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Documento entregado al Gobernador de Chihuahua Cesar Duarte

Por el Comité de Madres y Familiares con hijas desaparecidas

Lic. Cesar Horacio Duarte Jaquez
Gobernador Constitucional Del Estado.
P R E S E N T E.-

ANTECEDENTES
A. El martes 15 de enero quienes integramos el Comité de madres y familiares con hijas desaparecidas en Ciudad Juárez, iniciamos una larga camita de más de 390 km para poder entregar al señor Gobernador Lic. César Duarte Jaquez una carta donde hacemos nuestro más enégico reclamo ante la lentitud y falta de debida diligencia con la que se actúa en la investigación de los casos de las desapariciones y en la identificación y entrega inmediata de los cuerpos y restos óseos de mujeres y niñas que se encuentran en el SEMEFO de Ciudad Juárez.
B. En la carta que entregamos el día 21 de enero, hicimos las siguientes manifestaciones:
I. La entrega inmediata de los restos óseos humanos que existen en SEMEFO de Cd Juárez, ya que ha tenido el tiempo suficiente para cumplir con su obligación de hacer, pero ha omitido y guardado, sin transparentar de manera clara y precisa la causa que motiva al Estado a retener los restos óseos humanos a sus familiares, causándoles un agravio a éstos y a toda la sociedad.
ll. Dé respuestas y explicaciones claras en presencia de expertos en la materia a las madres que han solicitado la opinión de un segundo dictamen de ADN, que lleve a la certeza de la identificación genética hecha por el Estado de Chihuahua en los restos óseos de sus hijas, sin dilación y ajustado a estándares científicos internacionales, porque el tiempo de espera prolongado lleva implícita la tortura infringida de manera permanente del Estado a las familias.
III. La entrega parcial de restos encontrados en 2011 en Valle de Juárez y que ha evidenciado la problemática pública que vive nuestra entidad desde 1993 y que origina la exigencia de los Dos puntos anteriores plantea que responda a las siguientes cuestiones:
a) Quiénes secuestra y privan de la vida a las jóvenes en nuestro Estado.
b) Quienes son los autores intelectuales y materiales de los feminicidios.
c) Quiénes lucran con el delito de trata de personas de las que son víctimas las jóvenes desaparecidas
d) Quiénes las tiran de forma deliberada en el Valle de Juárez.
e) Quiénes son los funcionarios cómplices por comisión, omisión y aquiescencia de toda esta masacre vivida por las jóvenes en nuestro Estado
IV. A ocho años de creada la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes, que gestiones concretas ha realizado como ejecutivo para promover modificaciones al código penal del Estado
donde se tipifique la desaparición de persona y la denuncia abra la correspondiente averiguación previa, dejando de ser simple reporte de desaparición donde se documenta como queja, donde actualmente personas que están involucradas en la desaparición de jóvenes solo hacen comparecencia sin fincarles responsabilidad jurídica. En referencia a este punto se encuentra la desaparición de Brenda Berenice Castillo García con reporte 03/09 desaparecida el 6 de enero del 2009. Dicha joven fue ubicada por su familia en Los Ángeles, California el 18 de mayo del 2011 compareciendo la testigo del hecho ante ministerio público de la Fiscalía Especializada de Personas Extraviadas o Ausentes entregando la evidencia consistente en el nombre de la televisora, el nombre del programa donde ella participó y por el cual la familia la reconoció sin lugar a dudas. Explique cuál ha sido la acción de su gobierno a casi dos años de proporcionada la evidencia que hoy se tiene la certeza que efectivamente es la joven desaparecida en el centro de Cd. Juárez.
V. Qué resultados les tiene a las familias de cada una de las jóvenes que están en calidad de desaparecidas. Cuáles son las líneas que se tienen para la búsqueda y localización con vida de manera positiva en todas y cada una de ellas dando estos resultados e informes a un grupo interdisciplinario de la sociedad civil, peritos en la materia que junto con las madres tengan acceso al desarrollo de los actos y acciones realizados por la autoridad competente donde se les comuniquen los avances en la localización con vida de las jóvenes.
VI. Dé también una explicación amplia y clara sobre la investigación en torno a las desaparecidas en el Estado y su contribución a este problema que aqueja a todo el país donde existen miles de desaparecidos y desaparecidas.

ELEMENTOS A CONSIDERAR
En otras ocasiones nos hemos reunido con el Gobernador y con servidores públicos de primer nivel; sin embargo los avances son nulos y los compromisos no se cumplen. Por ello, a partir de las consideraciones señaladas en el presente documento y que fueron entregadas el pasado 21 de enero, proponemos los siguientes ejes de trabajo, en los cuales se desprende una serie de actividades, compromisos y resultados puntuales por cada uno:
I. INFORME PÚBLICO DE IDENTIFICACION Y ENTREGA DE RESTOS OSEOS HUMANOS.
1.- Informe público de identificación de los 253 restos óseos humanos de mujeres y niñas que existen en el SEMEFO de Ciudad Juárez, y su correspondiente cotejo con las pruebas de A.D.N. de las madres y familiares que han denunciado la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez y en el estado de Chihuahua y la debida entrega en su caso, en un término de treinta días naturales, para la no repetición del caso reciente de Beatriz Alejandra Hernández Trejo.

