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Hostigamiento militar contra familia del compañero Julián Contreras Álvarez en Ciudad Juárez

ASAMBLEA POPULAR REGIONAL PASO del NORTE

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Pronunciamiento en contra del hostigamiento militar contra la familia de compañero

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Día de Acción Nacional: 17 de Julio, 2013. ¿Porque necesitamos rechazar la militarización de la frontera en el CIR?

Por Border Network for Human Rights.

MilitarizacionenlaFrontera

Durante los próximos 10 años, la “oleada fronteriza” bi-partidista, creara una de las zonas fronterizas más militarizadas del mundo. No hay que olvidar que más de 7 millones de ciudadanos, residentes y familias estadounidenses viven en las comunidades fronterizas de San Diego, California hasta Brownsville, Texas.

Esta militarización masiva incluye:

  •  La adición de 20,000 agentes de la patrulla fronteriza a los más de 21,000 que actualmente tenemos, teniendo como resultado un total de más de 40,000.
  •  Por lo menos 700 millas de muro fronterizo y paredes triples deben ser completadas.
  •  El despliegue de la guardia nacional.
  •  85 torres fijas de vigilancia
  •  488 sistemas de video vigilancia a distancia fija
  •  232 sistemas de vigilancia móvil
  •  4,425 sensores de tierra
  •  820 gafas de visión térmica de noche
  •  6 sistemas de radar VADER
  •  17 helicópteros UH-1N
  •  8 helicópteros de aplicación moderada AS-350
  •  15 helicópteros black hawk
  •  30 buques de navegación marítima
  •  18 drones ( aviones no tripulados)

Todo esto viene con un costo inicial de $ 47 mil millones de dólares

Mensajes en oposición a la Militarización

No representa la realidad de las necesidades en la frontera. Los políticos de ambos partidos han promovido una imagen distorsionada de la región fronteriza, poniendo de relieve la violencia y el caos que no existe en el lado de la frontera con Estados Unidos. Las comunidades y las ciudades fronterizas de Estados Unidos son más seguras que los centros urbanos en el interior de los Estados Unidos. El  Paso, Texas y  San Diego, California fueron respectivamente la primera y la segunda ciudad más segura en los Estados Unidos en el 2012.

Sacrifica una comunidad Americana por otra. Senadores Demócratas y Republicanos trataron de argumentar que la militarización de la frontera fue un paso necesario para seguir adelante con la reforma Migratoria. Los políticos pueden estar dispuestos a sacrificar a millones de estadounidenses que viven en la frontera pero nosotros no. Al votar por la “oleada fronteriza” los políticos han justificado y perdonado violaciones a los derechos civiles y minaran quizás permanentemente los derechos humanos y la calidad de vida de 7 millones de estadounidenses que viven en la frontera. Si esta propuesta se convierte en la ley de la nación, se tratara y considerara de manera diferente a residentes fronterizos estadounidenses que al resto de la nación. Esto no solo es discriminación pero también un sacrificio político inaceptable.

Es un desperdicio de recursos en nuestra crisis económica actual. La frontera ya ha visto una expansión masiva de personal y de tecnología de ejecución en los últimos siete años, haciendo de este acuerdo no solo algo innecesario sino también un despilfarro obsceno de preciosos recursos. El dinero de los contribuyentes podría ser mejor utilizado en el fortalecimiento de la economía, y el cumplimiento de la educación, la infraestructura, la seguridad local y las necesidades de servicios sociales de las comunidades fronterizas.

Las sombras de la militarización comprometen los principios y los valores estadounidenses. Lo que sabemos es que el impacto de esta decisión ira mucho más allá de las comunidades fronterizas que serán condenadas a décadas de vivir en una zona de guerra virtual. Esto tiene el potencial para deslizarse en el resto del país. Republicanos y Demócratas en el senado han dado el paso sin precedentes de militarizar una gran parte de los Estados Unidos que representa un asalto frontal contra las libertades civiles y los derechos humanos de los habitantes de la frontera. Con enormes ganancias en la cuerda floja, esto eventualmente se introducirá en otras comunidades a través de los Estados Unidos.

