decir que las comunidades indígenas y campesinas saben a quién se están oponiendo, los intereses que representan y cómo es que deben defender sus tierras y bienes naturales. El enemigo a vencer no sólo es el crimen organizado ilegal, sino también los criminales legalizados por parte del Estado mexicano.

 

México. Armados, campesinos de Sinaloa impiden retiro de bombas de agua para sus cultivos

Están desesperados; no se autorizó riego para miles de hectáreas: dirigente

La Jornada
Javier Valdez Cárdenas
Corresponsal
Domingo 26 de mayo de 2013
Culiacán, Sin., 25 de mayo.-Con armas de fuego, agricultores de los municipios de Ahome y El Fuerte evitan que personal de las juntas de agua potable y alcantarillado retire las bombas instaladas por los productores para extraer agua y regar sus cultivos de maíz, frijol, ajonjolí y sorgo, dijeron funcionarios municipales.

Inspectores de los organismos encargados de vigilar el uso correcto del agua en represas y canales han debido retirarse ante las amenazas de los agricultores de Bachomobampo, ejido de Ahome y la Arrocera, en El Fuerte, quienes acuden armados a instalar las bombas extractoras e impedir que éstas sean retiradas.

Ulises Gaxiola, líder de la Confederación Agrarista mexicana expresó que en Sinaloa, unas 120 mil, de 750 mil hectáreas de diversos cultivos, no fueron autorizadas para ser sembradas, por lo cual no se programó riego para estos surcos que ahora exigen recibir el líquido.

Gilberto Irazoqui Galaviz, del comité municipal campesino 5 de Ahome, dijo que los agricultores están desesperados y demandan que les autoricen 30 millones de metros cúbicos para no perder la cosecha en cerca de 24 mil hectáreas en esa región.

“Hay mucha desesperación. Hay gente que está armada cuidando las charqueras (bombas) y eso lo puede constatar el personal de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); no hay que apostarle a la violencia, a que esto pase a mayores”, señaló Irazoqui.

“Hay confianza –agregó– en que el gobernador tendrá éxito al llevar estas demandas ante las autoridades de la Conagua en la ciudad de México, porque esto no es un capricho ni es una irresponsabilidad”.
Leer más:
http://www.jornada.unam.mx/2013/05/26/estados/027n2est

A 2 años de lucha, en la celebración del segundo aniversario, demanda Cherán esclarecer asesinatos de comuneros

Por AchaTurí

Este texto es tomado del sitio Cultura Purepecha

Cherán, Michoacán.- El esclarecimiento del asesinato y desaparición de 25 comuneros y la certeza jurídica a su forma de gobierno, fueron las exigencias centrales de los habitantes de Cherán durante el arranque de sus festividades al cumplirse dos años de su lucha.

En el primer día de festejos, los cheranenses hicieron un balance de lo logrado a lo largo de estos dos años de lucha, y durante un año ya de operación del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, todo ello relacionado con temas de justicia, seguridad, desarrollo de obras en la comunidad. También se dieron un espacio para analizar temas relacionados con lo forestal.
El arranque del evento programado al medio día, se vio retrasado unas horas debido a que hubo que atender un incendio ocurrido en dos cerros de Cherán; más tarde, sería mediante una ceremonia prehispánica con la que se dio inicio a los festejos.

Tras calificar a Cherán como el lugar más seguro del estado, los comuneros mantienen su exigencia a las autoridades federales y estatales para que permanezca la vigilancia en la zona y evitar con ello más tragedias.

Miembros de las rondas comunitarias y del Concejo Mayor efectuaron también un llamado a la organización de las comunidades vecinas para su autodefensa, a fin de que la seguridad en la región crezca.

Los cheranenses recordaron que la realidad que viven las comunidades indígenas es de temor e incertidumbre debido a la presencia de la delincuencia organizada.