2.- Que en un término que no exceda de 60 días naturales, se realice una segunda prueba de A:D:N, en laboratorio distinto al de la fiscalía, para que las Madres que permanecen con duda acerca de la identidad de los restos que recibieron y que era imposible su identificación visual, así como el mismo término para las madres que no han recibido los restos de sus hijas y se encuentran en un procedimiento de identificación que se ha alargado por más de un año, sin tener todavía la certeza de la identificación de la segunda opinión que pidieron.

II. Investigación con la debida diligencia de los casos de mujeres y niñas desaparecidas.

1.- La presentación con vida de nuestras hijas desaparecidas y de las y los desaparecidos en el Estado de Chihuahua,

2.- En un plazo de 10 días, explique cuáles han sido las acciones y el seguimiento dado de su gobierno, a casi dos años de proporcionada la evidencia de la ubicación con vida de BRENDA BERENICE CASTILLO, en los Ángeles California mediante un programa de televisión trasmitido el 18 de mayo de 2011 en esta Ciudad.

3.- En un término de treinta días de resultados de las investigaciones de desaparición y feminicidio a partir del año 2008.

4.- Que el Mandatario Estatal, realice en el término de un mes una Mesa de Discusión Publica que contenga:

a).- La participación de la sociedad civil y funcionarios públicos responsables de la investigación, de los casos de desaparición y femincidio de niñas y mujeres en ciudad Juárez y del Estado.

b).- Una agenda que se determine con el comité de madres y familiares con hijas desaparecidas.

c).- Se establezca la discusión en los siguientes puntos:

c.1).- Quienes secuestran y privan de la libertad y /o la vida a las jóvenes de nuestro Estado.
c.2).- Quienes son loa autores intelectuales y materiales de los feminicidios
c.3).- Quienes lucran con el delito de trata de personas.
c.4).- Que se ha hecho debido a la localización o hallazgos de los múltiples cuerpos y restos óseos en Valle de Juárez.
c5).- Quienes son los funcionarios cómplices por comisión, omisión y aquiescencia de toda esta masacre vivida por las jóvenes en nuestro Estado.

III. Fortalecimiento de los mecanismos para la investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas desaparecidas

1.- Que la iniciativa de reforma al código penal y al código de procedimientos penales que tipifique el delito de desaparición de persona sea presentada al Congreso estatal en el próximo periodo de sesiones y que esta haya sido previamente presentada al Comité de madres y familiares y sus asesores.

2,- Que se fije una agenda con día y hora para que las familias puedan recibir información de su caso y saber con certeza cuales son las líneas de investigación, para la búsqueda y localización con vida de sus hijas y que ellas determinen quienes las acompañan a recibir esta información sin objetarse dicha decisión

3.- Un informe inmediato sobre la vinculación de la desaparición de niñas y mujeres con la trata de personas , que permita conocer las células de trata de persona que existen en el estado, los casos de rescate de jovencitas de esas redes que han efectuado y las investigaciones por trata que se vinculan a los expedientes del Comité de Madres.

Consideramos que el anterior esquema permitirá contar con información pomenorizada que permita medir los avances en cada una de las exigencias que hemos manifestado al Gobierno de Chihuahua.
Es importante señalar, que es fundamental para evaluar los avances en cada una de las actividades que integran los ejes de trabajo, una audiencia mensual con el señor Gobernador.

EJE 1: INFORME PUBLICO DE IDENTIFICACIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS QUE EXISTEN EN EL SEMEFO DE CIUDAD JUÁREZ
ACCIÓN A: ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS RESTOS ÓSEOS HUMANOS DE MUJERES Y NIÑAS QUE EXISTEN EN EL SEMEFO DE CIUDAD JUÁREZ
Responsables: Fiscalía General de Chihuahua, Secretaría de Gobierno y Oficina del Gobernador.

Actividad: Se realizará un estudio pormenorizado de cada uno de los restos óseos o cuerpos que se encuentran en el SEMEFO de Ciudad Juárez, el cual deberá contener la siguiente información: a) Fecha y lugar del hallazgo, b) características en las que fue encontrado el cuerpo o encontrados los restos, c) acciones que se han realizado en cada uno para la identificación de ADN de esos restos o cuerpos, especificando la fecha en la que se realizó cada una de las acciones. Y su cotejo con las muestras de las familias con su correspondiente informe. Tiempo:

Se entregará el estudio en 30 días. Se propone que sea el 2 de marzo.

Resultado esperados: Contar con información pormenorizada que permita conocer la situación que guarda la identificación de cada uno de los restos y cuerpos hallados, lo anterior con el objetivo de coadyuvar en el proceso de identificación. Seguimiento:
Con base en la información proporcionada, se irá actualizando este estudio cada mes.

ACCIÓN B: CONFORMACIÓN DE UN GRUPO DE OBSERVADORES EXTERNOS PARA LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN
Responsables: Fiscalía General de Chihuahua, Secretaría de Gobierno y Oficina del Gobernador. Actividad: Se conformará un grupo externo de observadores para dar seguimiento a los procesos de identificación de cuerpos y restos óseos de mujeres y niñas. El grupo deberá contar con:
a) Representante de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México, b) Representante de ONUMUJERES, c) Representante de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, d) 3 representantes del Comité de madres y familiares de mujeres y niñas desaparecidas, e) una persona especialista que elija el Comité, con base en una lista de personas que propongan ONUMUJERES y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en México.
El Gobierno del Estado determinará quienes podrán participar en el Observartorio, no pudiendo ser un número mayor a 6 personas. Tiempo: El Grupo de Observación se instalará dentro de los próximos 15 días. Esta acción se mantendrá hasta que se hayan agotado las acciones necesarias que permitan la identificación de los cuerpos y restos óseos de mujeres y niñas.
Responsables: Contar con un mecanismo de observancia a los procesos de identificación de los cuerpos y restos óseos de mujeres y niñas con la participación activa de organismos internacionales y especialistas. Lo anterior ayudará a dar certeza a las familias de la labor que se realiza y también permitirá colaborar en los procesos de identificación. Seguimiento: Se propone tener una audiencia mensual, la cual estará presidida por el Gobernador, con el objetivo de evaluar los avances en este tema.