Este compromiso político presenta un falso dilema. Algunos políticos de ambos lados del partido pretenden poner las fuerzas  a favor de la reforma en desacuerdo, diciendo que criticar la escandalosa militarización de la frontera es oponerse a una Reforma Migratoria Integral (CIR por sus siglas en Ingles) y a la ciudadanía. La agenda de “seguridad primero”  y los proponentes de esta edificación masiva en la frontera son los mismos que han rechazado el acceso a la ciudadanía como parte de la solución. Como todos sabemos, aquellos en favor de una militarización en la frontera no tienen otra intención más que descarrilar el proceso de una justa Reforma Migratoria. Los defensores de una Reforma Migratoria debemos permanecer juntos y fuertes e inequívocamente apoyar el camino hacia la ciudadanía y rechazar la militarización.

El propósito del Día de Acción Nacional en contra de la Militarización en la Frontera es el de hacer retroceder las propuestas de militarizar una gran porción de los Estados Unidos en el contexto de una Reforma Federal de Inmigración. Los objetivos son:

  1. Elevar las voces de oposición a nivel nacional, destacando aquellas de las comunidades fronterizas,
  2. Sincronizar actividades que educaran al público en general acerca de las amenazas que la militarización representa para el País y,
  3. Educar a miembros del congreso acerca de las razones por la cuales las propuestas actuales de militarización son mala política.

Menú de Actividades

  • Eventos para pedirle a su representante que se oponga públicamente a la militarización.
  • Acciones directas
  • Marchas
  • Protestas
  • Presentar una resolución de oposición a la militarización a los cuerpos de gobierno locales
  • Grandes conferencias de prensa con múltiples segmentos de la comunidad representada.
  • …las actividades pueden ser adaptadas para el ambiente local

Medios Sociales

Para uso en el Facebook:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=493237190751798&set=a.130634757012045.31937.101664589909062&type=1&theater

Para uso en Twitter:

Enough already! We need reform, not border #militarization. Join me on July 17. #Overkill #CIR #latism http://bit.ly/12oVpoF

Ya Basta! Necesitamos una reforma, no militarización en la frontera. Únete el 17 de julio. #Overkill #CIR #latism http://bit.ly/12oVpoF

Contactos:

  • Para el equipo de Comunicaciones: Si su organización está interesada en participar en la coordinación por favor envié un correo electrónico a Cristina Parker para participar.

  • Para archivar un evento, por favor envié estos detalles de su evento a Teresa Nevarez,  Ciudad, Estado, lugar, hora, tipo de evento, contacto local (nombre, correo electrónico y teléfono), lista de organizaciones aliadas, número de gente que se espera tener.

  • Para preguntas legislativas: Si usted estará visitando a  algún Miembro del Congreso y tiene alguna pregunta sobre como su evento puede atarse a alguna estrategia legislativa, por favor comuníquese con José Manuel.

NO a la militarización de la frontera

Por Acción Migrante

noMilitarizacionFrontera

Publicado en  Acción Migrante

Participantes de la campaña «Acción Migrante» expresamos nuestra preocupación en relación al proyecto de reforma migratoria en Estados Unidos. La perspectiva imperante con la que se está legislando, tanto en el senado como en la cámara baja, pareciera no tener como prioridad la legalización de nuestros conciudadanos, sino el aumento de la “seguridad” en las fronteras.

El despliegue de más elementos policiacos y la extensión de los muros, junto con el aumento de la utilización de la detención como medida de control migratorio, profundizarán la crisis humanitaria que actualmente enfrentan las personas migrantes en la región. Esto intensificará la criminalización, persecución y violencia contra las y los migrantes indocumentados y contra los que no logren cumplir con las condiciones impuestas para obtener la residencia.

Para que el acto de migrar sea un ejercicio de libertad es necesaria una reforma migratoria que reconozca las aportaciones culturales y económicas de las personas migrantes, tanto en Estados Unidos como en sus lugares de origen. Exigimos al gobierno mexicano que defienda la libertad de nuestras fronteras y comunidades.

Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, de derechos humanos, a los medios de comunicación, académicos, estudiantes, colectivos libertarios, a las y los migrantes y a la sociedad mexicana en general, a conjuntar esfuerzos contra estas graves medidas.

Por justicia, dignidad y libertad de tránsito en la región Centro-Norteamérica

Acción Migrante accionmigrante.org

Alianza De Ex Braceros Del Norte 1942/1964 • Asamblea Popular de Familias Migrantes, APOFAM • Babel Sur, Centro de Investigación Política y Alternativas Sociales A.C. • Casa de los Amigos, A.C. • Casa del Migrante de Saltillo • Casa de Migrante Casa Nicolás • Centro de Atención a la Familia Migrante e Indígena, CAFAMI • Casa Migrante Camino a la Vida, Aguascalientes • Centro de Investigación para la Construcción de Alternativas AC, CIPCA AC • Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña • Colectivo de Apoyo para Personas Migrantes, COAMI • Colectivo ustedes somos nosotros • Eje sobre Migración, Refugio y Desplazamiento Forzado, Capítulo México del Tribunal Permanente de los Pueblos, TPP • Estancia del Migrante González y Martínez • Fundación para la Democracia • Fundar, Centro de Análisis, A.C.•·Inclusión y Equidad, Consultora Latinoamericana • Iniciativa Ciudadana • International Detention Coalition, IDC • Jóvenes con Acción Migrante • Mundo Citizen • Movimiento Migrante Mesoamericano • Nosotras somos tu voz • Posgrado para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la UACM • Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, Red TDT • Salud Integral para la Mujer A.C • Secretaría, Tribunal Internacional de Conciencia de los Pueblos en Movimiento • Sin Fronteras IAP • Vía Migrante • Voces Mesoamericanas.

Por los caminos de sur

Por José Aureliano Buendía

Calificado por los asistentes como un día histórico, el 31 de enero se realizó la primera asamblea comunitaria del Tribunal Popular en El Mesón, Municipio de Ayutla de los Libres. En ella se presentarían a 54 detenidos por los grupos de autodefensa que desde el 6 de enero irrumpieron en las regiones de la costa chica y centro del estado de Guerrero. Algunos apacibles, otros desconcertados; los detenidos se presentaron ante la mirada de los 69 representantes comunitarios quienes, junto al resto de los asistentes, sumaban más de mil personas en torno a la asamblea. La edad de los resguardados oscila entre los 16 y 50 años de edad, entre ellos tres menores y cuatro son mujeres. Salvo un par de personas del Distrito Federal y el Estado de México, todos son originarios del estado.

Los delitos imputados, en su gran mayoría, tienen que ver con el secuestro, extorsión o pertenencia a bandas locales del crimen organizado. Algunos fueron señalados como halcones y colaboradores del líder de la plaza de Ayutla, El Cholo, cuyo padre, madre, dos hermanos y su pareja sentimental están detenidos. Entre los presentados se encontraban: José Miguel Rebolledo, por consumo de drogas y tener cuatro plantas de mariguana en su casa; David Guerrero, de 39 años, acusado de secuestro y por descuartizar a sus víctimas. Hay quienes son señalados por asesinato, violación o robo. Destaca la detención de Rafael y Agustín Vargas Jijón, Osiel Vargas Chávez y Armando Vargas Carrillo, acusados por el secuestro del comisario Eusebio Alberto García, quien minutos antes dio testimonio de los hechos perpetrados en su contra.

Entre los asistentes se encontraban policías comunitarios y comisarios mandatados por la asamblea de sus comunidades; comisariados comunales y ejidales; delegados municipales; directores de escuelas; estudiantes de la Universidad de los Pueblos del del Sur (UNISUR); y representantes parroquiales. Así como familiares de los resguardados y las víctimas. Al final se pudo ver al senador Sofío Ramírez quien fue tratado como uno más de los asistentes.