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Por los caminos de sur

Por José Aureliano Buendía

Calificado por los asistentes como un día histórico, el 31 de enero se realizó la primera asamblea comunitaria del Tribunal Popular en El Mesón, Municipio de Ayutla de los Libres. En ella se presentarían a 54 detenidos por los grupos de autodefensa que desde el 6 de enero irrumpieron en las regiones de la costa chica y centro del estado de Guerrero. Algunos apacibles, otros desconcertados; los detenidos se presentaron ante la mirada de los 69 representantes comunitarios quienes, junto al resto de los asistentes, sumaban más de mil personas en torno a la asamblea. La edad de los resguardados oscila entre los 16 y 50 años de edad, entre ellos tres menores y cuatro son mujeres. Salvo un par de personas del Distrito Federal y el Estado de México, todos son originarios del estado.

Los delitos imputados, en su gran mayoría, tienen que ver con el secuestro, extorsión o pertenencia a bandas locales del crimen organizado. Algunos fueron señalados como halcones y colaboradores del líder de la plaza de Ayutla, El Cholo, cuyo padre, madre, dos hermanos y su pareja sentimental están detenidos. Entre los presentados se encontraban: José Miguel Rebolledo, por consumo de drogas y tener cuatro plantas de mariguana en su casa; David Guerrero, de 39 años, acusado de secuestro y por descuartizar a sus víctimas. Hay quienes son señalados por asesinato, violación o robo. Destaca la detención de Rafael y Agustín Vargas Jijón, Osiel Vargas Chávez y Armando Vargas Carrillo, acusados por el secuestro del comisario Eusebio Alberto García, quien minutos antes dio testimonio de los hechos perpetrados en su contra.

Entre los asistentes se encontraban policías comunitarios y comisarios mandatados por la asamblea de sus comunidades; comisariados comunales y ejidales; delegados municipales; directores de escuelas; estudiantes de la Universidad de los Pueblos del del Sur (UNISUR); y representantes parroquiales. Así como familiares de los resguardados y las víctimas. Al final se pudo ver al senador Sofío Ramírez quien fue tratado como uno más de los asistentes.

Por los caminos del sur

A lo largo de la carretera federal 95, desde Chilpancingo y principalmente en el tramo que va de Tierra Caliente hacia Ayutla, pueden verse los retenes que militares y federales mantienen desde el día 22 de Enero, fecha en la que el operativo “Guerrero Seguro” comienza a reforzar la zona. Sin embargo, las camionetas repletas de hombres armados con rifles forman ya parte del paisaje en la costa chica desde los primeros días del año.

A bordo de una camioneta de redilas, viajamos desde Tecoanapa hasta la comunidad de El Mesón, acompañados por una decena de hombres armados y encapuchados, quienes en un principio se habían negado a llevarnos con ellos por estar ‘en servicio’. A los pocos minutos regresaron al lugar donde desayunábamos para rectificar e invitarnos a subir.

El silencio se rompió cuando vimos pasar a un convoy militar frente a nosotros, entonces uno de los hombres nos dijo: “Esos son marinos. Llegaron cuando ya estaba todo tranquilo. Antes, a diario habían muertos y nadie hacia nada, por eso nos levantamos”. Otro de ellos replicó: “nosotros andamos aquí arriesgando la vida, nomás pa’ que las familias duerman tranquilas. Sin recibir un peso a cambio”.

Previamente, un hombre mayor que viajaba a nuestro lado en una camioneta del transporte público desde la comunidad de Las Mesas -quien al parecer iba a trabajar al campo- nos contaba que hacía meses “la cosa era ya insoportable, los secuestros y asesinatos se habían vuelto parte de la vida diaria”. Decía que él no confiaba en que los militares fueran a terminar el problema, porque siempre se ponían del lado de los criminales. Y en Guerrero, desde hace mucho, saben que los militares sólo generan más violencia, pero que ahora con los policías comunitarios las cosas iban a ser diferentes, porque eran gentes que la comunidad elegía.

“La causa y el motivo son la delincuencia organizada que atraviesa a nuestro territorio comunitario. Hoy en día nace la comunitaria en nuestra región, ojalá que quede definitivamente en nuestro territorio para que saquen a toda esa chingadera que hacen aquellos señores”. Comenta Carmelo García Narciso, presentado como el Comandante Regional de la Policía Comunitaria.