EJE 2: INVESTIGACIÓN CON LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS
CASOS DE MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS
ACCIÓN A: REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS CASOS DE MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS
Responsables: Gobernador y Fiscalía General de Chihuahua.
Actividades:
1. Se realizará una reunión semanal con cada una de las familias y personal de la Fiscalía encargado de la investigación para hacer la revisión de las diligencias realizadas y de las diligencias pendientes.
2. A partir de estas reuniones, se suscribirá una minuta por cada uno de los casos, donde se señale fechas y compromisos por parte de la autoridad para la realización de las diligencias pendientes. Tiempo:
Inicio inmediato/
Permanente
Resultado esperado: Contar con una revisión puntual de cada uno de los casos de niñas y mujeres desaparecidas, mismo que permitirá contar con avances reales y medibles. Asi como con análisis técnicos de los mismos. Seguimiento: En la audiencia mensual con el Gobernador del Estado de Chihuahua se hará la revisión de los avances y cumplimiento o inclumplimiento de los compromisos de cada uno de los casos.

ACCIÓN B: AMPLIACIÓN DE LA ESTANCIA DEL GRUPO DE ESPECIALISTAS INTERNACIONES QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REVISANDO LOS CASOS DE CAMPO ALGODONERO Y VALLE DE JUÁREZ PARA QUE REALICEN INVESTIGACIÓN EN TIEMPO REAL EN LOS CASOS DE MUJERES Y NIÑAS DESPARECIDAS.
Responsables: Gobernador del Estado de Chihuahua. Antecedentes:
1. Actualmente hay un grupo de especialistas internacionales que, en cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero, esta investigando ese caso, además de realizar la revisión de otros casos como los de Valle de Juárez.
2. Este grupo de especialistas realizará esta actividad hasta el 15 de febrero.

Actividades:

1. Ampliación del contrato del grupo de especialistas internacionales para que realicen investigación “en tiempo real” de los casos de desaparecidas.
2. Incluso se debe valorar que el grupo de especialistas sea ampliado para que puedan investigar oportunamente los casos de desapariciones. Tiempo: Inicio inmediato / Permanente
Resultado esperado: Que el grupo de especialistas internacionales que actualmente colabora con la Fiscalía General de Chihuahua desarrolle líneas de investigación en cada uno de los casos de desapariciones y estas puedan ser agotadas en tiempo real, para lograr la localización de las niñas y mujeres desaparecidas. Seguimiento: Los avances podrán ser revisados en las audiencias mensuales que se realicen con el Gobernador.

EJE 3: FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA LA INVESTIGACIÓN DE LOS CASOS DE DESAPARICIÓN DE MUJERES Y NIÑAS DESAPARECIDAS
ACCIÓN A: PRESENTAR UNA INICIATIVA DE REFORMA AL CÓDIGO PENAL, AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y DEMÁS LEGISLACIÓN, QUE PERMITA UNA INVESTIGACIÓN CON LA DEBIDA DILIGENCIA DE LOS CASOS DE DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS EN CIUDAD JUÁREZ.
Responsable: Gobernador y Consejero Jurídico del Estado de Chihuahua. Actividades:
1. .- Que la iniciativa de reforma al código penal y al código de procedimientos penales que tipifique el delito de desaparición de persona sea presentada al Congreso estatal en el próximo periodo de sesiones y que esta haya sido previamente presentada al Comité de madres y familiares y sus asesores.
Lo anterior, permitirá la construcción de una iniciativa útil, efectiva y eficaz que permita una investigación con la debida diligencia de las niñas y mujeres desaparecidas.
3. Esta iniciativa será presentada por el Gobernador al Congreso del Estado de Chihuahua. Tiempo: 1 mes para la presentación de la Iniciativa al Congreso de Chihuahua y/o en el próximo periodo de sesiones.
Resultado esperados: Contar con un marco jurídico adecuado que permita la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas. Este marco jurídico responderá a las deficiencias detectadas por las familias de las víctimas y desde la experiencia concreta de las abogadas que acompañan los casos. Seguimiento: Se integrará una grupo que impulsé al interior del Congreso de Chihuahua la aprobación de la iniciativa.