Por los caminos del sur

A lo largo de la carretera federal 95, desde Chilpancingo y principalmente en el tramo que va de Tierra Caliente hacia Ayutla, pueden verse los retenes que militares y federales mantienen desde el día 22 de Enero, fecha en la que el operativo “Guerrero Seguro” comienza a reforzar la zona. Sin embargo, las camionetas repletas de hombres armados con rifles forman ya parte del paisaje en la costa chica desde los primeros días del año.

A bordo de una camioneta de redilas, viajamos desde Tecoanapa hasta la comunidad de El Mesón, acompañados por una decena de hombres armados y encapuchados, quienes en un principio se habían negado a llevarnos con ellos por estar ‘en servicio’. A los pocos minutos regresaron al lugar donde desayunábamos para rectificar e invitarnos a subir.

El silencio se rompió cuando vimos pasar a un convoy militar frente a nosotros, entonces uno de los hombres nos dijo: “Esos son marinos. Llegaron cuando ya estaba todo tranquilo. Antes, a diario habían muertos y nadie hacia nada, por eso nos levantamos”. Otro de ellos replicó: “nosotros andamos aquí arriesgando la vida, nomás pa’ que las familias duerman tranquilas. Sin recibir un peso a cambio”.

Previamente, un hombre mayor que viajaba a nuestro lado en una camioneta del transporte público desde la comunidad de Las Mesas -quien al parecer iba a trabajar al campo- nos contaba que hacía meses “la cosa era ya insoportable, los secuestros y asesinatos se habían vuelto parte de la vida diaria”. Decía que él no confiaba en que los militares fueran a terminar el problema, porque siempre se ponían del lado de los criminales. Y en Guerrero, desde hace mucho, saben que los militares sólo generan más violencia, pero que ahora con los policías comunitarios las cosas iban a ser diferentes, porque eran gentes que la comunidad elegía.

“La causa y el motivo son la delincuencia organizada que atraviesa a nuestro territorio comunitario. Hoy en día nace la comunitaria en nuestra región, ojalá que quede definitivamente en nuestro territorio para que saquen a toda esa chingadera que hacen aquellos señores”. Comenta Carmelo García Narciso, presentado como el Comandante Regional de la Policía Comunitaria.

Con la detención de un miembro de la banda “Los pelones”, el día 16 de Noviembre se desatan las amenazas en contra de los Policías Comunitarios, a quienes incluso ofrecen dinero para liberar al detenido. Acto seguido, es secuestrado el comandante de la comunidad de Bocachauen para realizar un intercambio. “Me llamaron la delincuencia y me anunciaron que estaban al 10 por 1: me agarras uno, te agarro 10. Ellos quisieron medir la fuerza”, explica quien al micrófono hace uso de la palabra. “Fue con la presión de la comunidad que sueltan al comandante de Bocachahuen; sin embargo, a los pocos días es secuestrado otro policía comunitario de Plan de Gatica. El único movimiento de la policía estatal fue por teléfono, por lo que se anuncia que si seguían los secuestros iba a haber limpieza total al municipio de Ayutla y parte de la costa chica.”

El día 5 de enero es levantado el comisario de Rancho Nuevo, por lo cual  se desata un operativo que moviliza a más de mil hombres de la zona, en la región de Ayutla y Tecoanapa. El movimiento civil de autodefensa es encabezado por la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

“Esto no es llamarada de petate, los comunitarios llegamos pa’ quedarnos, pa’ protegernos. Porque sólo el pueblo es el que va a salvar al pueblo, el pueblo va a poner orden.”

Para terminar, se pide al gobierno que no se preocupe sólo por los detenidos, sino también por las víctimas, aquellos que quedaron huérfanos y las viudas.

El papel del Estado

Ante la conmoción ocasionada por la explosión en Pemex el día 1 de febrero, el Tribunal Popular fue sólo noticia de interiores en los diarios nacionales. Asimismo, el gobernador Ángel Aguirre no perdió ocasión para presentar con bombos y platillos a la ‘Comisión Para la Armonía y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas’, a la que fue asignado Jaime Martínez Veloz como representante del gobierno federal. Esta designación, realizada directamente por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, muestra la preocupación de Peña Nieto ante el arribo de este nuevo proceso de autodefensaque surge como respuesta al vacío que el Estado mexicano muestra ante la violencia heredada del sexenio de Felipe Calderón.