Con la detención de un miembro de la banda “Los pelones”, el día 16 de Noviembre se desatan las amenazas en contra de los Policías Comunitarios, a quienes incluso ofrecen dinero para liberar al detenido. Acto seguido, es secuestrado el comandante de la comunidad de Bocachauen para realizar un intercambio. “Me llamaron la delincuencia y me anunciaron que estaban al 10 por 1: me agarras uno, te agarro 10. Ellos quisieron medir la fuerza”, explica quien al micrófono hace uso de la palabra. “Fue con la presión de la comunidad que sueltan al comandante de Bocachahuen; sin embargo, a los pocos días es secuestrado otro policía comunitario de Plan de Gatica. El único movimiento de la policía estatal fue por teléfono, por lo que se anuncia que si seguían los secuestros iba a haber limpieza total al municipio de Ayutla y parte de la costa chica.”

El día 5 de enero es levantado el comisario de Rancho Nuevo, por lo cual  se desata un operativo que moviliza a más de mil hombres de la zona, en la región de Ayutla y Tecoanapa. El movimiento civil de autodefensa es encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

“Esto no es llamarada de petate, los comunitarios llegamos pa’ quedarnos, pa’ protegernos. Porque sólo el pueblo es el que va a salvar al pueblo, el pueblo va a poner orden.”

Para terminar, se pide al gobierno que no se preocupe sólo por los detenidos, sino también por las víctimas, aquellos que quedaron huérfanos y las viudas.

El papel del Estado

Ante la conmoción ocasionada por la explosión en Pemex el día 1 de febrero, el Tribunal Popular fue sólo noticia de interiores en los diarios nacionales. Asimismo, el gobernador Ángel Aguirre no perdió ocasión para presentar con bombos y platillos a la ‘Comisión Para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas’, a la que fue asignado Jaime Martínez Veloz como representante del gobierno federal. Esta designación, realizada directamente por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, muestra la preocupación de Peña Nieto ante el arribo de este nuevo proceso de autodefensaque surge como respuesta al vacío que el Estado mexicano muestra ante la violencia heredada del sexenio de Felipe Calderón.

Bastante se ha mencionado sobre una propuesta del ejecutivo estatal para integrar a los policías comunitarios como auxiliares del sistema de seguridad del estado, al dotarlos de recursos y salario. Lo anterior excluye la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); la cual opera en la región de la Montaña y costa chica de Guerrero desde hace 17 años, mientras construye un proceso de aceptación entre las comunidades.

Previo a la presentación de los detenidos, Mario Campos, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Tlapa, señala cómo el proceso de impartición de justicia comunitaria no es algo improvisado, no es llamarada de petate: “es resultado de un largo proceso, de muchos años. El pueblo tomó conciencia de que los problemas que lo aquejaban no podían prolongarse de manera indefinida. Este proceso se remonta a 1992, ’93, cuando hay asambleas comunitarias en la región de la costa-montaña. El 14 y 15 de octubre del ’95 nace la policía comunitaria”.

“Hablo de esto porque éste es el antecedente. Pasaron los años y muchos hermanos nuestros de Ayutla hicieron presencia en algunas asambleas de aquella zona. Y últimamente fue la UPOEG, los que construyeron un proceso de organización con presencia en 41 municipios del estado.

…..

Tenemos que ser honestos, las instancias oficiales no han funcionado. El vigor, la fortaleza de la policía comunitaria y de los pueblos, no está en armas sofisticadas, no está en alto presupuesto económico. La fortaleza de los pueblos está en la organización, en su cultura de servicio. Ya vimos cómo en el sexenio anterior, a pesar de tantos muertos, de tanto recurso invertido, no se reestableció el Estado de derecho, no se reestableció el orden. Es lamentable que todavía en nuestros tiempos, el nuevo gobierno federal esté apostando a continuar esta misma estrategia, tiene que considerar nuevas alternativas; los pueblos ya están presentando la suya.”