ACCIÓN B: CAMPAÑA EN LOS TIEMPOS OFICIALES DE TELEVISIÓN PARA LA TRANSMISIÓN DE SPOTS DE LOS ROSTROS DE MUJERES Y NIÑAS DESPARECIDAS, ASÍ COMO A TRAVÉS DE LAS PÁGINA OFICIAL DEL GOBIERNO ESTATAL. ASIMISMO, A TRAVÉS DE SPOTS DE RADIO SE INFORMARÁ SOBRE LOS CASOS DE DESAPARICIONES DE MUJERES Y NIÑAS EN CIUDAD JUÁREZ.
Responsable: Gobernador del Estado de Chihuahua. Actividades:
1. El Comité de madres y familiares de mujeres y niñas desaparecidas entregará spots para televisión y páginas de internet donde se muestres las niñas y mujeres desaparecidas; así como spots para radio donde se informe sobre la situación de las mujeres y niñas desparecidas.
2. Estos spots deberán ser transmitidos en los tiempo oficiales y en horario prime time.
3. El Gobernador coadyuvará en la gestión ante el gobierno federal para que los spots puedan ser transmitidos en el tiempo oficial del Gobierno Federal. Tiempo: 1 mes y medio para el inicio de la campaña.
ACCIÓN C: IMPRESIÓN DE CARTELES Y PEGATINAS A COLORES DE LAS NIÑAS Y MUJERES DESAPARECIDAS EN CIUDAD JUÁREZ.
Responsables: La Secretaría de Gobierno. Actividades:
1. El Comité de madres y familiares de mujeres y niñas desaparecidas entregará a la Secretaría de Gobierno el diseño de los carteles y pegatinas.
2. Los carteles contendrán la información de 10 niñas desaparecidas, y las pegatinas se harán uno por niña o mujer desaparecida.
3. Se solicita la reproducción de 2000 unidades por cada uno de los diseños. Tiempo: 1 mes.
Resultado esperado: Contar con las herramientas de difusión necesarias para la búsqueda y localización de las niñas y mujeres desaparecidas. Seguimiento: Los avances y resultados de la Campaña deberá ser revisada en la audiencia mensual con el Gobernador.

CAMINATA POR LA VIDA Y LA JUSTICIA DE LAS JOVENES EN NUESTRO ESTADO

COMITÉ DE MADRES Y FAMILIARES CON HIJAS DESAPARECIDAS

La nueva ley hace culpables a los docentes de la catástrofe educativa

Por el prof. Heriberto Magariño

 Istmo de Tehuantepec.- A Peña Nieto le urge cumplir sus compromisos con los empresarios que lo llevaron a la presidencia. Apenas diez días después de iniciar su gestión, envió una iniciativa de ley para modificar la educación que, de ser aplicada, significará un duro golpe para la calidad de la enseñanza, su carácter gratuito, y podría dejar en la calle a decenas de miles de docentes.

La ley culpabiliza a los profesores del desastre educativo. Y ni menciona el efecto que tiene la extendida pobreza en el desempeño educativo de millones de mexicanos. Tampoco dice nada sobre el funesto papel de las televisoras y radioemisoras, que son las verdaderas “educadoras” de la mayoría de los mexicanos.

 Es imposible educar adecuadamente a un pueblo hambriento

Es evidente que la educación en México está en una profunda crisis. La catástrofe educativa se manifiesta de muchas maneras, empezando porque millones de educandos desertan de las escuelas en todos sus niveles.

Por otra parte, es poco, pobre y malo lo que los estudiantes aprenden. Las deficiencias educativas de decenas de millones de mexicanos son notorias.

¿A qué se debe esto? ¿Quiénes son los responsables de los males educativos?

El nuevo gobierno federal acaba de informar que en el país hay 13 millones de personas extremadamente pobres, es decir, lo son a tal grado que a diario pasan hambre.

Y hay otros 40 millones de compatriotas que, aunque cuentan con alimentos, carecen de ingresos y recursos para vestirse adecuadamente y habitar una vivienda digna, así como para viajar, comprar libros y periódicos, computadora, etcétera. Esta abrumadora realidad económica y social es ignorada en el proyecto educativo de Peña Nieto, que jamás reconoce que un pueblo que sobrevive precariamente está incapacitado para aprovechar plenamente la experiencia educativa.

 

La ley ignora el papel nefasto de la tv y radio privadas

El difunto Carlos Monsiváis decía que en México la verdadera Secretaría de Educación Pública está en las oficinas de Televisa y TV Azteca. La influencia de la televisión y la radio sobre las mentes de la población es ampliamente reconocida. No está a discusión que estos poderosos medios de comunicación determinan en gran medida la (des) información de la gente, su manera de pensar, de sentir y sus valores. Lamentablemente, su influencia es negativa.

De acuerdo con Manuel Pérez Rocha, un especialista en educación:

 “La televisión y la radio, con su frenética sucesión de estímulos visuales y auditivos, destruyen la capacidad de mantener la atención más allá de unos segundos en un solo tema: ¿cómo lograr que en la escuela los niños aprendan a leer una página?

“La televisión y la radio presentan la extrema violencia como un valor: ¿cómo extrañarnos de la violencia escolar?

“La televisión y la radio presentan la deshonestidad, la traición y la ambición desmedida como comportamientos normales, incluso ejemplares: ¿cómo lograr que la escuela transmita valores morales y cívicos?

“La televisión y la radio propagan la competencia (la competitividad) como actitud sagrada: ¿cómo lograr que en el aula se ejerza la indispensable cooperación que exige la buena educación?

“La televisión y la radio fomentan los fanatismos y difunden las creencias mágicas dándoles crédito: ¿cómo lograr que los niños se interesen por la ciencia?”

No obstante el papel funesto que tiene la tv y la pobreza sobre la educación, según la nueva ley los culpables del desastre son los profesores. Dice así el texto citado:

“… es innegable que el desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes…”

A partir de ello, la ley recién aprobada establece las bases para despedir maestros.

La lucha contra la militarización

Por Tomás Holguin

En el sexenio de Felipe Calderón se instauró como política de seguridad publica sacar a los militares de los cuarteles y ponerlos a patrullar las calles para apoyar a las instancias civiles que combaten la delincuencia. Enrique Peña Nieto (EPN) continuará con la misma política.
Los militares salieron a las calles, patrullaron, instauraron los operativos conjuntos de seguridad en distintos estados de la república; a través de ellos estuvieron a cargo de brindar seguridad a las comunidades comandando las policías locales. Su objetivo es combatir el crimen organizado.