Bastante se ha mencionado sobre una propuesta del ejecutivo estatal para integrar a los policías comunitarios como auxiliares del sistema de seguridad del estado, al dotarlos de recursos y salario. Lo anterior excluye la experiencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); la cual opera en la región de la Montaña y costa chica de Guerrero desde hace 17 años, mientras construye un proceso de aceptación entre las comunidades.

Previo a la presentación de los detenidos, Mario Campos, coordinador de la pastoral social de la diócesis de Tlapa, señala cómo el proceso de impartición de justicia comunitaria no es algo improvisado, no es llamarada de petate: “es resultado de un largo proceso, de muchos años. El pueblo tomó conciencia de que los problemas que lo aquejaban no podían prolongarse de manera indefinida. Este proceso se remonta a 1992, ’93, cuando hay asambleas comunitarias en la región de la costa-montaña. El 14 y 15 de octubre del ’95 nace la policía comunitaria”.

“Hablo de esto porque éste es el antecedente. Pasaron los años y muchos hermanos nuestros de Ayutla hicieron presencia en algunas asambleas de aquella zona. Y últimamente fue la UPOEG, los que construyeron un proceso de organización con presencia en 41 municipios del estado.

…..

Tenemos que ser honestos, las instancias oficiales no han funcionado. El vigor, la fortaleza de la policía comunitaria y de los pueblos, no está en armas sofisticadas, no está en alto presupuesto económico. La fortaleza de los pueblos está en la organización, en su cultura de servicio. Ya vimos cómo en el sexenio anterior, a pesar de tantos muertos, de tanto recurso invertido, no se reestableció el Estado de derecho, no se reestableció el orden. Es lamentable que todavía en nuestros tiempos, el nuevo gobierno federal esté apostando a continuar esta misma estrategia, tiene que considerar nuevas alternativas; los pueblos ya están presentando la suya.”

Por su parte, Raúl Plasencia, ombudsman de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha cesado de descalificar el proceso de autodefensa, pues señala constantemente su preocupación por que esta experiencia rebase a las instituciones y al mismo Estado. Además de descalificar al tribunal popular por considerar que está “fuera de la ley”, acusa que intentarán “hacer justicia por su propia mano”[i].**

Es necesario que alguien le explique al señor Plascencia que, desde hace mucho, en las regiones de costa chica y la Montaña de Guerrero, en la meseta p’urhépecha y en los altos de Chiapas, así como en gran parte del país, el Estado mexicano ha quedado completamente rebasado. En las regiones señaladas existen sistemas de justicia comunitarios que han logrado hacer frente a la descomposición social propiciada por el mismo Estado mexicano.

Las voces del agravio

Una vez presentados los detenidos, y ya pasado el medio día, el sol castigaba a todos aquellos que le hacían frente en la cancha de basquetbol, sede de la asamblea en la comunidad nu’saavi. Pocos fueron los comunicadores que se quedaron después de cubrir el momento estelar, con el ansia de escuchar la asamblea hasta el final.

Continuó la intervención de una mujer, quien narró la falta de atención por parte de las instituciones de justicia en el estado, lo que la hacía “poner toda la confianza en la policía comunitaria”. Después de ella fue Bruno Plácido Valerio, fundador de la CRAC y actual dirigente de la UPOEG, quien defendió el proceso de impartición de justicia por parte de las comunidades, haciendo hincapié en que el movimiento no se encuentra fuera de la legalidad, pues lo sustenta en el artículo 39 de la constitución”.