Por su parte, Raúl Plasencia, ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha cesado de descalificar el proceso de autodefensa, pues señala constantemente su preocupación por que esta experiencia rebase a las instituciones y al mismo Estado. Además de descalificar al tribunal popular por considerar que está “fuera de la ley”, acusa que intentarán “hacer justicia por su propia mano”[i].**

Es necesario que alguien le explique al señor Plascencia que, desde hace mucho, en las regiones de costa chica y la Montaña de Guerrero, en la meseta p’urhépecha y en los altos de Chiapas, así como en gran parte del país, el Estado mexicano ha quedado completamente rebasado. En las regiones señaladas existen sistemas de justicia comunitarios que han logrado hacer frente a la descomposición social propiciada por el mismo Estado mexicano.

Las voces del agravio

Una vez presentados los detenidos, y ya pasado el medio día, el sol castigaba a todos aquellos que le hacían frente en la cancha de basquetbol, sede de la asamblea en la comunidad nu’saavi. Pocos fueron los comunicadores que se quedaron después de cubrir el momento estelar, con el ansia de escuchar la asamblea hasta el final.

Continuó la intervención de una mujer, quien narró la falta de atención por parte de las instituciones de justicia en el estado, lo que la hacía “poner toda la confianza en la policía comunitaria”. Después de ella fue Bruno Plácido Valerio, fundador de la CRAC y actual dirigente de la UPOEG, quien defendió el proceso de impartición de justicia por parte de las comunidades, haciendo hincapié en que el movimiento no se encuentra fuera de la legalidad, pues lo sustenta en el artículo 39 de la constitución”.

Sin embargo, fue la intervención al micrófono de un chico de 12 años lo que haría estremecer a todos los presentes:

“Yo soy un niño de 12 años que ha visto cómo torturan a la gente”. Cubierto del rostro y con voz apenas audible gracias a los altavoces, el niño nos cuenta cómo se ha escapado de la casa de su abuela para ir a Chilpancingo donde: “me sacan por la carretera, hasta una casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó a un compa, no sé qué le debería”

“Como quien dice, me están entrenando para ser un pinche sicario”

Su abuela lo fue a entregar a los policías comunitarios para tratar de alejarlo de un camino que, en México, no todos los niños han sido tan afortunados en librar.

“Apenas que me fui a Chilpancingo, vi cómo mataron gente. Asaltaron un taxi que iba lleno de pasajeros y a todos los mataron. Yo vi como los bajaron y los llevaron casi a la entrada de Chilpancingo, en una casita por el monte. Les empezaron a quitar los dedos de sus manos con un cuchillo largo. Todo lo hicieron pedazos. La cabeza se la quitaron, la echaron en una caja y la envolvieron como regalo.”

Al niño le ofrecieron que llevara la caja “para ganarse una feria”, también le ofrecieron iniciarse en la venta de droga en Chilpancingo.

Momento histórico

Una vez concluida formalmente la primera sesión del Tribunal Popular, se decidió mediante votación, hacer un receso y reanudar una segunda sesión del tribunal el próximo 22 de febrero, en la comunidad de Buenavista. En ella serán presentadas las pruebas que permitan tomar una determinación sobre los detenidos.

Desde los primeros días del levantamiento en Ayutla y Tecoanapa, miembros de la CRAC-PC se han deslindando de estar al frente del movimiento de autodefensa señalado. Desde entonces, se han hecho continuos señalamientos en contra de la UPOEG por parte de miembros de esa organización. Ante este hecho, confiamos en que sea la sabiduría de las comunidades y la madurez de los actores políticos que se han puesto al frente de estos procesos de autodefensa lo que permita superar las diferencias y superar el momento histórico que en el país ha dejado más de 120 mil muertos[ii], más de 13 mil desaparecidos[iii] y 1.6 millones de desplazados[iv]. Es en ese contexto en el que corresponde a los comunicadores independientes seguir de cerca un proceso que, además de ser histórico, podría marcar la pauta en el incierto futuro de nuestro país.