Los resultados a 6 años de instaurada dicha política los tenemos ahora a la mano. En una ciudad que fue icono de dicha política de seguridad pública, Ciudad Juárez, a la llegada del ejército mexicano el crimen se incrementó en un 400%, pero también se modificó en lo cualitativo -el tipo de crimen-, se sucedieron nuevas formas de acribillamiento –multitudinarios-, secuestros, extorsiones, etc. Lo que vimos en esa ciudad, en vez de una política de seguridad pública para la comunidad, fue la instauración de una política de terror para la población local, que se exportó al resto del territorio nacional.

A la fecha, se cuentan por miles los muertos y los desaparecidos a nivel nacional, comunidades que se quedaron sin población varonil, comunidades que desaparecieron –muchos emigraron de sus localidades por el incremento del crimen, a pesar de la presencia militar, o más bien a consecuencia de ella-.

Y lo más curioso, aunque algunos cárteles del crimen organizado fueron atacados discrecionalmente, lo que parece que en general sucedió, fue que el crimen organizado, en vez de combatirse y eliminarse, se reestructuró, y actualmente sigue tan pujante como antes de iniciada la militarización del país como política de seguridad pública.

Con estos hechos a la mano, podemos concluir que dicha política de seguridad pública no es tal. En vez de hacerle la guerra al crimen organizado, le hace la guerra al pueblo trabajador, quien fue el principal afectado de dicha política; a nuestros muertos y desaparecidos ellos le llaman daños colaterales.

La población quedó vulnerada ante el propio crimen organizado, los policías y los militares. En ciudad Juárez nadie se fía de un policía o militar. Por eso, desde que el gobierno federal lanzó dicha política contra el pueblo trabajador mexicano, se inició una lucha contra ella, una lucha contra la militarización, contra la represión.

Desde entonces se han realizado infinidad de mítines, reuniones, marchas, encuentros, foros, etc., por combatir dicha política guerrerista contra el pueblo; así surgieron distintos movimientos a nivel local y nacional, que convergieron en distintos momentos, como lo fueron el Frente Plural Ciudadano en Juárez, la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización en el Distrito Federal, el Movimiento por la Paz y la Justicia con Dignidad, por mencionar algunos.

La acción más reciente y radical que ha tomado la población para combatir esa vulnerabilidad que trajo la política de militarización, ha sido tomar en sus propias manos, en colectivo y por medio de asambleas populares, el sistema de seguridad y de impartición de justicia de sus comunidades, expulsando de sus territorios a los policías y militares, así como a los delincuentes. Es el ejemplo de comunidades en Michoacán –como Cherán-, y de Guerrero, tan sonadas en las últimas semanas en los medios de comunicación.

El hecho concreto de estas acciones es de suma importancia, por una parte combaten y luchan contra la política de militarización lanzada por el gobierno federal, por otro, combaten el crimen organizado de sus comunidades, pero lo hacen de una manera cualitativamente diferente, desde una perspectiva revolucionaria, a través de asambleas populares, con policías comunitarias (policías pertenecientes de la comunidad, elegidos por la comunidad democráticamente por las asambleas populares, y conocidos por toda la comunidad); no solo se arman para combatir el crimen en sus comunidades, sino que, una vez que apresan a algún delincuente, es a través de una asamblea popular que se decide el tipo de castigo o reparo que tendrá que cumplir el agresor.

Con esto quiero decir, que a través de estas acciones de policías comunitarias, se crea un contrapoder, pues se ha expropiado – en los hechos-, al Estado del monopolio de la fuerza, y se crea un sistema de justicia cualitativamente diferente al burgués, a través de asambleas populares.

Esa es la gran relevancia de la lucha concreta que realiza el pueblo mexicano, en distintas comunidades del país –en una desarrollo desigual y combinado-, en contra del crimen organizado y de la política militarista del gobierno federal -que solo incremente el anterior-, a través de la construcción de alternativas y de un contrapoder popular.

Solidaridad con las comunidades opositoras al proyecto eólico en San Dionisio del Mar

MANIFIESTO DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA (POS)