Sin embargo, fue la intervención al micrófono de un chico de 12 años lo que haría estremecer a todos los presentes:

“Yo soy un niño de 12 años que ha visto cómo torturan a la gente”. Cubierto del rostro y con voz apenas audible gracias a los altavoces, el niño nos cuenta cómo se ha escapado de la casa de su abuela para ir a Chilpancingo donde: “me sacan por la carretera, hasta una casetita. Ahí tiene a un compa amarrado de pies a cabeza. Después lo sacan y le empiezan a cortar sus dedos, luego sus manos, sus pies. Luego empezaron a quitarle la cabeza. Como le dije a uno de esos compas que no iba a estar con él, me anda buscando. Ahora soy uno de los más buscados en mi pueblo. Lo que yo no quiero es meterme en más broncas. Yo sólo he visto cómo ha matado gente. Me ha llevado a todas partes. Por aquí, por Las Mesas, hace poquito que descabezó a un compa, no sé qué le debería”

“Como quien dice, me están entrenando para ser un pinche sicario”

Su abuela lo fue a entregar a los policías comunitarios para tratar de alejarlo de un camino que, en México, no todos los niños han sido tan afortunados en librar.

“Apenas que me fui a Chilpancingo, vi cómo mataron gente. Asaltaron un taxi que iba lleno de pasajeros y a todos los mataron. Yo vi como los bajaron y los llevaron casi a la entrada de Chilpancingo, en una casita por el monte. Les empezaron a quitar los dedos de sus manos con un cuchillo largo. Todo lo hicieron pedazos. La cabeza se la quitaron, la echaron en una caja y la envolvieron como regalo.”

Al niño le ofrecieron que llevara la caja “para ganarse una feria”, también le ofrecieron iniciarse en la venta de droga en Chilpancingo.

Momento histórico

Una vez concluida formalmente la primera sesión del Tribunal Popular, se decidió mediante votación, hacer un receso y reanudar una segunda sesión del tribunal el próximo 22 de febrero, en la comunidad de Buenavista. En ella serán presentadas las pruebas que permitan tomar una determinación sobre los detenidos.

Desde los primeros días del levantamiento en Ayutla y Tecoanapa, miembros de la CRAC-PC se han deslindando de estar al frente del movimiento de autodefensa señalado. Desde entonces, se han hecho continuos señalamientos en contra de la UPOEG por parte de miembros de esa organización. Ante este hecho, confiamos en que sea la sabiduría de las comunidades y la madurez de los actores políticos que se han puesto al frente de estos procesos de autodefensa lo que permita superar las diferencias y superar el momento histórico que en el país ha dejado más de 120 mil muertos[ii], más de 13 mil desaparecidos[iii] y 1.6 millones de desplazados[iv]. Es en ese contexto en el que corresponde a los comunicadores independientes seguir de cerca un proceso que, además de ser histórico, podría marcar la pauta en el incierto futuro de nuestro país.


**Para conocer más acerca de las concepciones de seguridad comunitaria e impartición de justicia desde el sentir popular en varias zonas de Guerrero es fundamental revisar el siguiente sitio: http://www.policiacomunitaria.org/ Esta es la propuesta de la Policía Comunitaria sin embargo las otras expresiones de seguridad popular se acercan o comparten estas concepciones. De igual forma proponemos consultar los materiales que hemos desarrolldo acerca de estos temas:

https://vimeo.com/56888029

http://www.agenciasubversiones.org/?tag=crac-pc

[i] Plascencia alerta de autodefensa ciudadana. http://eleconomista.com.mx/sociedad/2013/02/07/plascencia-alerta-autodefensa-ciudadana

[ii] “México, espiral de la barbarie”. Editorial íntegro de Le Monde. Revista Proceso 23 de Agosto de 2012

[iii] Más de 13 mil desaparecidos por la guerra en México. Revista Contralínea 20 de mayo de 2012.

[iv] Desplazados 1.6 millones de mexicanos por guerra contra el crimen organizado. Revista Proceso 28 de Noviembre de 2012

La lucha contra la militarización

Por Tomás Holguin

En el sexenio de Felipe Calderón se instauró como política de seguridad publica sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos a patrullar las calles para apoyar a las instancias civiles que combaten la delincuencia. Enrique Peña Nieto (EPN) continuará con la misma política.
Los militares salieron a las calles, patrullaron, instauraron los operativos conjuntos de seguridad en distintos estados de la república; a través de ellos estuvieron a cargo de brindar seguridad a las comunidades comandando las policías locales. Su objetivo es combatir el crimen organizado.