**Para conocer más acerca de las concepciones de seguridad comunitaria e impartición de justicia desde el sentir popular en varias zonas de Guerrero es fundamental revisar el siguiente sitio: http://www.policiacomunitaria.org/ Esta es la propuesta de la Policía Comunitaria sin embargo las otras expresiones de seguridad popular se acercan o comparten estas concepciones. De igual forma proponemos consultar los materiales que hemos desarrolldo acerca de estos temas:

https://vimeo.com/56888029

http://www.agenciasubversiones.org/?tag=crac-pc

[i] Plascencia alerta de autodefensa ciudadana. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/07/plascencia-alerta-autodefensa-ciudadana

[ii] “México, espiral de la barbarie”. Editorial íntegro de Le Monde. Revista Proceso 23 de Agosto de 2012

[iii] Más de 13 mil desaparecidos por la guerra en México. Revista Contralínea 20 de mayo de 2012.

[iv] Desplazados 1.6 millones de mexicanos por guerra contra el crimen organizado. Revista Proceso 28 de Noviembre de 2012

Las Policías Comunitarias son el modelo a seguir

Por Juan Reséndiz

De nada sirvieron las decenas de miles de militares y policías que el gobierno de Calderón puso en las calles para combatir al narcotráfico. Fútil fue el impacto del Plan Mérida sobre los delincuentes, pero firmarlo con Washington comprometió la soberanía nacional. Inútiles fueron los 810 mil millones de pesos derrochados con este propósito a lo largo de ese sexenio[i], así como las 120 mil muertes que el diario francés Le Monde calcula había a fines de 2012, en una lucha que caracteriza “como el conflicto más mortífero del planeta durante los último años” (23/VIII/12).

Los grupos del narcotráfico de ninguna manera se vieron mermados, por el contrario, crecieron cuantitativamente y se extendieron a zonas donde su presencia era mínima. Se desarrollaron nuevos “giros” del crimen organizado (secuestro, trata de personas, robo a ductos de Pemex, tala de monte, cobro de derecho de piso, etcétera). Se creó un clima de violencia e inseguridad generalizado en todo el país, pero fue en las comunidades indígenas y campesinas donde más se hizo sentir el peso de su presencia.

En estas comunidades está surgiendo la verdadera solución al problema de la delincuencia. La organización democrática de policías comunitarias y el armamento de la población son la alternativa.

Cada vez más comunidades se arman y autodefienden. En este inicio de año cientos o quizá miles de pobladores en Guerrero y Michoacán tomaron la decisión de combatir al crimen organizado y de brindar protección a sus familias. Ya antes, los pueblos de Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachuén, Quinceo  y Sevina en la meseta purépecha, Michoacán, habían mostrado su simpatía con Autodefensa de Cherán.  El fenómeno de las policías comunitarias en Ayutla y Tecoanapa rápidamente se extendió a otras comunidades de  Costa Chica o del norte de Guerrero como Avante, San Marcos, Copala, Cruz Grande, Las Ánimás, Atoyac, Tixtla…

Antes ya habíamos visto este fenómeno en Urapicho, Ostula y Cherán en Michocán y Olinalá, en Guerrero. Aquí, alrededor de 40 comunidades se han armado.

En Guerrero, la Policía Comunitaria (PC) nace en octubre de 1995. Se fundó en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, y se integró con grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Actualmente se ha extendido a más de 80 comunidades en una docena de municipios.

Una característica de suma importancia es que la autodefensa viene surgiendo a partir de una decisión comunitaria: el pueblo se instala en asamblea y decide libremente su conformación, facultades y límites.

Está surgiendo un poder indígena y popular armado

El Estado capitalista siempre trata de contar con el monopolio de las armas y en estas zonas lo ha perdido. El problema para la clase empresarial y sus agentes políticos es que ahora las armas se encuentran en poder de pueblos apaleados por el hambre y la miseria causadas por el capitalismo depredador de las décadas pasadas. En estas condiciones, la posesión de armas se convierte en sumamente explosiva porque hoy sirven para la defensa popular pero mañana podrían ser enderezadas contra la clase propietaria y explotadora.