El Partido Obrero socialista responsabiliza al GOBIERNO DE LOS TRES NIVELES de la represión que puedan sufrir los compañeros que se oponen a la invasión de las empresas trasnacionales eólicas que intentan despojar a miles de campesinos y comunidades de sus tierras y por lo tanto sus vidas.
Las grandes empresas transnacionales en su afán de acaparar dinero, territorios y todo lo que sea vendible y signifique un negocio $$$. Fomentan el ecocidio, transgreden derechos humanos, compran conciencias (si es que la tienen),etc. Estas empresas son representadas por unas cuantas familias que ostentan la riqueza del mundo dejando a millones en la pobreza extrema. Esto es gracias a los títeres de gobierno de todos los partidos en turno, juntos emprenden campañas mediáticas y de desinformación al pueblo en general con el fin de aplacar conciencias y evitar levantamientos, como es el caso de las generadoras eólicas.
Las empresas extranjeras encontraron un terreno fértil para sus negocios ya que los lideres corruptos de la COCEI en coordinación con el PRI,PAN y camarillas, les han dado al Istmo en bandeja de plata, lo que no se esperaron es que los istmeños tenemos dignidad y no aceptamos que estos individuos vengan a despojarnos de nuestro territorio.
Un ejemplo es el caso de la empresa Mareña Renovable que hasta la fecha ha venido violentando las garantías individuales de aquellos quienes han luchado por detener la destrucción de sus tierras que son el sustento de sus familias, defendiendo sus terrenos a pesar de amenazas de muerte, persecuciones y denunciando el despojo de sus tierras, la gran afectación natural en donde miles de aves migratorias mueren por los aerogeneradores.
Sin embargo, la respuesta por parte de la autoridades y de la empresa transnacional Mareña ha sido el de intimidar tratando de despojar a los compañeros de sus tierras a costa de lo que sea. Lo ocurrido el 1º. de febrero en Álvaro Obregón no es casualidad, la represión de la policía estatal del gobierno contra los compañeros de la comunidad que se encontraban resguardando el camino que conduce a la barra de Santa Teresa, intentando de igual manera orquestar el asesinato del compañero Rodrigo Peñaloza, las empresas y el gobierno quieren a toda costa destruir la resistencia para poder llevar a cabo sus negocios sin importarles el daño que le causan a las comunidades y eso no lo permitiremos.
Ante tal acción nos sumamos al llamado que han hecho cientos de organizaciones nacionales e internacionales de solidarizarnos con los compañeros en resistencia a las eólicas y nos pronunciamos en defensa de la integridad física y moral de todos los compañeros de Álvaro Obregón y comunidades en resistencia y del compañero Rodrigo Flores Peñaloza que ha sido amenazado de muerte por el gobierno del estado y la empresa Mareña Renovable.
¡Alto al hostigamiento, persecución e intimidación del cual han sido objetos los compañeros de Alvaro Obregon y comunidades en lucha por parte de Mareña Renovable y el gobierno de Gabino Cué!!!

FRATERNALMENTE:
COMPAÑER@S DEL PARTIDO OBRERO SOCIALISTA

Las Policías Comunitarias son el modelo a seguir

Por Juan Reséndiz

De nada sirvieron las decenas de miles de militares y policías que el gobierno de Calderón puso en las calles para combatir al narcotráfico. Fútil fue el impacto del Plan Mérida sobre los delincuentes, pero firmarlo con Washington comprometió la soberanía nacional. Inútiles fueron los 810 mil millones de pesos derrochados con este propósito a lo largo de ese sexenio[i], así como las 120 mil muertes que el diario francés Le Monde calcula había a fines de 2012, en una lucha que caracteriza “como el conflicto más mortífero del planeta durante los último años” (23/VIII/12).

Los grupos del narcotráfico de ninguna manera se vieron mermados, por el contrario, crecieron cuantitativamente y se extendieron a zonas donde su presencia era mínima. Se desarrollaron nuevos “giros” del crimen organizado (secuestro, trata de personas, robo a ductos de Pemex, tala de monte, cobro de derecho de piso, etcétera). Se creó un clima de violencia e inseguridad generalizado en todo el país, pero fue en las comunidades indígenas y campesinas donde más se hizo sentir el peso de su presencia.

En estas comunidades está surgiendo la verdadera solución al problema de la delincuencia. La organización democrática de policías comunitarias y el armamento de la población son la alternativa.

Cada vez más comunidades se arman y autodefienden. En este inicio de año cientos o quizá miles de pobladores en Guerrero y Michoacán tomaron la decisión de combatir al crimen organizado y de brindar protección a sus familias. Ya antes, los pueblos de Santa Fe de la Laguna, Turícuaro, Comachuén, Quinceo  y Sevina en la meseta purépecha, Michoacán, habían mostrado su simpatía con Autodefensa de Cherán.  El fenómeno de las policías comunitarias en Ayutla y Tecoanapa rápidamente se extendió a otras comunidades de  Costa Chica o del norte de Guerrero como Avante, San Marcos, Copala, Cruz Grande, Las Ánimás, Atoyac, Tixtla…

Antes ya habíamos visto este fenómeno en Urapicho, Ostula y Cherán en Michocán y Olinalá, en Guerrero. Aquí, alrededor de 40 comunidades se han armado.

En Guerrero, la Policía Comunitaria (PC) nace en octubre de 1995. Se fundó en la comunidad de Santa Cruz El Rincón, municipio de Malinaltepec, y se integró con grupos de voluntarios pertenecientes a 36 comunidades decididas a frenar los asaltos, violaciones sexuales y abigeato que asolaban la región. Actualmente se ha extendido a más de 80 comunidades en una docena de municipios.

Una característica de suma importancia es que la autodefensa viene surgiendo a partir de una decisión comunitaria: el pueblo se instala en asamblea y decide libremente su conformación, facultades y límites.

Está surgiendo un poder indígena y popular armado

El Estado capitalista siempre trata de contar con el monopolio de las armas y en estas zonas lo ha perdido. El problema para la clase empresarial y sus agentes políticos es que ahora las armas se encuentran en poder de pueblos apaleados por el hambre y la miseria causadas por el capitalismo depredador de las décadas pasadas. En estas condiciones, la posesión de armas se convierte en sumamente explosiva porque hoy sirven para la defensa popular pero mañana podrían ser enderezadas contra la clase propietaria y explotadora.

Tampoco toleran los burgueses y gobernantes que estas comunidades procuren e impartan justicia por sí mismas y que lo hagan mejor que el corrupto poder judicial. Empresarios y funcionarios tiemblan ante la perspectiva de que mañana el pueblo armado también los juzgue a ellos por estar ligados a los narcos o por ser los causantes de la marginación y el desempleo.