Los resultados a 6 años de instaurada dicha política los tenemos ahora a la mano. En una ciudad que fue icono de dicha política de seguridad pública, Ciudad Juárez, a la llegada del ejército mexicano el crimen se incrementó en un 400%, pero también se modificó en lo cualitativo -el tipo de crimen-, se sucedieron nuevas formas de acribillamiento –multitudinarios-, secuestros, extorsiones, etc. Lo que vimos en esa ciudad, en vez de una política de seguridad pública para la comunidad, fue la instauración de una política de terror para la población local, que se exportó al resto del territorio nacional.

A la fecha, se cuentan por miles los muertos y los desaparecidos a nivel nacional, comunidades que se quedaron sin población varonil, comunidades que desaparecieron –muchos emigraron de sus localidades por el incremento del crimen, a pesar de la presencia militar, o más bien a consecuencia de ella-.

Y lo más curioso, aunque algunos cárteles del crimen organizado fueron atacados discrecionalmente, lo que parece que en general sucedió, fue que el crimen organizado, en vez de combatirse y eliminarse, se reestructuró, y actualmente sigue tan pujante como antes de iniciada la militarización del país como política de seguridad pública.

Con estos hechos a la mano, podemos concluir que dicha política de seguridad pública no es tal. En vez de hacerle la guerra al crimen organizado, le hace la guerra al pueblo trabajador, quien fue el principal afectado de dicha política; a nuestros muertos y desaparecidos ellos le llaman daños colaterales.

La población quedó vulnerada ante el propio crimen organizado, los policías y los militares. En ciudad Juárez nadie se fía de un policía o militar. Por eso, desde que el gobierno federal lanzó dicha política contra el pueblo trabajador mexicano, se inició una lucha contra ella, una lucha contra la militarización, contra la represión.

Desde entonces se han realizado infinidad de mítines, reuniones, marchas, encuentros, foros, etc., por combatir dicha política guerrerista contra el pueblo; así surgieron distintos movimientos a nivel local y nacional, que convergieron en distintos momentos, como lo fueron el Frente Plural Ciudadano en Juárez, la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización en el Distrito Federal, el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad, por mencionar algunos.

La acción más reciente y radical que ha tomado la población para combatir esa vulnerabilidad que trajo la política de militarización, ha sido tomar en sus propias manos, en colectivo y por medio de asambleas populares, el sistema de seguridad y de impartición de justicia de sus comunidades, expulsando de sus territorios a los policías y militares, así como a los delincuentes. Es el ejemplo de comunidades en Michoacán –como Cherán-, y de Guerrero, tan sonadas en las últimas semanas en los medios de comunicación.

El hecho concreto de estas acciones es de suma importancia, por una parte combaten y luchan contra la política de militarización lanzada por el gobierno federal, por otro, combaten el crimen organizado de sus comunidades, pero lo hacen de una manera cualitativamente diferente, desde una perspectiva revolucionaria, a través de asambleas populares, con policías comunitarias (policías pertenecientes de la comunidad, elegidos por la comunidad democráticamente por las asambleas populares, y conocidos por toda la comunidad); no solo se arman para combatir el crimen en sus comunidades, sino que, una vez que apresan a algún delincuente, es a través de una asamblea popular que se decide el tipo de castigo o reparo que tendrá que cumplir el agresor.

Con esto quiero decir, que a través de estas acciones de policías comunitarias, se crea un contrapoder, pues se ha expropiado – en los hechos-, al Estado del monopolio de la fuerza, y se crea un sistema de justicia cualitativamente diferente al burgués, a través de asambleas populares.

Esa es la gran relevancia de la lucha concreta que realiza el pueblo mexicano, en distintas comunidades del país –en una desarrollo desigual y combinado-, en contra del crimen organizado y de la política militarista del gobierno federal -que solo incremente el anterior-, a través de la construcción de alternativas y de un contrapoder popular.