Tampoco toleran los burgueses y gobernantes que estas comunidades procuren e impartan justicia por sí mismas y que lo hagan mejor que el corrupto poder judicial. Empresarios y funcionarios tiemblan ante la perspectiva de que mañana el pueblo armado también los juzgue a ellos por estar ligados a los narcos o por ser los causantes de la marginación y el desempleo.

De manera incipiente pero efectiva las comunidades de Michoacán y Guerrero le vienen dando forma a un poder alterno al de los capitalistas. Este poder campesino, indígena y popular se suma al que han levantado desde hace ya varios años los indígenas del estado de Chiapas organizados en torno al EZLN. En esta región la guerrilla gobierna en siete regiones a más de 40 mil indígenas.

El gobierno intenta cooptar y mediatizar a las comunidades armadas

Si entre las clases pobres el armamento del pueblo goza de reconocimiento y simpatía, porque ha logrado replegar a los delincuentes, lo opuesto sucede entre la clase empresarial, el gobierno, partidos, e Iglesia. La clase dominante y explotadora teme más a los pueblos en armas que a los peores carteles de delincuentes. Los gobernantes ya están experimentando algunas vías para desarmar a las comunidades. Por lo pronto han desatado una campaña mediática en contra de este fenómeno, sólo que se topan con la simpatía popular hacia el armamento civil.

El gobierno estaría dispuesto a aniquilar militarmente a estas comunidades, pero se enfrenta al problema de cómo justificar el reprimir a pueblos que se defienden de la inseguridad que él se ha mostrado incapaz de resolver.

Los peligros

El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre se ha dado la política de corromper y ganarse al movimiento con migajas (uniformes, dinero y camionetas) y tratando de exhibirse como su simpatizante. El chacal de Ayotzinapa dice que las policías comunitarias son tan buenas que tratará de que sean reconocidas en la Constitución.

El senador perredista Sofío Ramírez Hernández  señaló que “es necesario reglamentar las policías comunitarias. Estamos obligados todos los poderes públicos, pero sobre todo quienes somos representantes populares, de dar todo el respaldo al pueblo de Guerrero, para fortalecer las instituciones, el estado de derecho y respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para recuperar la armonía la paz”. (El Sur, Guerrero, 21/I/13).

Así que por ahora el mayor peligro es dejarse seducir por el canto de los tiburones. Ninguna confianza deben tenerse en el PRI, PAN o el gobierno estatal perredista. Todos trabajan en su contra.

Se necesita un congreso de todas las comunidades armadas

Para enfrentarse a este y otros peligros, las policías comunitarias podrían reunirse en una gran asamblea o encuentro en el que democráticamente decidan un programa común, un proyecto único nacional. Los medios de comunicación han ventilado y resaltado  las diferencias que existen entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Consideramos que todos estos problemas son salvables en el contexto de una discusión fraterna y honesta entre hermanos de clase que luchan por el mismo fin. Es necesario entonces se convoque a una reunión o congreso nacional en donde comunidades y policías comunitarias de distintos estados de la República cuenten con un espacio de deliberación y toma de decisiones que le permitan conducir exitosamente su lucha.

El hambre azota las comunidades

Es cierto que la inseguridad es el motivo principal por el cual distintas comunidades han recurrido al armamento. Aunque la pobreza y las carencias también están detrás de su movilización armada. De acuerdo con Erika Ramírez, reportera e investigadora de la revista Contralínea, si se habla de  zonas afectadas por la miseria, son más de 800 municipios (y no 400 como dice la voz oficial). En pobreza extrema hay 13 millones de personas; y son pobres moderados 52 millones. Sin acceso a una satisfactoria alimentación, hay 28 millones y 81 millones de mexicanos padecen cuando menos una carencia social. “La pobreza en México tiene rostro de indígena”, dice esta autora. De acuerdo con el mapa de la marginación los pueblos indios se encuentran sumidos en la miseria subsahariana. Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, las entidades con mayor número de pueblos originarios.


[i] Los saldos del Narco. Aguilar, Rubén y Castañeda, Jorge, México, Santillana, 2012, pág. 32.