De manera incipiente pero efectiva las comunidades de Michoacán y Guerrero le vienen dando forma a un poder alterno al de los capitalistas. Este poder campesino, indígena y popular se suma al que han levantado desde hace ya varios años los indígenas del estado de Chiapas organizados en torno al EZLN. En esta región la guerrilla gobierna en siete regiones a más de 40 mil indígenas.

El gobierno intenta cooptar y mediatizar a las comunidades armadas

Si entre las clases pobres el armamento del pueblo goza de reconocimiento y simpatía, porque ha logrado replegar a los delincuentes, lo opuesto sucede entre la clase empresarial, el gobierno, partidos, e Iglesia. La clase dominante y explotadora teme más a los pueblos en armas que a los peores carteles de delincuentes. Los gobernantes ya están experimentando algunas vías para desarmar a las comunidades. Por lo pronto han desatado una campaña mediática en contra de este fenómeno, sólo que se topan con la simpatía popular hacia el armamento civil.

El gobierno estaría dispuesto a aniquilar militarmente a estas comunidades, pero se enfrenta al problema de cómo justificar el reprimir a pueblos que se defienden de la inseguridad que él se ha mostrado incapaz de resolver.

Los peligros

El gobernador de Guerrero Ángel Aguirre se ha dado la política de corromper y ganarse al movimiento con migajas (uniformes, dinero y camionetas) y tratando de exhibirse como su simpatizante. El chacal de Ayotzinapa dice que las policías comunitarias son tan buenas que tratará de que sean reconocidas en la Constitución.

El senador perredista Sofío Ramírez Hernández  señaló que “es necesario reglamentar las policías comunitarias. Estamos obligados todos los poderes públicos, pero sobre todo quienes somos representantes populares, de dar todo el respaldo al pueblo de Guerrero, para fortalecer las instituciones, el estado de derecho y respaldar al gobernador Ángel Aguirre Rivero, para recuperar la armonía la paz”. (El Sur, Guerrero, 21/I/13).

Así que por ahora el mayor peligro es dejarse seducir por el canto de los tiburones. Ninguna confianza deben tenerse en el PRI, PAN o el gobierno estatal perredista. Todos trabajan en su contra.

Se necesita un congreso de todas las comunidades armadas

Para enfrentarse a este y otros peligros, las policías comunitarias podrían reunirse en una gran asamblea o encuentro en el que democráticamente decidan un programa común, un proyecto único nacional. Los medios de comunicación han ventilado y resaltado  las diferencias que existen entre la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC). Consideramos que todos estos problemas son salvables en el contexto de una discusión fraterna y honesta entre hermanos de clase que luchan por el mismo fin. Es necesario entonces se convoque a una reunión o congreso nacional en donde comunidades y policías comunitarias de distintos estados de la República cuenten con un espacio de deliberación y toma de decisiones que le permitan conducir exitosamente su lucha.

El hambre azota las comunidades

Es cierto que la inseguridad es el motivo principal por el cual distintas comunidades han recurrido al armamento. Aunque la pobreza y las carencias también están detrás de su movilización armada. De acuerdo con Erika Ramírez, reportera e investigadora de la revista Contralínea, si se habla de  zonas afectadas por la miseria, son más de 800 municipios (y no 400 como dice la voz oficial). En pobreza extrema hay 13 millones de personas; y son pobres moderados 52 millones. Sin acceso a una satisfactoria alimentación, hay 28 millones y 81 millones de mexicanos padecen cuando menos una carencia social. “La pobreza en México tiene rostro de indígena”, dice esta autora. De acuerdo con el mapa de la marginación los pueblos indios se encuentran sumidos en la miseria subsahariana. Chiapas, uno de los estados con mayor población indígena del país, ocupa el primer lugar de marginación nacional al registrar 1 millón 581 mil personas en extrema pobreza. En esa lista también se incluyen Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla, las entidades con mayor número de pueblos originarios.


[i] Los saldos del Narco. Aguilar, Rubén y Castañeda, Jorge, México, Santillana, 2012, pág. 32.

 


COMUNICADO URGENTE

Triunfo de la Dignidad Indígena de los Pueblos del Istmo frente a la Violencia y Corrupción suscitadas por Mareña Renovables y Gabino Cué

La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuahutémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM.

 

Istmo de Tehuantepec, 4 de febrero de  2013, 9am – La más reciente ofensiva de Mareña Renovables para invadir ilegalmente la Barra de Santa Teresa, iniciada el 31 de enero de 2013, ha fracasado rotundamente. Esta ofensiva fue motivada por el ultimátum dado al Gobierno de Oaxaca en esa fecha por Jonathan Davis, Presidente del Consejo de Administración de Mareña Renovables. Demostrando su corrupción y servilismo, Gabino Cué respondió al mandado de Mr. Davis ordenando a la Policía Estatal, Ministerial y Bancaria reprimir y violentar a las comunidades indígenas y pescadoras del Istmo con el fin de abrir paso a la invasión de sus tierras, violando así la orden judicial de suspensión de las obras en la Barra de Santa Teresa dictada por el Juzgado Federal Séptimo de Salina Cruz. Los y las Binnizá e Ikojts de varias comunidades han resistido los embates diarios de la policía desde esa fecha, sufriendo contusiones y arrestos al defender su territorio y cultura con sus propias vidas. Al igual que en anteriores ofensivas de Mareña, las comunidades del Istmo han demostrado su integridad y dignidad, dejando claro que Gabino Cué tendrá que derramar mucha sangre indígena para que Mareña acceda a la Barra de Santa Teresa.

La estrategia de violencia y corrupción empleada por Mareña y Cué, además de la fuerza pública, también hizo uso de sicarios para intimidar e intentar corromper a portavoces del movimiento de resistencia. Mr. Davis, en su ultimátum del 31 de enero, afirmó que el rechazo de los pueblos a su megaproyecto estaba motivado por “20 individuos perfectamente identificados” (pese a que son millares de personas quienes participan activamente en la resistencia), de quienes dijo que actúan al margen de la ley (pese a ser Mareña quien está intentando violar una orden judicial), y exigió al gobierno que tome medidas contra ellos. Desde entonces, los asesinos a sueldo intensificaron sus amenazas a estas personas, dándoles a elegir entre ser asesinados o recibir grandes sumas de dinero por traicionar la lucha. Mareña y Cué no consiguen comprender que la dignidad indígena no se vende. Tampoco entienden que la resistencia es liderada democráticamente por los pueblos a través de sus asambleas, y que asesinando a los rostros más visibles únicamente conseguirán que aumente la resistencia.

Las personas contra quienes se ha dirigido esta campaña terrorista han sido señalados en diversas ocasiones por los diputados Francisco García López, Samuel Gurrión y Elías Cortés, por la dirigente estatal de la CANACINTRA Adela Santos Ángeles, el titular de la Secretaría General de Gobierno Jesús Martínez Álvarez, el procurador de Justicia del Estado de Oaxaca Manuel de Jesús López López, el Secretario de Seguridad Pública del Estado Marco Tulio López Escamilla y por el mismo gobernador Gabino Cué, así como por representantes de Mareña Renovables como Edith Ávila y Jonathan Davis.

Todos los compañeros y compañeras que han sido señaladas han sufrido hostigamiento, amenazas y difamación desde hace meses. Algunos, como Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, han tenido que alejarse de la región pues los asesinos a sueldo se han apersonado en su casa, pero siguen activamente en la resistencia.  Mareña y el Gobierno Estatal trataron de forma directa de comprar la integridad de distintas personas del movimiento, como hicieron con el pescador Jesús Gutiérrez.

Por iniciativa de Carlos Gómez Orozco, operador del diputado priísta Samuel Gurrión, un policía estatal llegó a las 4 de la mañana a casa del compañero para llevárselo a Oaxaca, diciendo que le esperaba el Secretario de Gobierno. Sin embargo, lo llevaron en presencia de Edith Ávila, de Mareña Renovables, quien le ofreció cualquier cantidad de dinero a cambio de convencer a otros pescadores para dejarlos entrar en la Barra de Santa Teresa, y de propagar en la comunidad rumores falsos de que Rodrigo Flores y Bettina Cruz habían recibido 8 millones de pesos por abandonar el movimiento.

Posteriormente, desde la Secretaría General de Gobierno se citó a una plática, sin especificar con quién ni sobre qué, al abogado Daniel González Alonso, quien representa a San Dionisio del Mar en la demanda de amparo a través de la cual se obtuvo la orden de suspensión judicial. Al llegar le presentaron a Andrew Chapman, Director de Macquarie Capital Funds, y a otros representantes de Mareña Renovables, quienes intentaron influir su comportamiento, frente a lo cual el compañero Daniel les dejó claro que no iba a venderse a ningún precio.

En el marco de los enfrentamientos de los últimos días, la policía estatal rodeó la casa de los compañeros pescadores de Álvaro Obregón a quienes identifican como “líderes”, diciendo que llevaban ordenes de aprehensión contra ellos. Sin embargo no pudieron ejecutar la aprehensión pues inmediatamente el resto de los pobladores de la comunidad acudieron a protegerlos y la policía tuvo que retirarse. También detuvieron y golpearon a dos pescadores cuando regresaban de trabajar, y contusionaron a varias mujeres y hombres que participan en la defensa del territorio.

Condenamos estas acciones que representan un atropello a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Gobierno Estatal de Oaxaca, el cual llegó al poder con el voto de estos pueblos y ahora se vuelve en su contra para beneficio de los despojadores. Gabino Cué se ha convertido en un operador más de las empresas que buscan comercializar los recursos naturales de los pueblos de nuestro país.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado y a Mareña Renovables del atentado contra la integridad física de quienes participamos en esta lucha. Agradecemos a todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional la solidaridad que han mostrado y siguen mostrando a través de acciones urgentes dirigidas a organismos internacionales y a diversas instancias del gobierno estatal y federal, y les pedimos que continúen atentos a la situación de violencia que estamos viviendo por defender nuestro territorio y forma de vida.

La fortaleza e integridad demostrada por las comunidades del Istmo en estos días han demostrado que Mareña y Cué no tienen ninguna posibilidad de invadir la Barra de Santa Teresa. Las comunidades continuamos en alerta máxima, seguiremos defendiendo nuestra Barra de Santa Teresa de los invasores. Si continúan escalando la violencia, únicamente lograrán reforzar la resistencia y provocar un serio problema de orden público. Esperamos que las multinacionales involucradas en Mareña Renovables desistan de este comportamiento criminal para no ver su imagen pública asociada a un cruel e innecesario derramamiento de sangre indígena. Confiamos en que pronto llegará el anuncio de abandono definitivo por parte de Mareña Renovables. Ese día, celebraremos una nueva victoria de la dignidad indígena del Istmo de Tehuantepec.

NI UN PASO ATRÁS

POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO

ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

 

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

 

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